-"Chucho", Julión y el cártel de las cuatro letras

--Visita sigilosa de Maru a la Torre Centinela

-Esperan el golpe Estado y Municipio

-Cargan turistas de avión prebenda a cruceros

La macabra foto recortada de Jesús Pérez Alvear, asesinado en la Ciudad de México a principios de diciembre del año pasado, dio la vuelta al país y generó cierto revuelo en las instancias de seguridad que siguen los rastros financieros dejados por los cárteles de la droga.

Ejecutado en un restaurante de Polanco, “Chucho” Pérez, como era conocido en los bajos mundos, estaba vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, el cártel de las cuatro letras, le dicen) formado por especialistas en el oportunismo que igual se alían o pelean con el Cártel de Sinaloa y otros a lo largo y ancho del país, de acuerdo a las conveniencias o coyunturas.

Era “Chucho” un operador financiero de ese grupo criminal, de acuerdo con los despachos informativos extraoficiales que hemos conocido tras el asesinato ocurrido el día cuatro de ese mes, crimen que rápidamente fue sepultado entre la avalancha violenta de todos los días en el país.

Pero además de eso, aseguran que era un testigo colaborador de Estados Unidos. Había conseguido un acuerdo con la autoridad extranjera para no ser procesado penalmente.

Lo que ha sido conocido desde su muerte hasta la fecha, es que en abril de 2018, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU señaló a Pérez como "narcotraficante especialmente designado", por lavar dinero del clan de "Los Cuinis", con operaciones fuera de Chihuahua, pero sí en otras entidades clave para los cárteles que dominan en el estado.

Poco después, la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República le inició una averiguación por lavado de dinero, pero al parecer el cierre de cualquier procedimiento en México también habría sido gestionado por los estadounidenses.

Pérez Alvear, quien siempre estuvo en México, acordó con funcionarios estadounidenses una solución a su situación legal e incluso se reunió con funcionarios de la Embajada de EU; después, presumiblemente, el cártel de las cuatro letras lo encontró y ajustó cuentas.

A un mes de lo ocurrido en Polanco, lo que es poco o nada conocido es que, hasta hace unos años, era “Chucho” el que directamente promovía y negociaba presentaciones de uno de los favoritos del espectáculo tanto en Juárez como en Chihuahua y otras localidades importantes, el chiapaneco Julión Álvarez, con muchos antecedentes de éxito aquí en la entidad.

Combinaba, dicen, el negocio del lavado para el cártel y los espectáculos, no nada más con los promotores de Julión, sino con otros cantantes como Gerardo Ortiz, “El Paciente” atacado a balazos en Parral, hecho por el que no volvió a Chihuahua hasta unos 10 años después.

Para el tiempo de los “Prófugos del anexo”, la famosa última gira de Ortiz y Julión, “Chucho” ya estaba fuera de combate, pero antes era el boletero, promotor y presunto “lavador” oficial.

El dato pone de relieve, pues, lo material que hay detrás de la narcocultura musical que sigue presente y vigente en el estado y todo el país, además de la inmensa e inimaginable estructura de los cárteles, que con facilidad penetra a negocios legítimos.

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Hoy lunes andará por Juárez, en visita sigilosa, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván; la esperan, nos aseguran, por lo que será la obra más grande de su gestión, la Torre Centinela.

Viene la mandataria a la frontera con el propósito central de grabar algunos spots promocionales, en la avanzada construcción de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que ya comienza a notarse desde diferentes puntos de la ciudad.

Desde ahora, la gobernadora prepara los anuncios de cara a su tercer informe de gestión, que será presentado en marzo en la ciudad de Chihuahua y, suponemos, orientará la estrategia del segundo tramo de su sexenio, fase política importante porque es definitiva para la sucesión.

De paso por Juárez, sin duda le dará Maru una repasada al trabajo desarrollado estos meses por parte de sus representantes aquí, algunos de los cuales traen buenos resultados, otros no tanto; ya es sabido de sobra quiénes son unos y quiénes los otros.

Pero, por ahora, la parte central de la visita estará enfocada en los spots. No descartemos sorpresas de cualquier modo, también vendrá el Fiscal General, César Jáuregui y otros funcionarios.

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Desde la designación del priista Enrique Serrano como director del Consejo Estatal de Población (Coespo), la administración municipal juarense, más allá de su marcada filiación morenista, entabló comunicación con Palacio de Gobierno.

Esto tiene que ver con un tema en específico: el nuevo golpe que viene para los gobiernos municipal y estatal con la migración, que podrá cercar la frontera tanto por el sur como por el norte, de concretarse el plan de deportaciones masivas con el que ha amenazado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El nombramiento del juarense Serrano Escobar en Coespo, organismo estatal con nuevas atribuciones en materia de migrantes, fue entendido como una respuesta emergente al problema no solo está en puerta, sino encima de la entidad y particularmente de la frontera.

A partir de ello, las administraciones de Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar han avanzado en la planeación de la atención extraordinaria que, los días previos y posteriores al 20 de enero, cuando asume Trump, requerirá el fenómeno migratorio.

Del nivel federal, con un Instituto Nacional de Migración que sigue sin avanzar en el cambio de titular prometido, es poco lo que ambos gobiernos pueden esperar.

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En edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, minutos antes del nuevo año que recién comenzó, fue publicado un decreto de la Secretaría de Hacienda que le otorga una exención del 100 por ciento en el pago de un derecho que causó mucha polémica hace un par de meses y que afecta particularmente a los grandes puertos del país.

A partir del primer minuto del 2025 y hasta el mes de junio, las personas que ingresen en cruceros turísticos no pagarán el derecho que establece la ley federal respectiva, a partir de una muy reciente reforma publicada apenas el 19 de diciembre.

Los turistas que llegan en cruceros tenían una exención del pago de los cerca de 800 pesos que sí pagan los turistas que llegan vía área, consistente en cubrir los servicios migratorios prestados por el país.

Pues hubo muchísimo ruido. Alzaron la voz los turisteros de dichos puertos, en Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, por ejemplo, y lograron en solo 10 días tumbar momentáneamente el decreto presidencial.

El argumento es que “el turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país, generando importantes fuentes de ingresos, empleo y divisas; asimismo fortalece la integración cultural y el posicionamiento del país en el ámbito internacional”.

El problema es que la medida no es pareja. El estado de Chihuahua no tiene puertos marítimos para recibir cruceros, pero sus aeropuertos reciben miles de turistas que realizan una derrama importante para el desarrollo de esta frontera y de los demás municipios de la entidad, particularmente la Sierra Tarahumara con sus grandes atractivos.

Existe entonces la misma razón que con los turistas que llegan vía crucero, solo que aquellos han podido levantar la voz más fuerte, con el ingrediente de que constituyen una base electoral importante.

Ahí es donde estaría la explicación de la determinación de continuar favoreciendo el turismo en aquellos lugares y cargando el pago de derechos al resto del país, que como Juárez y Chihuahua carece de una playa atractiva para turistas.

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