La brutal muerte, a pedradas, del agente del Instituto Nacional de Migración (INM), Luis Alberto Olivas, solo pudo ocurrir en el contexto de podredumbre sin fin que sufre ese organismo bajo control absoluto de Francisco Garduño Yáñez y sin duda de quien lo colocó en la posición con poder transexenal, su amigo Andrés Manuel López Obrador.

Fue inverosímil conocer que un elemento migratorio hubiera sido agredido el lunes durante la mañana con piedras por migrantes venezolanos no por la fama de violentos que se han ganado algunos de ellos entre las corporaciones de seguridad, sino porque Olivas anduviera solo y a muchos metros de distancia de su base operativa en el punto de revisión militar de Samalayuca.

Extrañamente, no era acompañado por su compañero de rigor Carlos Holguín quien, junto a otro agente, solo pudo presenciar desde lejos el cruento instante cuando su compañero fue lapidado a pedradas, y una vez derribado, golpeado de nuevo en la cabeza hasta quedar sin vida.

Esa conducta de Holguín fue del conocimiento de la familia de la víctima, uno de estos rechazó su ingreso a la funeraria donde fueron velados sus restos, el pasado jueves. Se conformó con dejar en su tumba un bote de bebida energizante, una linterna y unos cigarros.

Era lógico pensar mal; creer que el agente habría decidido hacer negocio por su cuenta y meterse arenas adentro por los médanos de la zona ya fuera para encontrarse con coyotes y extranjeros o solo en búsqueda de migrantes para esquilmarlos.

Los flancos del Precos son utilizados desde hace años por indocumentados y polleros para evadir las revisiones militares.

Los protocolos indican que los agentes deben andar siempre acompañados en las brechas, no armados, pero sí respaldados por militares de la Guardia Nacional o del Ejército. No debe haber movimiento sin este requisito.

La corrupción en ese caso particular fue descartada debido a un largo historial limpio de Olivas y a su buena reputación aún entre jefes anteriores a Garduño, pero su muerte, paradójicamente, fue consecuencia del conveniente desorden que sigue privando en el Instituto para permitir manejo libre en prácticas de colosal corrupción.

Casi al mismo tiempo que Olivas era salvajemente asesinado, en el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez una colombiana y su hija debían pagar 200 dólares a los agentes migratorios del lugar para cruzar los arcos de revisión y adentrarse en la ciudad. Pagaron el soborno con todo y pasaportes en regla.

Al interior del Instituto es cosa sabida que los extranjeros deben desembolsar mínimo 100 dólares cada uno al llegar al aeropuerto de esta frontera si vienen con su documentación respectiva, pero más de tres mil dólares si llegan “guiados” por polleros.

Cada día arriban al aeropuerto un promedio de 100 migrantes que, por solo el mínimo de 100 dólares, arroja la fabulosa cantidad de 10 mil dólares diarios o más de 40 mil por mes, u 800 mil pesos. Solo en ese lugar, pero debemos sumar la central camionera de aquí mismo, el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua y las correspondientes aduanas en todos los puntos de la entidad. Bajita la mano deben estar embolsándose arriba de cinco millones mensualmente. 2023 y 2024 han sido sus dos mejores años.

Es una mina de oro en la que no importan los solitarios agentes migratorios honestos ni mucho menos las condiciones normalmente infrahumanas en las que se desplazan o son desplazadas las personas en condiciones de movilidad, atenazados por la corrupción en las corporaciones de seguridad, incluidas las militares, y por la violencia extrema de los traficantes.

Francisco Garduño es un personaje especial para Andrés Manuel López Obrador; “Paco” es uno de sus hombres más cercanos cuya función principal evidentemente no es la de su cargo, Comisionado en el país del Instituto Nacional de Migración, sino la de proveedor económico para causas o personales o combinadas personales con intereses diversos de la Cuarta Transformación.

Solo así es entendible que AMLO lo haya sostenido al frente del INM aún tras la catástrofe de marzo del 2023 cuando murieron asfixiados y quemados 40 extranjeros en celdas con candados de la hasta ese momento “estancia” migratoria de esta ciudad.

No importó tampoco al expresidente que su amigo haya sido encontrado culpable

por el delito de ejercicio ilícito del servicio público tras ser vinculado a proceso el 25 de abril de 2023 por aquellos hechos.

No únicamente fue ratificado las veces que la presión mediática llegó a Palacio Nacional, también le fue acomodado el proceso a modo para continuarlo en juzgados de la Ciudad de México semanas antes de concluir el anterior sexenio. Firmaba cada 15 días en juzgados de Juárez.

El incendio en la estación migratoria y su consecuente procesamiento penal debieron ser suficientes para deponer a Garduño aunque su falta de interés y de capacidad ya eran claras para marzo del 2023 con una migración totalmente desbordada, crisis que derivaría en una situación más grave para los extranjeros, los centenares de secuestros y asesinatos por grupos delictivos metidos en el tráfico de personas.

Solo ha evitado un desastre mayor en ese sentido la intervención de las autoridades locales que han contenido a punta de fuerza policiaca los raptos y las agresiones y han llevado a la cárcel a decenas de delincuentes. Ni por enterado se ha dado el alto funcionario responsable de todo el tema. Toda su atención está puesta en la caja registradora.

Ninguna de las muchas vertientes de la crisis ha tenido afectación en la figura de “Paco” Garduño Yáñez. Si el siniestro en la estación migratoria no la tuvo, ni tampoco la anarquía en el movimiento migrante del extremo sur al extremo norte del país, menos lo tendría aquel otro incidente ocurrido en septiembre pasado cuando descarriló un tren en la zona de Samalayuca y murió un niño centroamericano; su madre y otras personas que los acompañaban en las mismas condiciones de movilidad quedaron severamente lesionados.

El tren jalaba tanques llenos de diversos ácidos que pudieron generar una desgracia bastante mayor que la sola muerte del infante, los lesionados y el derrame en los arenales de los peligrosos químicos. ¿Qué provocó el descarrilamiento? Es un secreto bien guardado del Gobierno federal.

Es posible que todos esos factores y todas esas circunstancias hayan sido observados por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para llegar a la conclusión de remover al jefe nacional de Migración. Dijo que solo permanecería hasta diciembre, luego sería relevado por el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón.

Pero terminó el 2024 y ahí sigue, ahora con la muerte del agente Luis Alberto Olivas García cargada a su largo historial de desgracias impunes. No llevó Garduño a Olivas al cerrito de Samalayuca donde fue masacrado, pero sí sus omisiones y las negligencias sistemáticas de sus incondicionales y/o cómplices en el negocio pollero, la delegada estatal de la institución, Esther Martínez y la segunda al mando, Zaira Carrasco.

No se ve para cuándo concrete la presidenta los relevos indispensables de todos ellos ni estrategia alguna para poner orden en el anárquico, peligroso, fatal, flujo migratorio. Garduño parece tener comprada la institución por otros seis años.