-Sospechas de narco en alcaldía de Guadalupe

-No es Operación Mochila, pero sigue vigente

-Par de obsesivos amenazan unidad del PAN

-Marco con los tricolores hoy en Juárez

Las autoridades civiles y militares han puesto su mirada en la Presidencia Municipal de Guadalupe. Aquí en la alcaldía vecina de Juárez.

No es para menos. Recientemente, ocurrieron dos cambios en el gabinete que encabeza Lorenzo Tarango Venegas, emanado del Partido Pueblo.

Circulan versiones que detrás de los movimientos se encuentra Carlos “N”, alias “El Charly”, el jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa en esa zona fronteriza.

Las bajas son: el profesor Armando Acosta, quien coordinaba las direcciones generales.

Él fue el estratega político del comerciante postulado por el incipiente partido político y quien prácticamente lo llevó al triunfo.

Solo duró en el cargo 10 días, pues fue amenazado para que abandonara el puesto y el pueblo.

¿Qué encontró? Solo él y el alcalde lo saben. Ya no se le ha visto por el pueblo, dicen los vecinos.

Otro movimiento reciente fue en la Dirección de Protección Civil. El titular, Adrián Villarreal, licenciado en enfermería, fue despedido pese al trabajo que estuvo realizando para sacar adelante un departamento que permaneció en el olvido la pasada administración.

Este movimiento generó malestar entre los empleados municipales al trascender desde este jueves que al frente quedaría una mujer que labora en esa dirección como paramédica.

Y aquí no se trata de cuestión de género, ni de competencias o capacidad, aseguraron. Se trata del riesgo que implica para la Administración Municipal su nombramiento, pues es la esposa de un probable sicario, identificado como “El Durango” y quien huyó de Guadalupe luego del atentado que sufrió en Porfirio Parra, conocido como Caseta.

La relación cercana entre la mujer y “El Charly” es de todos conocida, por lo que este viernes tres empleados municipales prefirieron renunciar que quedarse en una dependencia tan sensible, pues es la que tiene el primer contacto con el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Policía de Juárez.

Muy delicado lo que ocurre en ese municipio casi pegado a esta ciudad.

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En puntual seguimiento al caso del joven de 16 años estudiante del Colegio de Bachilleres, quien terminó consignado a la Fiscalía General de la República (FGR) por la portación de una escuadra, de la Policía Municipal nos reportan que la corporación sí mantiene una operación similar, pero sin el nombre de mochila.

Habíamos asentado que debían valorarse estas intervenciones importantes que protegen la integridad de alumnos y maestros en los planteles escolares, pero que las normas en materia de derechos humanos las habían desalentado.

De la corporación al mando de César Omar Muñoz precisan que ha seguido la operación, solo que ha cambiado un poco la dinámica, en atención a las directrices fijadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En primer lugar, cambió el nombre de Operación Mochila por Intervenciones para la Prevención y Protección de la Comunidad Escolar, lo que pareciera algo cosmético o mero eufemismo, pero representa una parte vital del protocolo para garantizar el respeto a los derechos humanos de los estudiantes.

Además, ahora para poder intervenir una escuela que solicite el apoyo de la corporación a través de Prevención Social y el Grupo K9, es necesaria la anuencia de los alumnos; deben ser consultados para que aprueben la medida, igual que sus padres, quienes deben aceptar por escrito el operativo.

De la misma manera, deben aprobarlo los maestros y directivos de cada plantel, y todas las partes deben dar su consentimiento, de lo contrario no se realiza, de ahí que implica un trabajo de concientización y convencimiento de toda una comunidad escolar.

La intervención implica, además, la participación a modo de acompañamiento de un representante de Derechos Humanos.

Una vez que se va a hacer la intervención, la mochilas deben estar cerradas y en caso de que el canino detecte algo, el procedimiento es llevar la mochila y al alumnos a dirección y contactar a sus padres. Ellos decidirán si abren la mochila ahí o se lo llevan y la revisan en su casa.

Esos límites son los que han impuesto las normas en materia de derechos humanos. Difíciles de cumplir para el trabajo preventivo, pero necesarias para garantizar un estado de derecho que proteja a las personas de cualquier arbitrariedad.

Así, este mes la SSPM ha realizado dos intervenciones: una en la prepa de la Universidad Regional del Norte y otra más en la Cultural, ambas reportadas sin novedad. Y así seguirán por semanas y meses.

