-Refuerza “Sinaloa” El Valle con “El M11”

-Sigue Paco agarrado con las uñas a su negocio

-El olfato de Ken con Cruz y Bonilla

-Es Cuauhtémoc buen chairo, pero...

Las áreas de inteligencia policiacas y militares han detectado en El Valle de Juárez el reforzamiento del Cártel de Sinaloa con un líder delictivo apodado “El M11”, Amado Meza Núñez, hermano de “El M10”, Mario Meza, artífice de la guerra desatada entre el 2007-2011 contra el Cártel de Juárez.

Aun cuando los operadores de “El Mayo” Zambada decidieron enfrentar a “Los Chapos” en Culiacán, Mazatlán y otros lugares de Sinaloa, se han dado el tiempo para enviar gente de Durango a El Valle e impedir que en el oportunismo, la venganza y el río revuelto se intente meter de nuevo el grupo delictivo dominante en esta frontera.

“El M11” forma parte de “Los Cabrera”, de Durango, la facción que tiene a su cargo El Valle de Juárez. Este es el mismo grupo que decidió respaldar a contrarios del Cártel de Juárez-La Línea en la zona de Ojinaga con saldo de dos decenas de muertos en distintos enfrentamientos.

Una vez descubierta la mano Cabrera en aquella región, debieron enviar refuerzos a El Valle ante el temor lógico de la venganza; es lo que ha trascendido de los órganos de inteligencia.

Insistimos, la lumbre del noreste y sureste del estado no está nada lejos de Juárez.

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Hace seis años, a finales de octubre, cuando faltaba más de un mes para el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ya designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunciaba nombramientos de la dependencia que tendría a su cargo al comenzar el sexenio.

Entre las designaciones estaba, con esa anticipación transparente, la del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), encargada inicialmente a Tonatiuh Guillén, académico e investigador expresidente de El Colegio de la Frontera Norte, quien le aportó al organismo una visión especializada en la cuestión migratoria centrada en los derechos humanos, pero no duró ni siquiera un año completo en el cargo.

En junio de 2019 fue designado el llamado “amigo Paco” de López Obrador, Francisco Garduño Yáñez, para hacerse cargo de la oficina.

Ahora sabemos que la caída de Guillén y la llegada de Garduño tuvo el propósito de cumplir compromisos con Estados Unidos para endurecer la política migratoria, si es que existe algo así.

Dicha “atención” complació algún tiempo al poderoso vecino, sobre todo cuando México resistió las oleadas de personas migrantes que han derivado en una crisis humanitaria creciente.

Pero más que evaluar los resultados de una política fallida, a tal grado que hace más de un año murieron encerrados 40 migrantes al incendiarse la principal instalación del INM en Juárez, hay algo que queda en evidencia en el momento político actual.

Tradicionalmente, los mandos militares, los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, son los últimos de designar de todos los presidentes en la composición del gabinete crítico, ese que atiende la cotidianidad de los problemas del país.

La razón de estas designaciones más tardadas son los delicados acuerdos de todo presidente con las Fuerzas Armadas, el poder militar que es de primer orden, sometido sí al comandante supremo que es el jefe del Ejecutivo, pero muy exigente en el trato de respeto. Además, se dejan al último para no poner en aprietos a las tropas, que llegan a confundirse si tienen dos jefes simultáneos.

Pues bien, ahora la presidenta electa Claudia Sheinbaum designó incluso a los titulares del Ejército de tierra y aire (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo; al del agua (Marina), Raymundo Pedro Morales, pero ni ella ni su próxima encargada de la política interna, Icela Rodríguez, han revelado quién va a dirigir el área más crítica y conflictiva de la Secretaría de Gobernación.

Hace algunas semanas dimos cuenta aquí mismo de que “Paco” presionaba, con los millones de por medio que representan los delitos escondidos en el fenómeno migratorio, para ser ratificado al frente del INM o dejar a alguien de sus confianzas.

Al parecer las presiones siguen y también las apuestas de una continuidad que sería muy nociva para la administración que da inicio la siguiente semana.

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De que tiene olfato político el embajador norteamericano, Ken Salazar, lo tiene. Demostrado está semana con su recorrido por Juárez y la capital del estado.

Nada menos se placeó con los aspirantes que en estos momentos tienen la mayor posibilidad de aparecer en la boleta el 2027, por una y otra coalición.

Lo hizo aquí con Cruz Pérez Cuéllar y en Chihuahua con Marco Bonilla, a quienes halagó hasta que se cansó.

Fueron múltiples las palabras que le dirigió al alcalde fronterizo y el reconocimiento a su fuerza electoral.

En la capital, paseó en una carcacha el embajador con Bonilla por el Centro de la ciudad, donde inclusive caminó, bajo un discreto, pero fuerte aparato de seguridad.

Si a nivel nacional está pausada la relación personal del embajador con el presidente de la República, el representante norteamericano no deja de tender puentes, aprovechando las buenas relaciones que han sido construidas por el cónsul Rafael Foley y sus mismos antecesores.

El diplomático del sombrero estilo norteño continúa haciendo política, saltándose la pausa presidencial, que parece ser solo de dientes para afuera, porque los canales siguen abiertos.

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El acomodo de las fichas en el Congreso del Estado no dejó muy bien parado al coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien ha quedado como buen chairo, pero malo para hacer acuerdos que le beneficien a su causa.

Dicen que le sobraron críticas morenistas y burlas panistas por no negociar ni una solo posición para Morena en los órganos legislativos. Los identificados con otros líderes morenos, como el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y la senadora Andrea Chávez, se unieron al coro de risillas porque le comieron todo el mandado.

De la negociación, el que salió en hombros de su militancia fue el coordinador panista, Alfredo Chávez, quien seguro terminó empalagado de tanto pastel que se comió y le sobró para repartir pedazos a los aliados, mientras Estrada Sotelo apenas defendió unas cuantas posiciones menores de su nómina, con la que engorda su presencia ante su jefa política, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Por alguna razón, Estrada bajó los brazos, lo que generó comentarios de que, tal vez, es demasiado lo que tienen en su contra sus rivales del Congreso, como que le mantienen guardadita la denuncia de violencia política de género de la exdiputada Adriana Terrazas.

Probablemente, el líder morenista tiene temor de que le sigan dando cuerda al asunto y hasta lo inhabiliten políticamente si llega a instancias mayores; o tal vez solamente pactó alguna posición para su gente llevándose a toda su bancada entre las extremidades inferiores.

Así el nivel de jefe del rebaño morenista en el Congreso del Estado, que ni picha ni cacha ni deja batear; salió ponchado al no poder hacer valer los números de Morena.

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La semana pasada, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, lanzó la licitación para el refinanciamiento de seis créditos estatales por más de 10 mil millones de pesos, que habrá de concluir a finales de noviembre.

La jugada del jefe de las finanzas estatales apunta a mejorar las condiciones de pago de esa parte de la deuda pública, en momentos en que ha comenzado una fase de recortes a la tasa de interés, que habrá de tener una nueva baja durante esta semana cuando el Banco de México anuncie su decisión de política monetaria.

Cualquier reducción es esperada con ansias, para alentar el acceso al crédito con un menor costo.

Para la Hacienda estatal, especialmente, le representa la oportunidad de mejorar su margen de maniobra con el presupuesto público, que comenzó en medio de un completo desastre heredado del quinquenio de Javier Corral, cuya obra puede resumirse en que le dio más problemas financieros al estado de los que ya tenía.

No faltaron los que quisieron tomar la convocatoria a bancos para reestructurar los créditos como una nueva deuda para el estado, hasta que al revisarla brotó la novedad de que cuatro de los seis compromisos a refinanciar, los de mayor cuantía, fueron contratados en 2019, durante el corralato, mientras que los otros dos corresponden a 2022.

Tal vez por eso ya no generó el ruido que algunos pretendieron maximizar, con algo que no es otra cosa más allá de una decisión hasta natural, para aprovechar mejores condiciones del mercado en el que compiten los grandes grupos financieros.