-Drones de ataque o vigilancia en todo el estado

-Quiere acabar Trump con autonomía de la Reserva Federal

-Sin rienda centros de atención a adicciones

-La verticalidad de “El Pingüino”, la traición de Corral

El mismo general comandante de la 42 Zona Militar de Chihuahua, Jorge Gutiérrez Martínez, ha sido objetivo de ataques con drones, como el ocurrido a principios de febrero en una apartada región de Guadalupe y Calvo, ubicada a unos kilómetros de la cabecera municipal.

Es dicha instancia militar, establecida en la región sur del estado que forma parte del Triángulo Dorado de las drogas y el crimen, la que más hechos reporta de esta nueva forma de ataque y defensa de la delincuencia organizada, con escasos aseguramientos de estos dispositivos y los explosivos que utilizan.

Sin embargo, según los que saben del tema de la seguridad estatal, hay registros del uso de drones para tareas de vigilancia en regiones como Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Ascensión y Juárez, donde los tipos delictivos son diferentes, aunque vinculados por las cabezas de los grupos criminales.

No por nada, en reuniones de mandos de seguridad aquí y en la capital, es cada vez más común observar soldados con enormes rifles antidrones, dispositivos capaces de interceptar y neutralizar la señal que controla a las pequeñas, pero peligrosas aeronaves, que pueden derribarse, regresarse en automático a la base que los dirige o aterrizarlas donde el interceptor disponga.

El tema viene a cuento por la descarada publicidad en redes sociales como Instagram, donde incluso con videos (puede verse una muestra ilustrativa en la versión digital de La Columna), promocionan estos aparatos, su uso en diferentes modalidades y las cargas explosivas que utilizan.

Las cuentas son difíciles de rastrear para la gente común, pero suponemos que las capacidades institucionales son suficientes para dar con quienes promueven su utilización y presumen desde el armado hasta los vuelos de los dispositivos, que son un verdadero peligro para la población.

Si no hay un combate integral, incluso desde las plataformas de redes, no es difícil imaginar una tragedia ya no en alejadas poblaciones serranas, sino en zonas urbanas.

Quizás no lo han hecho los grupos criminales porque mantienen ilícitos, pero muy productivos pactos con las corporaciones de seguridad en las grandes ciudades o porque le darían más razón a Estados Unidos para intervenir militarmente en el país; pero no porque no puedan hacerlo.

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Antes de 1994, el gobierno federal mexicano controlaba directamente al Banxico, y lo usaba como herramienta para financiar el gasto público, imprimía dinero para cubrir déficits, mantenía artificialmente bajo el tipo de cambio e inflaba la economía en años electorales.

Se daban vuelo haciendo todo lo no que debe hacerse en materia económica, generando constantes crisis.

La situación obligó a múltiples cambios para controlar la situación. En 1993 se reformó el artículo 28 constitucional, y se expidió la nueva Ley del Banco de México dándole autonomía.

El fenómeno se vivió ya hace varias décadas, pero hoy, fuera de México y con un talante autoritario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacer precisamente lo que puede llevar a ese país a una crisis que tendría consecuencias funestas para el resto del mundo.

La independencia de la Reserva Federal es idéntica en objetivos a la de Banxico, es una salvaguarda ante ocurrentes y abusivos. Va contra ella.

Pero aunque quiera, Trump no tiene ni las herramientas jurídicas ni legales para obligar que Jerome Powell recorte tasas a pedido del presidente. Tampoco para correrlo, afortunadamente.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay en el país mil 782 centros de rehabilitación de adicciones a nivel nacional.

Tales números son demasiado altos para el órgano desconcentrado federal que regula dichos establecimientos, porque de acuerdo con dicha Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones hay en el país sólo 178 establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones reconocidos.

