-Parches en Ceresos... y el Cefereso en ruinas

-Amparo Beltrán al bat en comunicación

-Agrava enfermedad del separatista Pancho

-Casi un año con orden de aprehensión

Acaban de cumplirse dos años de que el Gobierno federal entregó a Chihuahua, al entonces fiscal Roberto Fierro, hoy secretario de la Función Pública, las instalaciones del viejo Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso 9) de Ciudad Juárez.

También, acaba de cumplirse un año de que las autoridades estatales evaluaron las instalaciones del inmueble, para supuestamente proceder a la elaboración de un proyecto de rehabilitación.

La tarea, en la cancha del secretario de Seguridad Pública y el secretario de Hacienda, Gilberto Loya y José de Jesús Granillo, no debe haber avanzado lo suficiente, porque el Cefereso sigue en el abandono a pesar de la necesidad creciente de reforzar el sistema penitenciario estatal.

El tema ha resurgido entre mandos de alto nivel de la seguridad estatal y federal, a raíz de proyectos para crear módulos extra en los Ceresos estatales, el de Aquiles Serdán en Chihuahua y el número 3 de la frontera.

La ampliación en ambos estaría orientada a abatir la sobrepoblación existente, con alrededor de 600 espacios en el de la capital y un número no determinado hasta ahora en el de Juárez.

Es extraño, critican algunos, porque hay en el viejo Cefereso espacios para mil 200 reos, pero esa infraestructura, que teóricamente requería de una inversión de unos 500 millones de pesos para rehabilitarse, sigue manteniéndose en el olvido, para privilegiar los parches en esas bombas de tiempo que son las cárceles estatales.

¿Habrá gato encerrado en esos proyectos o nomás no alcanza el dinero para invertir en el sistema penitenciario?

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Apenas la semana pasada hablábamos de la reciente renuncia del Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado en Juárez, Carlos Omar Barranco, que no hacía más que calentar la silla. Se consideraba que vendría un relevo chilangón.

¡Oh sorpresa!, resulta que la gobernadora Maru Campos se decidió por un perfil panista y juarense por adopción.

Tenemos que será la exregidora y exasistente de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, Amparo Beltrán Ceballos, quien asuma la titularidad de esa oficina tan abandonada en nuestra frontera.

Beltrán es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es todo un estuche de monerías.

Ha sido Secretaria General del PAN en esta ciudad y regidora en dos ocasiones.

Será la encargada de informar sobre el trabajo que realizan las dependencias estatales y promocionar todos los servicios que éstas ofrecen para que los ciudadanos puedan acceder con facilidad a ellos. ¡Vaya reto!

Amparo Beltrán formó parte del primer equipo de la campaña presidencial panista y eso le permitió trabajar muy de cerca con Max Cortázar.

Es el susodicho famoso mercadólogo mexicano y principal estratega de la comunicación panista utilizada durante el pasado proceso electoral.

Ahora viene Amparo a poner en práctica lo aprendido en ese equipo para mejorar la estrategia comunicacional en la segunda parte del régimen estatal, y desde luego, con miras a lo que se avecina para el 2027.

Tiene buen reto Amparo.

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Tanto en la bancada del PAN como en la de Morena del Congreso del Estado, encabezadas respectivamente por Alfredo Chávez y Cuauhtémoc Estrada, hay preocupación por la crisis institucional no venidera, sino ya en curso, a causa de la reforma judicial.

Todos los equipos jurídicos del Legislativo, así como los de Palacio y el Tribunal Superior de Justicia, están entrampados en visiones, posturas, opiniones y análisis sobre lo que ocurre tanto en el plano nacional como en el estatal, a raíz de la gran sacudida al sistema judicial federal, con inminentes implicaciones en el de los estados.

En el Ejecutivo el debate está entre plegarse a la reforma impulsada por la 4T para la elección directa de jueces y, por lo tanto, iniciar ante el Congreso del Estado la correspondiente propuesta para la adecuación de la legislación estatal; o esperar a que actúen los otros dos poderes.

En el Legislativo, Morena presiona por la adecuación con su propia reforma a la justicia estatal, con base en la obligatoriedad planteada por la reforma nacional.

La bancada panista, por su parte, no define si le entra a reformar o si impugna y ataca los cambios constitucionales, ante los que poco puede hacer. La indefinición tiene inmóviles a los albiazules.

