-“El Menón”, Matías, la desbordada mafia rutera

-“Grillan” a Hernán de Monserrat

-Hasta en diablito llevaron amparos a tribunales

-Eleva Pérez Cuéllar expectativas

El domingo hubo un incidente vial de esos que parecieran menores, pero cuya frecuencia tiene que ver con la mafia de camioneros y ruteros del transporte público negados con todo su negro corazón a la modernización y al respeto por las leyes. No han entendido ni a coscorrones de las nuevas reglas contenidas en la reciente Ley de Transporte.

Ayer hablamos de un caso relacionado con el mal comportamiento de un concesionario de la Troncal 2, Ever Morales. Hay pendiente también un atropello con muerto.

El pasado lunes estuvo involucrado en un enésimo incidente otro permisionario de transporte maquilador huésped de esta columna, Humberto “El Menón” Domínguez, propietario de un camión con número pirata, pero con engomado de la UNTRAC, de Matías Prieto. Es un cuadro redondo de ilegalidad.

El conductor de ese camión rentado a la maquila NIDEC armó un soberano relajo en el paradero del Juárez Bus ubicado en Sendero, entre Villarreal y Gómez Morín. Se metió a la estación, quebró varios cristales, provocó daños por cerca de 150 mil pesos. Horas después fue ubicado y detenido.

Luego la Subsecretaría de Transporte y las autoridades de Vialidad lograron establecer que el dueño es “El Menón” Domínguez, que no portaba seguro, ni placas, ni permiso, y es de modelo “ilegal”, 2006, (ya no debía andar circulando) pero está “amparado” con engomado de Matías. ¿Cómo las empresas maquiladoras insisten en rentar ese tipo de vehículos ilegales?

“El Menón” es aquel que le dio una trompada y casi mandó al piso a otro integrante de la mafia camionera local, Raúl Rodríguez, (repetimos hoy el video) en el patio central de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, en julio del 2022, cuando ejercían presión para que no fuera aprobada precisamente la Ley de Transporte.

No impidieron que la ley entrara en vigor, pero sí los permisos aplazados y aplazados para seguir operando ese tipo de yonques sin placas, sin seguros y que por tales razones sus choferes huyen de las escenas de accidentes.

Debe haber más que solo enojos pasajeros de la Secretaría General de Gobierno, como fue este caso, para poner orden en ese desorden que es el chatarrerío rodante.

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Al respecto de algunos datos publicados el martes en este espacio sobre la reestructuración jefatural en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un lector de El Diario identificado como Ramón Castillo, envió el siguiente ilustrativo texto:

“Revisando La Columna, la leo todos los días, hoy puse atención en lo referente a la UACJ y sus nuevos directivos o equipo del nuevo rector; y por supuesto, brotó mi suspicacia, porque no cambiaron al petardo quemado de Hernán de Monserrat, de la Contaduría”.

“¿No será que el rector saliente lo impuso para que no pase ninguna auditoría?; aparte que Hernán tiene fama de prepotente y muy mal jefe en el Departamento de la Contaduría. Ejerce un hostigamiento laboral. El rector anterior nunca hizo nada, y eso que el personal muchas veces se lo comunicó”.

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El diputado local priista, Luis Fernando Chacón, movió cielo, mar y tierra junto a una operadora suya en Fiscalía General del Estado para colocar una de sus piezas en la influyente Coordinación de Desarrollo Municipal del Gobierno estatal, pero terminó ganándola un panista de cepa.

Los blanquiazules celebraron por todo lo alto que la posición haya sido otorgada a Jorge Armando Puentes García y que el nombramiento lo haya otorgado personalmente la gobernadora, Maru Campos.

Todavía el martes presionaba por todos lados el diputado tricolor para meter en ese espacio a “El Toca”, Iván Ortega, quien anduvo un tiempo en la Universidad Tecnológica del noroeste, acá por Nuevo Casas Grandes, y manejaba algunos “asuntos” del Repuve en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Puentes es una pieza confiable para el panismo, sobre todo ahora que no puede ser desperdiciable ninguna posición de cara a los retos de vida o muerte política que presenta el 2027.

El PRI está ahora conformado por diminutas facciones de intereses individuales, no institucionales, al PAN todavía le queda marca rescatable con gentes como Puentes García.

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Seguramente, tuvo que comprar papel por kilos el abogado juarense especializado en litigio estratégico, Maclovio Murillo, para presentar las demandas de amparo de 56 jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en contra de la polémica reforma judicial nacional.

El también exjuez, exconsejero jurídico estatal y exsecretario municipal de Juárez, anduvo tocando puertas de los juzgados federales desde la tarde del pasado martes tanto en Chihuahua como en la frontera. Hasta diablitos cargados debió llevar con toda la papelería.

Con aquello del paro judicial federal, cerrado a todo proceso no urgente, apenas logró que en la capital le tomaran como tales las demandas de más de una veintena de juzgadores en la capital; esas fueron recibidas casi a las 11 de la noche.

Luego, ayer a primera hora de la mañana le fueron recibidos otros tantos reclamos en los juzgados federales de Juárez.

Queda esperar las 48 horas de ley para que las demandas sean acordadas, es decir, admitidas o desechadas, pero por los planteamientos y el clima actual, muy seguramente tendrán pase inmediato para su estudio.

Esta ola de amparos -que no se ha visto en otros estados del país, no en este volumen- están sustentados en las posibles violaciones a los tratados internacionales cometidas con la reforma judicial, que de un plumazo remueve a miles de juzgadores y convoca a elegir nuevos mediante el voto popular.

En términos jurídicos, el reclamo está basado en la violación al principio de pacta sunt servanda; en latín significa que los pactos están para ser cumplidos, y México incurriría en la desatención al mismo, al ignorar la Convención de Viena y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, signadas por el país y, por lo tanto, al mismo nivel que la Constitución.

Será interesante ver el experimento de los juzgadores estatales de atacar por esta vía la reforma judicial que no piensan digerir ni aceptar, en ejercicio de su sagrado derecho de pataleo, que casi, casi también es constitucional.

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Muy altas tiene las expectativas el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, en la propuesta de obra pública sin precedentes con las que podría terminar sus dos trienios al hilo.

Son al menos una quincena de grandes proyectos que comprenden la ampliación importante de libramientos y avenidas, construcciones de puentes y gazas, y la edificación de estadios y parques, los que realizará su administración con apoyo del Gobierno federal, a los que apuesta para posicionarse como aspirante a la gubernatura.

No se había visto desde hace al menos nueve años una cantidad de proyectos de tal magnitud, desde el difunto Héctor “Teto” Murguía, al que se le atribuyen el Camino Real y la monumental X de Sebastián.

Las obras insignia de ediles pasados, como Enrique Serrano, fueron la remodelación del Centro Histórico y proyectos de alumbrado público contratados con Intelliswitch; a su sucesor Armando Cabada, dos veces presidente municipal por la vía independiente, le enmarcan obras de pavimentación y el llamado Juárez Iluminado.

El morenista Pérez Cuéllar proyecta ejecutarlos con recurso 100 por ciento municipal.

También destacan proyectos en el suroriente como la edificación de un distribuidor vial, el Parque Suroriente y el Estadio 8 de Diciembre; en puerta, tres gazas: una en Riberas del Bravo, otra en la zona de Valle del Sol y una más en las calles Oro y Norzagaray.

También la unidad Suroriente, la ampliación de la avenida De Las Torres, y la conexión del Juan Pablo II con Tornillo, igual que el Libramiento Independencia.

Además de que presume la conexión de la avenida 16 de Septiembre con el puente de Santa Teresa, entre otros.