Hay 11 en Aguascalientes, 22 en Baja California, dos en Baja California Sur, uno en Campeche, cinco en Chiapas, siete en Chihuahua –dos en Juárez, tres en la capital Chihuahua y uno en Ojinaga-, nueve en ciudad de México, tres en Coahuila, cuatro en Colima, seis en Durango, 13 en el Estado de México, siete en Guanajuato, dos en Guerrero, cinco en Hidalgo, nueve en Jalisco, dos en Michoacán, cinco en Morelos, dos en Nayarit, tres en nuevo León, uno en Oaxaca, dos en Puebla, siete en Querétaro, cuatro en San Luis Potosí, 19 en Sinaloa, 18 en Sonora, cuatro en Tabasco, dos en Veracruz, dos en Yucatán, y uno en Zacatecas.

Son risibles esos datos, con todo y lo doloroso que representa la tragedia de consumo de drogas como el cristal, que es el más común con el cual llegan los adictos a estos centros, en busca de ayuda.

Estamos hablando de una diferencia inmensa entre los datos del INEGI y los que posee este órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de salud, y eso que los números del Instituto Nacional de Estadística son de hace ocho años, del 2016, y los del gobierno federal son de diciembre pasado.

¿Cuántos serán en la actualidad los centros que existan nada más en Chihuahua o Juárez?, decenas, todos ellos, la mayoría, sin siquiera aviso de funcionamiento, trabajando más que todo como un esfuerzo que debe ser plausible, pero que los coloca en un grave riesgo.

La sombra de lo que ocurrió hace 10 días en Culiacán Sinaloa, con la muerte de nueve personas en cinco centros de atención a las adicciones, debe ser una llamada de alerta, de poner atención en estos establecimientos.

Los recuerdos de los ataques sistemáticos, en esta ciudad y la capital del estado, siguen presentes, en los centros Liberación de adicciones, Anexo de vida, Alcance Victoria, y allá, Vida y fe, Uniendo familias, siguen presentes. Nada más en dichos ataques del 2009 y 2010, murieron 48 personas. El foco amarillo, si no es que rojo, está encendido.

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Ahora que murió en el occidente del estado el activista social y político, Humberto Ramos, “El Pingüino”, a los 86 años de edad, saltaron recuerdos por todos los rumbos respecto al entorno de aquel famoso verano caliente electoral en el que Ramos fue actor central pero también Ciudad Juárez y sus respectivos protagonistas.

Fueron días álgidos y de confrontación político-ideológica entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el gobierno de México, y todo por las elecciones de Chihuahua en 1986.

Hubo duros posicionamientos y sermones de los obispos “rebeldes”, Manuel Talamás Camandari, de Ciudad Juárez; Adalberto Almeida y Merino, de la ciudad capital; y José Antonio Llaguno, de la Tarahumara.

Se puso tenso el ambiente porque estaba el amago del cierre de los templos, y gran parte de la feligresía estaba en punto menos que ebullición.

En la escena política de la oposición aparecieron, Francisco Barrio, candidato a gobernador, y el activista Francisco Villarreal, quienes se suman a la huelga de hambre de Luis H. Álvarez en Chihuahua.

Villarreal cobra mayor notoriedad siendo alcalde, del 92 al 95, porque toma las casetas de peaje exigiendo que los recursos le sean reintegrados al municipio.

Después de que arribó Fernando Baeza a la gubernatura, interviene el nuncio apostólico Girolamo Prigione, y mete orden en la casa. Entra monseñor José Fernández Arteaga y se retira Almeida.

En todo ese contexto el entonces jovencito Javier Corral hacía sus pininos como orador; fue acogido por Barrio, protegido de Don Luis, instruido por don Aurelio Páez Chavira, para el periodismo, lo que en realidad nunca ejerció.

Quién iba pensar que “El Pingüino” fuera vertical toda su vida entre el centro y la izquierda; Barrio fallara estrepitosamente como gobernador y Corral no solo fuera un fracaso vergonzoso en la gubernatura sino un traidor miserable a la ideología que lo cobijó tres décadas en la nómina pública.