Aquella frase popular que hablaba de la paz de los sepulcros para referirse a la dictadura porfirista es oportunamente aplicable a la relativa paz sobre los sepulcros clandestinos que de forma grotesca aplica el crimen organizado en el noroeste de Chihuahua.

La funesta práctica es adjudicada específicamente a los líderes delictivos Jesús “El Chuy” Arzate, y Ariel Flores López, alias “El Güerito”, señalados por corporaciones de seguridad, por un testigo protegido y por uno de sus jefes de sicarios detenido, como autores intelectuales de más de 70 personas desaparecidas, asesinadas y los cuerpos enterrados en burdas fosas clandestinas para no “calentar la plaza”, para simular paz en “su territorio”.

Durante los últimos días, los servicios forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se han dado abasto para desenterrar huesos y restos de 70 personas que por una u otra razón sufrieron el infortunio de caer en manos despiadadas.

El exterminio de personas allá no tiene precedentes. Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Galeana, Janos y Casas Grandes siguen sometidos a un martirio sin fin que no cesa ni es frenado aunque los hechos ahí ocurridos indignen y estremezcan al mundo, no solo al país, a Chihuahua ni a la región. Algunas autoridades ni así se tibian.

Lo mismo son masacrados los niños y mujeres de una comunidad mormona que desaparecidas al menos dos centenas y media de personas, la inmensa mayoría de ellos levantadas y también casi todas asesinadas por febriles mentes delictivas que sospechan hasta de su sombra y cometen atrocidades incalificables aun contra inocentes.

Un testigo protegido aprehendido hace poco tiempo en los Estados Unidos y entregado a las autoridades ministeriales de Chihuahua, y un mando criminal mediano detenido por militares mexicanos en la región noroeste también hace poco, han permitido dar con el infeliz destino de casi 80 de las más de 240 personas con reporte de desaparición desde el 2018.

No había en proceso investigaciones policiacas serias, de fondo, para su localización a pesar de los montones de pesquisas lanzadas por las comisiones oficiales de búsqueda. Solo hasta ahí llegaban.

Solamente gracias a las confesiones de los dos líderes delictivos capturados, el testigo protegido cuyo nombre no ha sido revelado; y Pablo M. R., alias “El Peluchín”, fueron ubicadas cerca de 35 fosas en poco más de un mes donde permanecían los cuerpos de decenas de personas. Increíblemente tétrico. En el segundo caso fueron militares quienes arrancaron del detenido los puntos donde fueron localizadas las fosas.

Muchos de los restos estaban esqueletizados, otros no tanto, y otros más todavía eran cuerpos recién privados de la vida, como los identificados choferes de tráileres, Gerardo Pino Cárdenas, Juan José Muñoz Bastidos y Ángel Hernández Escobedo, los tres de entre 47 y 55 años de edad y los tres torturados y desmembrados con saña incomparable. Fueron reportados como desaparecidos por sus familiares apenas el siete de enero pasado.

Eso ratifica que los grupos delictivos de aquella zona tienen por siniestra costumbre levantar a sus víctimas, asesinarlos y arrojar los cadáveres en rústicos agujeros. Su propósito era precisamente evitar que se les calentara la plaza con homicidios públicos y estruendosos sin reparar en que la familia de cualquier desaparecido (a) no descansa hasta recuperar aunque sea restos de su ser querido o seres queridos.

Tardarán bastante tiempo los médicos forenses de la Fiscalía General del Estado en el proceso para identificar al resto de los muertos, pero al menos 70 o más familias descansarán de su riesgoso peregrinaje en la búsqueda de los ausentes.

Los líderes criminales optaban por la inhumación clandestina sí por evitar los reflectores de la cobertura periodística mediática, pero igualmente ciertos actores gubernamentales eludían, y siguen eludiendo, la búsqueda a profundidad para impedir el incremento en las estadísticas de homicidios. Siniestra, irresponsablemente absurdo, pero así es.

Las narcofosas fueron halladas no en los procesos comunes de búsqueda de personas desaparecidas, sino, recordemos, porque policías de Estados Unidos arrestaron a un involucrado en las desapariciones y porque los militares que operan en el noroeste sostuvieron un fortuito enfrentamiento contra “El Peluchín” y sus sicarios que los llevaron a completar parte de los tristes narco-cementerios.

“El Peluchín” fue consignado automáticamente a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que ha resistido con todas sus fuerzas abrir carpetas de investigación por delincuencia organizada contra los jefes de los dos que aportaron la información de las narcofosas, “El Chuy” Arzate; encargado de la región de Ascensión, mejor conocido como “La Chona”; y “El Güerito” Flores, jefe delictivo de la zona de Nuevo Casas Grandes (NCG).

Si la FGR y el gobierno federal hubieran hecho su trabajo oportunamente, muchas de las más de 250 desapariciones y asesinatos no hubieran ocurrido, y quizá ni los asaltos cotidianos que sufren traileros y conductores transportistas de populares marcas, ni las extorsiones a casi todos los comerciantes, ni a los municipios aludidos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Ascensión y Janos. La paz es relativa en materia de crímenes, pero son muchos otros delitos los cometidos contra la población.

Suponiendo sin conceder que la Fiscalía General de la República desconociera el andamiaje delictivo en aquella localidad, no hay duda que lo sabe al revés y al derecho porque atrajo precisamente las investigaciones sobre la masacre de los nueve miembros de las familias Miller-Langford: Rhonita Maria Miller (30 años de edad), Howard Jacob Miller, Jr. (12 años), Krystal Bellaine Miller (10 años), Titus Alvin Miller (ocho meses), Tiana Gricel Miller (ocho meses), Christina Marie Langford Johnson (29 años), Dawna Ray Langford (43 años), Trevor Harvey Langford (11 años) y Rogan Jay Langford (dos años). Murieron ferozmente acribillados a principios de noviembre del 2019.

Entre policías federales, ministeriales del estado, Ejército y Guardia Nacional, ha detenido a decenas de autores materiales e intelectuales de ese multihomicidio que no han aportado solo información respecto de la manera que ocurrieron los hechos y porqué cometieron los asesinatos, sino que han revelado gran cantidad de información sobre la estructura del grupo delictivo al que pertenecen.

La federación no ha movido un dedo fuera del caso específico de la masacre. No ha hecho nada con esos datos obtenidos, ya para desarticular a las numerosas células delictivas que operan en la región, o ya para impedir que actúen de la forma tan aterradoramente impune que lo han seguido haciendo después de la masacre. Las pruebas han quedado hoy literalmente expuestas a flor de tierra.

El régimen de López Obrador no hizo nada, ni siquiera aceptar aquel controversial ofrecimiento hecho por el entonces y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras el asesinato de los Miller-Langford:

"Si México necesita o solicita ayuda para acabar con estos monstruos Estados Unidos está listo, está dispuesto y es capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva".

La autoridad estatal que representaba en 2019, Javier Corral Jurado, no fue capaz de enviar un helicóptero para ayudar a la familia atacada, menos de iniciar las investigaciones obligadas contra los responsables cuyo centro de operaciones es la zona noroeste chihuahuense ya mencionada.

El descubrimiento de las narcofosas es como si no hubiera existido la tragedia contra la familia de mormones. Ninguna medida oficial efectiva fue puesta en marcha para iniciar el regreso de la anhelada paz a la región; todo lo contrario, siguen cabalgando el terror y la muerte, y seguramente también la impunidad, pues no creemos que vengan detenciones en busca de alcanzar justicia para los más de 70 arrojados a las improvisadas tumbas.