En México, y el estado de Chihuahua, el acceso a la justicia sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. Durante años, el Poder Judicial ha sido percibido como un ente lejano, técnico, y muchas veces ajeno a las realidades que enfrenta la mayoría de la población. Esta distancia, más allá de lo simbólico, tiene efectos concretos: decisiones tomadas sin pleno conocimiento del contexto social, barreras de lenguaje jurídico inaccesible y, sobre todo, una sensación ciudadana de que la justicia no está hecha para todas y todos.

Si hablamos de transformar esa percepción y con ella, la relación entre ciudadanía y justicia quizás deberíamos comenzar por algo simple pero poderoso: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación escuche directamente al pueblo. No a través de un filtro o de informes, sino con presencia directa, con diálogo real.

No existe en nuestra Constitución o en la Ley Orgánica del Poder Judicial norma que impida que el Pleno de la Corte sesione, al menos ocasionalmente, fuera de su sede tradicional en la Ciudad de México. De hecho, otros organismos internacionales como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo hace: lleva sus sesiones a distintos países que son parte de la jurisdicción de esta Corte para que se conozca lo que hace y lo que resuelve, y se involucre a la población.

¿Por qué no imaginar algo similar en México? Que la Suprema Corte sesione una vez al mes en distintos estados del país, en espacios accesibles, en colaboración con autoridades locales, y en presencia del público. Las sesiones son públicas por ley; pero su accesibilidad real, geográfica, lingüística, cultural está aún muy limitada. Llevar la Corte a la gente no sólo fortalecería la cultura jurídica del país, también permitiría a las ministras y los ministros conocer de primera mano los problemas estructurales que aquejan a cada región.

Lo digo con plena convicción, desde mi experiencia como jurista y como ciudadana. Nuestro país es inmenso, diverso, y está lleno de realidades que no se pueden entender desde un escritorio. La justicia necesita oír, ver, tocar el territorio. Necesita salir de sus paredes solemnes y recorrer el país que representa.

No se trata de un cambio radical ni de una ruptura institucional. Es una acción perfectamente viable, administrativamente ordenada y jurídicamente sustentada. Se trata de voluntad y visión. De entender que acercar la justicia a las personas no es una concesión, sino un paso indispensable para que la justicia sea verdaderamente nacional, incluyente y democrática.

En un país tan diverso y tan grande como el nuestro, centralizar el poder judicial no es eficiencia: es desconexión. No se trata de discursos, se trata de voluntad. De entender que la justicia debe estar al alcance de todas y todos, no como una idea, sino como una presencia real. Ha llegado el momento de mover a la justicia.

Recuerden que este primero de junio los y las juarenses tenemos que salir a votar por nuestros juzgadores porque es momento de transformar la justicia.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla