-Y todavía hay quien defiende a García Luna

-La esculcada necesaria en cajones del Bienestar

-Alejandro Pérez entre los pocos escogidos

-Posible nuevo análisis de operación mochila

Pese a la histórica sentencia de 38 años de prisión contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), todavía hay quienes lo defienden en México, con el argumento de que jamás fue presentada evidencia contundente.

Tras la resolución del juez Bryan Cogan, de Nueva York, algunas voces salieron a decir que nunca fueron presentadas pruebas de cargo, como si los testimonios, aunque sean de criminales confesos, no tuvieran valor.

Y como si no existieran los millones de dólares en sus cuentas y propiedades en México y Estados Unidos; o los 10 mil homicidios ocurridos en Juárez por la confrontación de su protegido el Cártel de Sinaloa contra el Cártel de Juárez.

Imposible no ver que el exfuncionario transitó en áreas clave de la seguridad del país desde la llegada de Vicente Fox al poder, desde la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hasta la súper secretaría que creó Calderón para comenzar la patraña de la guerra contra el narco, germen de violencia que hasta la fecha es padecida en el país.

Desde esa posición, García Luna ejercía un poder que incluso parecía superior al del presidente Calderón, según lo relató en su libro “Los años de luchas”, el expresidente francés, Nicolás Sarkozy, al reseñar una visita a México, en medio de la crisis que desató el montaje televisado de la captura de una supuesta secuestradora francesa, quien terminó siendo liberada.

Con ese poder, acumuló una fortuna que con el salario del servicio público, por más alto que fuera, no habría alcanzado.

¿Qué otras pruebas hacen falta? Si bien García Luna no es el único exfuncionario mexicano involucrado hasta el tuétano con criminales, sí es el primer sentenciado de ese nivel en Estados Unidos. No es gratuito. Ni su costosa defensa jurídica pudo contra eso, menos opinadores mexicanos que quieran defenderlo.

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Ya va para los 15 días de haber sido designada la exlíder priista Mayra Chávez, como cabeza de la delegación del Bienestar y operadora de todos los programas sociales implementados desde el anterior sexenio.

Le tocará administrar algo así como 14 mil millones de pesos anuales, solo en recursos distribuidos a los cerca de 905 mil beneficiarios de 42 programas de ayuda social; son nada menos que unos dos mil 300 millones de pesos bimensuales.

El dato lo sacamos de la página web del gobierno de México, donde está la información actualizada al mes de junio del presente año, por entidad federativa, pero no especifica si los programas son bimensuales o anuales; por eso al hacer la suma lo presentamos como estimado.

En el desglose por municipios, sale esta ciudad ganando, con una distribución de 676 millones de pesos, que insistimos, no sabemos si son bimensuales o semestrales; falta claridad en la información.

Como sea es mucho dinero y miles los beneficiarios; aquí son 192 mil, en la capital Chihuahua 150 mil. Aquí debería haber el doble de beneficiarios que, en la ciudad de Chihuahua, solo por la cuestión poblacional.

Muchos de estos programas implicaron entregar dinero en efectivo durante bastante tiempo, hasta que se implementaron los bancos del Bienestar y las tarjetas.

Imaginemos esa distribución en maletines y sobres por las comunidades rurales o en la periferia de las colonias de esta ciudad o cualquier otra de la entidad.

No estaría de más que empezara Mayra por echar una esculcada en los cajones de sus antecesores, inclusive ordenando una auditoría; al final de cuentas, el que nada debe, nada teme, porque las leyendas urbanas continúan.

Por ejemplo, que hubo al menos una mensualidad que se hizo perdediza, que son cientos si no es que miles las credenciales que quedan inservibles o fueron clonadas, y los dineros perdidos.

Le ayudaría a ella misma inclusive para tener claridad de lo que está recibiendo, fuera de las carpetas de entrega recepción que a veces están hechas para esconder la basura debajo de los tapetes.

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Es una posición relevante la que Alejandro Pérez Cuéllar logró con el nombramiento como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

En la competencia entraron legisladores de otras entidades fronterizas, como Nuevo León, Baja California o Tamaulipas, por lo que no fue nada sencillo obtener la designación enviada desde la Junta de Coordinación Política y votada por el pleno de la Cámara de Diputados.

El mérito no es haber logrado esos cientos de votos en el pleno, sino la palomeada en círculo cerrado de Morena, con rebote necesario en Palacio Nacional.

Ayer recibió en San Lázaro a su hermano, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien movió sus relaciones, que no son pocas en el centro del país, para apuntalar en la Comisión a quien ha sido uno de sus principales operadores en tierra, con independencia del parentesco.

Fueron tocados en la reunión temas de corto, mediano y largo plazo, para cerrar pinza en la gestión de recursos y acciones concretas para Juárez, cuando ya viene la conformación del presupuesto.

Es cierto que hay una Comisión de Asuntos Migratorios; sin embargo, es la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, quien tiene que ver precisamente con todo lo que ocurre en los más de tres mil kilómetros que tiene el país de frontera con los Estados Unidos, por lo cual es de gran relevancia que la encabece un juarense.

Pocos fueron los chihuahuenses colados a presidencias de Comisión; solo vimos en la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal a la panista Carmen Rocío González Alonso y a la priista, Graciela Ortiz, en Gobernación y Población.

Además de visitar a Alejandro, anduvo el alcalde Cruz Pérez Cuéllar con Ricardo Monreal, en búsqueda de echar mano de todos los aliados, particularmente los más allegados, con el tema de gestión y atracción de recursos para la frontera.

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Por los tiempos en que vivimos, es más que alarmante el caso de un muchacho de apenas 16 años armado con una pistola de grueso calibre, estudiante de uno de los colegios de Bachilleres.

Su presencia en las afueras de la institución causó pánico cuando sacó el arma tal vez para presumirla o para atemorizar a sus compañeros.

El delito de portación ilegal de arma de fuego incluso fue más allá, pues no fue consignado al Ministerio Público del fuero común, sino a la misma Fiscalía General de la República (FGR). Portaba una escuadra calibre .45.

Apenas el miércoles, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, hablaba de trasladar a nivel estatal un programa de Prevención y Violencia aplicado en Juárez.

Según el secretario, los resultados del proyecto que se ha aplicado en la frontera en los últimos 15 años ha dado buenos resultados.

Seguramente, el discurso no se quedará solo en “sensibilizar” a los alumnos de nivel básico, de secundaria y media superior, sino en implementar medidas realmente serias para evitar se presenten nuevos casos como ese.

Hace algún tiempo, por motivos relacionados con derechos humanos, fue eliminada la estrategia de revisar las mochilas de los estudiantes.

Quizá sea pertinente traer de nuevo el análisis al respecto. Sin duda los más agradecidos y tranquilos serían los padres de familia.