-Hace mucho tiró la toalla de Index

-Hay chisme entre diputadas del PT

-Justicia estatal ya tiene cita en Washington

-Otra serie de Le Baron y cero justicia

El mes entrante deberá haber elección de presidente en la Asociación de Maquiladoras, Index. Concluye al frente de la misma, Sergio Colin, pobremente calificado entre los agremiados a esa vital agrupación del sector privado juarense.

Dicen algunos (as) en Index y en el Centro Coordinación Empresarial (CCE) que Colin no era mal tipo, pero desde que llegó al relevo de Fabiola Luna, justo en noviembre del 2022, se trepó a un ladrillo del cual ya no quiso bajar. Se ha sentido más en Washington que en Juárez.

Ha llegado el aún presidente de Index a la temeridad ni siquiera de dar la cara por el gremio en los muchos temas que requieren sus puntos de vista, sus opiniones, sino a dejar de asistir a las reuniones del Centro Coordinador Empresarial.

Hagamos de cuenta que Index permanece con su asiento vacío en ese órgano, pero representa nada menos que a casi 300 empresas que dan empleo a cerca de 280 mil personas.

Pocos se explican la conducta de Colin aunque temen que su ausencia se deba a que fue despedido de la empresa maquiladora para la cual laboraba cuando fue designado presidente de Index.

Pudo conservar el cargo solo porque un amigo suyo de apellido Domínguez, relacionado con ese gremio, lo incluyó en su nómina con ese único objetivo, mantener la presidencia. Ahí pudo germinar el coraje.

Total que ya solo falta “el evento del año de Index”, la entrega de la presea Bermúdez a lo más granado del mundo maquilador, el 5 de noviembre, y de inmediato vendrá el relevo de presidente. En caridad de Dios, claman muchos en la asociación.

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Hay chisme al interior del Congreso del Estado, con la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Sus dos únicas integrantes andan auténticamente agarradas del chongo.

Está ventilándose una ruptura entre las dos diputadas de dicho partido, América Aguilar e Irlanda Márquez, a grado tal de que inclusive ya no quieren despachar en el mismo piso.

América es legisladora por la vía plurinominal e Irlanda llegó como mejor perdedora, ya que contendió por el distrito local número seis.

Trascendió que ambas legisladoras ya no quieren siquiera ser vecinas de oficina, y si es posible, cambiar de edificio -es broma-, debido a las fuertes diferencias que entre ambas están teniendo.

El origen de estas diferencias provendría de otra de las hermanas del clan Aguilar, que también cobra en el Congreso local y es quien estaría brindado su apoyo a Irlanda, metiendo la cuchara donde no debe.

Aquí tendría que intervenir la jefaza del clan, Lilia Aguilar, porque nos dicen que el patriarca Rubén ya no está para esos trotes. Prefiere cuidar su muy precaria salud.

Nada tiene que ver en esto la cuestión política o las diferencias con morenos, azules o tricolores, sino que se trataría de aspectos estrictamente personales, que están lastimando la unidad que debería tener la exigua fracción parlamentaria.

La situación bastante incómoda que genera este asunto, no ha pasado a mayores, porque siguen votando en el mismo sentido las legisladoras, pero ya empieza a preocupar, por el tono de las diferencias.

No va a quedar de otra que hacer malabares con el acomodo de oficinas, con suficiente mano izquierda, para tratar de despresurizar el tema y que no trascienda a más.

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En las instancias internacionales de justicia, específicamente en Washington, ya tiene cita el aparato judicial de Chihuahua para el próximo mes, producto de la controversia constitucional presentada hace unos días, todavía sin admitir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los que saben nos reportan que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, ya prepara la conformación de una comisión chihuahuense de magistrados que atiendan este acercamiento, programado para el 12 de noviembre.

Hernández Acosta no podrá acudir personalmente porque está obligada a quedarse a las actividades de conmemoración de la Revolución, que inician el 13 de noviembre en Cuchillo Parado, Coyame, pero obviamente enviará a los suyos a dar seguimiento a esta batalla.