El Poder Judicial es un hervidero, para variar. Más de medio centenar de jueces y magistrados estatales, representados por Maclovio Murillo, presentaron demandas de amparo por su cuenta, independientes del anuncio de la magistrada presidenta del TSJE, Myriam Hernández, de proceder contra la reforma judicial mediante la controversia constitucional.

Por esto, ya hubo suspensiones provisionales dictadas hacia el final de la semana pasada, por las juezas federales Jessica Contreras de Chihuahua y Claudia López de Juárez, las cuales, teóricamente, maniatan al Congreso del Estado ante cualquier intención de hacer adecuaciones a las normas para acatar la reforma judicial.

Así están arrinconados y maniatados los diputados.

Esto es lo que representa la mayor contrariedad, porque una cosa es el probable desacato a resoluciones judiciales desde el Congreso de la Unión, de aplastante mayoría morenista, y otra en la que puedan incurrir los diputados locales en caso ignorar las suspensiones dictadas.

Por ello, el Legislativo del Estado está entre acatar la reforma constitucional o hacerles caso a las resoluciones judiciales; en cualquier caso, tendrían los legisladores problemas cercanos a la anarquía.

Por eso, tanto a nivel nacional como estatal es urgente la operación política que hasta ahora no se ha visto ni por panistas ni por morenistas.

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El diputado parralense Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano, mejor conocido como Pancho el separatista, ha recurrido al viejísimo recurso regionalista y anticentralista que suele pegar entre los que desconocen los orígenes de la república y su constitución como tal.

En una estrategia que cumple alrededor de un mes en marcha, el legislador pretende montar al PAN e incluso a la gobernadora Maru Campos en su aventura de combatir “el imperialismo del régimen centralista”, concepción muy alineada a la derecha ahora que gobierna la izquierda, pero no antes cuando disentir del régimen era verdaderamente revolucionario.

También es una concepción muy arraigada en poblaciones con ciertos complejos que las llevan a presumirse como la capital del mundo y otras extravagancias.

En esa estrategia se enmarca su propuesta de establecer cláusulas pétreas en la Constitución del Estado, para desobedecer a conveniencia las reformas constitucionales federales -federales, no centrales- e ignorar las cláusulas pétreas ya existentes en la Constitución de la República.

En la máxima norma del país ya existen las cláusulas pétreas, no explícitas, pero sí tácitas, algunas, precisamente, para garantizar la unión federal y blindar al pueblo de México de esos intentos separatistas coyunturales que siempre han existido.

No tiene viabilidad jurídica su propuesta llevada al Ejecutivo, debe saberlo, por más estridencia que hace con el gastadillo discurso contra el centralismo, el cual únicamente denota su grave regionalismo agudo, una enfermedad que se quita viajando, como la ignorancia se quita leyendo.

Por más que haya panistas entre sus aplaudidores, la alharaca del separatista parece que no habrá de pasar de eso.

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Los pitazos de las recurrentes visitas a Juárez de la exsecretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivonne Hernández, finalmente le dieron resultado a la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada terminó ejecutándole la orden de aprehensión que tenía en contra desde hace un año.

Era la pieza faltante del caso de la exalcaldesa Cynthia Ceballos, actualmente sentenciada por peculado agravado y en vías de recuperar su libertad, si avanza en la reparación del daño

A punta de amparos de sus abogados corralistas, exfuncionarios de la misma Fiscalía Anticorrupción, Ulises Sotelo Torres y Francisco Fabián García, libró por unos meses la captura, pero el fiscal Abelardo “Bayo” Valenzuela, no quitó el dedo del renglón hasta detenerla.

La noticia en Nuevo Casas Grandes retumbó desde mediados de la semana pasada y hasta ahora, pues buen tiempo, aseguran, fue Silvia Ivonne la que hizo y deshizo con las decisiones municipales formales e informales.

Para algunos era el cerebro de la operación de los negocios turbios vinculados a la administración municipal, en la que siguen algunos, pocos en realidad, que protegen los intereses de la exalcaldesa y la exfuncionaria.

El tema seguirá calientito más allá de la resolución de la situación jurídica de la exsecretaria, pues sigue el proceso de reparación de daños en NCG por la venta ilegal de terrenos municipales y las implicaciones para los demás involucrados.