Morena, y sus cómplices del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, más que partidos políticos son organizaciones criminales. En esta misma lógica, la Cuarta Transformación más que un movimiento político, es una secta. Los seguidores de estos, más que ciudadanos interesados en política, son feligreses. Por esto, es difícil para quienes militan en esos movimientos políticos actuar de forma distinta a como se les indica por parte de su líder. 

Muestra de ello son las constantes maromas que tienen que realizar para defender lo que el supremo líder les diga, en caso de contradecirse con posiciones políticas previas.

A veintidós días de terminar su gobierno, López Obrador le mete el acelerador a la destrucción institucional de México. López Obrador pretende destruir organismos que costaron décadas de esfuerzo construir.

Cualquier persona que le interese la cosa pública debería preguntarse, ¿cuál es el apuro de destruir al Poder Judicial de la Federación justo en septiembre? Si de verdad se requiere una reforma profunda, ¿no puede hacerse en octubre o noviembre? Esto nos recuerda a la nacionalización de la banca, llevada a cabo por José López Portillo en 1982, tres meses antes de dejar el poder.

Lo que sucede es que, existe la impresión de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum no quiere que la reforma judicial prospere, no porque sea una demócrata consumada, sino por los efectos catastróficos que dicha reforma traería para México, especialmente en el plano económico. Sin embargo, su narrativa debe ir alineada a la de su mecenas, López Obrador, quizá por gratitud, o quizá por todavía no tener los hilos del poder.

Algunos historiadores señalan que fue Nerón el que mandó incendiar Roma, para poder posteriormente construirla a su antojo. Dicen que mientras esto sucedía, Nerón estaba emocionado con las llamas, y tocaba la lira. Parece ser que en México tenemos un Nerón macuspano, quien ante las expresiones de presión y advertencias de nuestros socios comerciales, prefiere ver las calificaciones crediticias caer, el peso depreciarse, y el andamiaje institucional destruirse, para tratar de construirlo a su antojo. Lo malo de esto es que la visión de López Obrador corresponde a la del México de 1970. Por ello, México no debe retroceder en su camino a la consolidación democrática.

El electorado sin duda le dio un voto de confianza a Claudia Sheinbaum, eso resultaría ocioso discutirlo. Sin embargo, en el Congreso le otorgó el 54% de los votos, que se traducen en el 74% de las curules de la Cámara de Diputados, sobrerrepresentando así a las fuerzas político-criminales del oficialismo. Por su parte, la oposición que recibió el 46% de los votos, tendrá el 26% de las curules, subrrepresentando así a la oposición.

Por lo anterior, parece que el oficialismo tiene la urgencia de aprobar la reforma judicial planteada por el Ejecutivo, misma que ya hemos descrito como nociva en otras entregas en este mismo espacio. El martes pasado se dio un ejemplo de ello.

Los que hoy gobiernan, por décadas se quejaron de todo, realizaron plantones, cerraron el acceso al Congreso cuando alguna reforma importante se iba a discutir. Ahora son los integrantes del Poder Judicial, junto con colectivos de estudiantes los que impidieron el acceso a la Cámara de Diputados, el martes pasado. 

En cualquier país democrático, esto hubiera sido una razón suficiente para provocar un diálogo entre los manifestantes y los legisladores. Sin embargo, el oficialismo le tiene repulsión al diálogo, y optó mejor por celebrar la sesión legislativa en una sede alterna. Escogieron un gimnasio deportivo cercano a la Cámara de Diputados para celebrar. Ahí, como si estuvieran en un salón de asambleas ejidales, uno a uno fueron los diputados votando y enterrando de esa manera la reforma judicial, con el impulso del oficialismo y a pesar de la resistencia de la oposición, que en esa Cámara está disminuida.

Inmediatamente después enviaron al Senado dicho proyecto de reforma para que fuera discutido el jueves pasado. Sin embargo, derivado que hasta el momento no tienen las dos terceras partes de los votos para lograr esta reforma, el oficialismo se encuentra aplazando la discusión de esta reforma perniciosa.

Para que una reforma constitucional sea aprobada se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados y de los senadores presentes en cada una de las sesiones, y el aval de la mayoría de las legislaturas de los Estados. En este contexto, Morena y sus aliados ya avanzaron en aprobar la reforma en la Cámara de Diputados, y está pendiente el Senado y el proceso de las entidades federativas. 

El Senado se compone de ciento veintiocho senadores. Suponiendo que la totalidad de los senadores estuvieran presentes el día de la discusión, se requeriría que avalaran esta reforma ochenta y seis. Esto es así porque ochenta y cinco senadores representarían 66.40% del Senado, y estarían 0.26% debajo de lo necesario para aprobar la reforma. Por ello, el número que requiere el oficialismo es ochenta y seis senadores, en caso de que todos asistan.

Las cosas se complican si por alguna razón un senador de la oposición se ausenta o no asiste ese día al Senado. En ese caso, la base del cálculo de las dos terceras partes se haría con los senadores presentes. Suponiendo que un senador de oposición no asiste, entonces las dos terceras partes de ciento veintisiete senadores serían ochenta y cinco senadores, pues representarían el 66.92% del Senado. De ahí que es de suma importancia que todos los senadores estén presentes la semana que viene cuando se votará dicha reforma.

Hasta el momento, cuarenta y tres senadores de oposición han manifestado estar en contra de dicha reforma. Esto implica que el oficialismo tendría ochenta y cinco senadores, y le estaría faltando uno para aprobar esta reforma. Esto en virtud que dos senadores que llegaron a la Cámara Alta por parte del PRD, ya se aliaron con Morena. Si no le hubieran dado la espalda al electorado que los escogió, a Morena le faltarían tres senadores. Sin embargo, Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera decidieron traicionar a los mexicanos que les dieron su voto, y se aliaron con el poder.

Desde luego que el Gobierno ha estado utilizando toda clase de medidas persuasivas para lograr convencer a un senador del PAN, PRI o del MC. Sin embargo, la totalidad de los senadores de dichas bancadas ya han anunciado que votarán en contra de esta reforma. 

Esto nos lleva a la conclusión de que la República como la conocemos depende de la voluntad de un solo senador o senadora de no dejarse corromper y atender a lo que es correcto con el fin de la permanencia del sistema republicano. Con uno solo que falle, todo se derrumbará. 

Es muy importante que los ciudadanos estemos atentos a la actuación de nuestros senadores en este momento tan crucial y crítico para México. Recomiendo ampliamente a todos nuestros lectores que le escriban a sus senadores y les hagan saber de la importancia de que en México se mantenga una división de poderes efectiva, pues la concentración de poder al único que afecta es justamente al ciudadano.

Un Poder Judicial independiente, organismos reguladores de mercado y de energía, instituciones que garantizan transparencia, entre otros organismos necesarios para la salud de la democracia, son logros de la sociedad. Lo que tomó años en construirse, y se hizo a base de esfuerzos, y sobre todo, a partir de presiones de la oposición (que son quienes hoy gobiernan), están a punto de desaparecer por iniciativa de un gobernante que, el último mes de gobierno, quiere causar todo el año posible al sistema democrático mexicano.

Si el Poder Judicial es mutilado y subyugado al gobierno, esto dejará de ser una república para dar paso a una monarquía moderna.