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Hace unos meses, en medio de un soterrado escándalo de acoso en el Congreso del Estado, salió por la puerta trasera el panista Everardo Rojas, quien fungía hasta junio pasado como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.

Semanas después quedaron al descubierto algunos detalles de las quejas presentadas en su contra, por parte de dos mujeres empleadas del Legislativo, una de ellas ligada al dirigente estatal del PAN, Gabriel “Gabo” Díaz.

De ahí que Rojas Soriano -para entonces descobijado porque el hoy senador, Mario Vázquez Robles, tenía meses de haber perdido la coordinación de la bancada azul en el Congreso- firmó su renuncia en medio de airados reclamos no nada más del líder panista estatal, sino de grupos de mujeres que reprobaron su actuación en la pasada legislatura.

Pues bien, ahora resulta que Vázquez Robles lo acogió de nuevo en el Senado de la República, consiguiéndole un puesto para el que supuestamente Rojas es experto, lo que le valió bastantes reclamos, ya que no es ajeno a la trayectoria y comportamiento del exfuncionario del Congreso.

El líder saliente del PAN y el senador, también exdirigente del partido, son concebidos como algo obsesivos con ese y otros temas, lo que representa una amenaza de ruptura del albiazul. Como si el horno estuviera para panes.

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La pequeña pero aceitada maquinaria del exdirigente estatal del PRI y exdiputado, Omar Bazán Flores, está lista para recibir aquí en Juárez al alcalde panista de la capital, Marco Bonilla. Será una “reunión de amigos”.

Como lo anticipamos durante la semana, el presidente municipal de Chihuahua, viene a invadir los terrenos del morenista Cruz Pérez Cuéllar, para ir haciendo cimientos y bases por lo que viene para la contienda del 2027.

De eso se trata el encuentro de este día del panista con esa estructura de una facción del tricolor, que aunque está peleada con otras corrientes priistas, no deja de tener su peso aquí en Juárez con la Asociación de Ayuda y Apoyo Popular A.C.

El grupito, si bien no es de esas grandes masas que movía el PRI en sus buenos años, tiene su buena cantidad de activos que operan tanto en el partido como a nivel de terracería, en las calles y seccionales, por lo que es nada despreciable su apoyo y suma a un proyecto político.

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Hubo representación de los sectores empresarial y público en la instalación de la Comisión de Economía Industria y Comercio del Congreso del Estado, en la cual quedaron muy claras algunas posiciones, entre ellas rescatar el anhelo de un Centro de Convenciones en esta frontera.

Asistieron Ulises Fernández, secretario de Innovación y Comercio; René Espinoza, de Índex; Antonio Valadés, de Coder Chihuahua; Oliver Torres de Desarrollo Económico; Sergio Grajeda, del CIDE; Claudia Portillo de Cocentro; Blanca Cazares, de Clúster Minero; Armando Gutiérrez de Canacintra; Omar Armendáriz, de Canaco, entre otros.

Además, plantearon los representantes de sectores productivos que es muy necesario que continúe la dinámica de acercamiento durante los tres años que dure la legislatura, debido a la importancia de incorporar a las organizaciones del sector privado en las acciones de regulación.

Urgieron, en voz de Canaco Juárez, aumentar la proveeduría, fortalecer a las Cámaras e impulsar la edificación de una vez por todas del centro de convenciones en esta ciudad.

Asimismo, pidieron poner los pies en la tierra acerca del nearshoring, del cual se habla mucho, pero la entidad carece de competitividad.

Para ello es indispensable trabajar en modificación de leyes estatales, no pelear con los Estados Unidos, implementar una auténtica mejora regulatoria, con buena implementación sin que mandos medios estropeen las buenas voluntades.

Insistieron entonces en que los asuntos no se vean aislados en comisiones, sino a través de reuniones conjuntas, para atacar los problemas de manera integral.

Los empresarios fueron invitados a colaborar con propuestas para integrar la agenda de la Comisión, que preside Carlos Olson y tiene a la diputada inmobiliaria Brenda Ríos como secretaria.

Faltaron a la instalación de la Comisión los diputados María Antonieta Pérez y José Luis Villalobos; mandaron un escrito tratando de justificar su inasistencia. Fin de semana pues.