Cuando el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el paquete de iniciativas de cambios constitucionales, todas traían consigo cambios profundos y la relativa a vivienda no fue la excepción.
Tras el aparentemente simple “Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XII del apartado A, del segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de un Sistema de Vivienda para las personas trabajadoras”, se esconden una serie de implicaciones que modifican por completo el paradigma en cuanto a la producción de vivienda social con el que se ha venido construyendo ésta en las últimas dos décadas, sin embargo, las nuevas facultades que tras la aplicación de este decreto Infonavit tendrá no dejan de recordar tintes que se pueden reconocer a lo largo de las políticas que el gobierno ha ejercido en torno al tema habitacional desde 1917, cuando constitucionalmente se estableció la obligación de que toda empresa ya sea agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase, debería dotar de vivienda a los trabajadores.
Tras estimar un déficit cuantitativo de poco más de ocho millones de viviendas, 23% del inventario total de viviendas particulares habitadas (INEGI), la primera facultad que se le otorga a Infonavit es la de construir vivienda con la finalidad -así se afirma- de fortalecer la oferta de vivienda y, con ello, reactivar la economía a través de la generación de empleos en aras del bienestar de la población mexicana. Para ello, también se escribe en el decreto, habrá de participar con actores públicos, privados y sociales para imponer orden en la transformación de espacios de desarrollo de vivienda adecuada lo cual significa, en otras palabras, que incidirá en los planes de desarrollo urbano y territorial. Declara también que se abocará a recuperar vivienda y reinsertar reserva territorial además de facilitar opciones de vivienda cercanas a su lugar de trabajo.
Más aquí no acaban los cambios anunciados: esta nueva política nace también, según lo declara, para responder al reclamo de personas trabajadoras que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos o con opciones formales de arrendamiento, por lo que para asegurar el ejercicio de su derecho la segunda facultad que se da a Infonavit es la de construir vivienda para ser arrendada a precios accesibles, lo cual implica que las viviendas que se construyan constituirán un gran parque de vivienda pública, patrimonio del gobierno, que será administrada por el propio instituto.
Todo esto trae consigo varios puntos a considerar y, cuando lo hacemos a manera de retrospectiva, la historia siempre nos da elementos para plantear posibles escenarios, sin olvidar en ningún momento que los tiempos y circunstancias son diferentes. Con ello me refiero que en el pasado el gobierno ya ha administrado reservas de suelo y que también ha construido vivienda social; aquí en Ciudad Juárez Infonavit San Lorenzo e Infonavit Casas Grandes son algunos ejemplos de ello. También el gobierno ha construido vivienda de tipo social en renta: los multifamiliares Ciudad Jardín Presidente Alemán ubicados en la Av. Insurgentes son muestra de ello y, por cierto ,están en un estado tan deplorable hasta el punto de ser considerados inhabitables. Se dice que estos departamentos, en su origen facilitados en renta a burócratas, fueron considerados de muy alto nivel porque a pesar de ser de tipo social sus dimensiones eran suficientes para alojar con comodidad familias de seis u ocho miembros, además de una arquitectura de vanguardia y acabados de calidad.
Habremos de estar atentos a todo aquello que se originará a partir del nuevo rol del Infonavit; si bien para los próximos seis años se tiene una meta ambiciosa, construir un millón de viviendas nuevas para personas vulnerables, tal cantidad solo cubre una pequeña parte del déficit reconocido y, en este sentido, es importante dejar claro que el decreto autoriza a Infonavit a tomar todo tipo de acciones para reducir tal déficit.
Las terribles consecuencias que las políticas de vivienda tuvieron en las ciudades y principalmente sobre millones de personas en el país dieron lugar a los cambios estructurales que ahora se anuncian. Infonavit ha declarado la creación de una gran constructora; por otro lado, la parte administrativa cambiará radicalmente al dejar de ser un ente meramente financiero dedicado únicamente a disponer de los recursos de los trabajadores. Por algo las empresas desarrolladoras de vivienda han manifestado su preocupación: pastel se está dividiendo de manera desconocida y quien lo reparte, por el momento, los está desconociendo.