No es una diligencia judicial como tal, es apenas un primer contacto con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia supranacional en la que, sin lugar a dudas, terminarán los reclamos contra la reforma constitucional a los sistemas de justicia estatal y federal, promovida en la transición de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum.

La controversia presentada por el Poder Judicial de Chihuahua y otras de diferentes estados tendrán que determinar el máximo tribunal del país si las admite o no; en caso de no hacerlo, siguen las instancias internacionales; y de ahí, habrá que esperar la resolución de la SCJN, antes de proceder fuera de las fronteras del país.

Por las vísperas -dado que ningún amparo ha sido acatado y al parecer no hay resolución alguna que valga del Poder Judicial Federal, anulado políticamente- el conflicto deberá dirimirse en el exterior. Con base en los acuerdos firmados por México, las instancias internacionales tienen jurisdicción a nivel constitucional.

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El 4 de noviembre próximo es fecha en que se cumplen cinco años de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, donde perdieron la vida tres mujeres y seis niños de la comunidad Le Baron.

Desde aquel entonces, particularmente Adrián y Julián Le Baron no han quitado el dedo del renglón, en busca de justicia por el crimen atroz.

Fueron asesinados aquel día Rhonita Maria Miller (30 años), Howard Jacob Miller Jr. (12 años), Krystal Bellaine Miller (10 años), Titus Alvin Miller (8 meses), Tiana Gricel Miller (8 meses), Christina Marie Langford Johnson (29 años), Dawna Ray Langford (43 años), Trevor Harvey Langford (11 años) y Rogan Jay Langford (2 años).

Están vinculados por el caso criminal 31 presuntos responsables, 24 por delincuencia organizada y solo siete por el múltiple homicidio, todos ellos sin sentencia por este último delito. Es impunidad lo que existe hasta el momento.

Ha enfrentado la familia Le Baron muchísimas trabas, a grado de pelear incluso mediante amparo la presencia en audiencias, como en la que se condenó a Fidencio Alejandro G. E. alias “El Jano” por ser el halcón del grupo delincuencial, con 12 años de prisión y 23 mil pesos de multa, solo por delincuencia organizada.

En el celular de este sujeto había un video del día de los hechos que sirvió como evidencia, contra el grupo criminal responsable.

No le ha quedado de otra a la familia Le Baron que presionar mediante la opinión pública.

Este año salió un documental producido y distribuido por la empresa de streaming Max Original, pero esta semana que viene será el estreno de otra serie, en esta ocasión producida por Televisa.

“Por su gravedad, fue un crimen que traspasó la frontera entre México y Estados Unidos, y generó un conflicto diplomático entre ambos países.”, asevera la empresa en su publicidad en Instagram.

A punta de documentales intentan ahora los Le Baron encontrar la justicia que hasta la fecha les ha sido negada.

Ante la pasividad del entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cuya ayuda llegó horas después de los hechos, igualito que Alfonso Durazo, entonces secretario de seguridad pública federal y hoy gobernador de Sonora; ambos con la marca 4T en la frente, son parte de la estela que ha cubierto de impunidad el tema.

Veamos si Televisa los evidencia como tales.

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Ni a sus propios compañeros de bancada convenció la propuesta de la síndica morenista, Ana Carmen Estrada, de obtener voto en el cuerpo colegiado del Cabildo.

La iniciativa presentada en el pleno el miércoles pasado sin dictamen de regidor alguno, fue retachada a la Comisión de Gobernación para que los integrantes determinen someter a votación general enviarla como un simple exhorto al Congreso del Estado.

En los corrillos políticos todo el mundo sabe que los exhortos son como los llamados a misa.

La realidad es que la idea de la exregidora nació sin rumbo, una visión sin fundamento, lejísimos de la figura fiscalizadora que tiene la sindicatura, de su naturaleza auditora.

Buscaba asumir Estrada una función de intermediaria, populachera para subir iniciativas que tienen que ver con gestiones como si siguiera siendo regidora. Debe reenfocar bien sus objetivos.