-De cero a 100 ejecutados en unos días
-Otros 20 millones para cuarentenarias
-Hasta Claudia perdió control de la agenda
-¿Habrá elecciones judiciales extraordinarias?
Janos y Ascensión registraron cero homicidios violentos en todo el año pasado; es curioso, ni una sola ejecución en un estado que por años ha rebasado las dos mil incidencias, la mayoría concentradas en los grandes centros urbanos como Juárez y Chihuahua.
Nuevo Casas Grandes apenas tuvo seis asesinatos en los 12 meses de 2024; Casas Grandes uno y así aparecen algunos municipios, en cero o muy cerca del cero, como Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Matachí, hasta toparse con las extensas zonas en guerra de Madera y Cuauhtémoc, en la vasta región noroeste del estado.
El tema viene a cuento por una vieja polémica, revivida en estos días en las mesas de seguridad regionales: en cuestión de ejecutados ni son todos los que están, ni están todos los que son en la estadística oficial que reporta la Fiscalía General del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las narcofosas en las que han sido encontrados, hasta ahora, restos presumiblemente de más de medio centenar de víctimas de asesinato, disparan esas cifras oficiales de homicidios violentos, no contabilizados durante años por estar escondidos en otra numerología de la violencia: las desapariciones a causa de levantones de cientos, miles de personas que en algunos casos jamás aparecen. Ni vivos ni muertos.
Los hallazgos, por casualidades e investigaciones que hemos reseñado los últimos días, exhiben la realidad que se oculta tras la aparente calma de esos municipios extendidos por el desierto, donde el crimen domina a tal grado que puede mantener esa pax narca, como han denominado los analistas a esa paz impuesta por los acuerdos entre delincuencia y gobiernos, para simular tranquilidad.
Las narcofosas, algunas con cadáveres frescos arrojados por quienes saben que pueden usar el desierto como panteón clandestino sin consecuencia alguna, destaparon además de restos humanos algunas inconformidades por las investigaciones que tardan años en dar resultados.
Pero si en Juárez el narcopanteón de El Sauzal -usado en varios meses y casos desde 2023 y buena parte del año pasado- apenas fue puesto bajo control después de recurrentes hallazgos, nada puede esperarse de esas grandes extensiones de tierra en el desierto o las serranías de esos municipios.
Por ahora, la casi desaparecida Fiscalía Zona Noroeste, al mando de Alejandro Vargas, tiene a buena parte del poco personal en labores de apoyo, con refuerzos de Juárez y Chihuahua; igual, el director general de Servicios Periciales de la FGE, Javier Sánchez Herrera, dispuso a casi todos los especialistas en antropología forense para el levantamiento de restos y su identificación.
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Aunque el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, le regatea los méritos a quienes hicieron el trabajo para lograr la reapertura de la exportación del ganado, la realidad es que no salió barato a los ganaderos ese reto.
Se supone que es cosa de días para que se abra y normalice el proceso de exportación de animales en pie, pero, si bien la Sader encabezó las gestiones y los trabajos, a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), al mando de Álvaro Bustillos Fuentes, le pegó con unos 20 millones de pesos de su presupuesto, dado que debieron hacerse modificaciones en los cruces.
La organización ganadera le entró con obras de infraestructura en las cuarentenarias de Jerónimo-Santa Teresa; Ojinaga-Presidio y Palomas-Deming, de acuerdo a las especificaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con el fin de reactivar la exportación.
El nuevo protocolo hace más rigurosas las revisiones del ganado, a causa de los casos de gusano barrenador detectados en el sur del país por la laxa importación mexicana.
De ahí que la unión debió desembolsar de sus cuentas lo necesario para mejorar las instalaciones; no por nada, las estaciones de Chihuahua, por donde además cruza ganado de otros estados, podrían ser las primeras en reactivarse.
Parece una cantidad menor, nada en comparación con las pérdidas que rondan o superan los 400 millones de dólares por el cierre de la frontera desde el 25 de noviembre del año pasado, pero cada peso de la UGRCH cuesta mucho ganarlo.
Esperemos, pues, que la reapertura se logre ahora que han sido superadas todas las barreras y que nadie trate de colgarse el milagrito. En especial nadie del Gobierno federal, causante de un problema al que tardó dos meses en darle solución.
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No hay recursos etiquetados en los presupuestos federal, estatal y municipal que alcancen para atender la contingencia de las deportaciones masivas, escandalosamente anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien comenzó recargado su segundo periodo el pasado lunes.
Es por eso, según quienes conocen el manejo de los dineros públicos, que sin mayores discusiones le entraron a trabajar de la mano y coordinados la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, con la gobernadora Maru Campos y el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.
Hasta en la capital del estado, nos aseguran, el alcalde Marco Bonilla fue llamado a colaborar por Palacio de Gobierno, en la atención de la oleada migrante esperada ahora a la inversa, de Estados Unidos al sur, pues ya hubo visos de que la administración de Trump va en serio con las deportaciones.
La reacción mexicana en la primera semana del presidente estadounidense fue veloz, quién sabe si efectiva, pero rápida. Trump marcó su ritmo no solo en México, sino en buena parte del mundo, con el poder que tiene como presidente de la mayor potencia militar y el mayor mercado consumidor del globo.
Es más, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum perdió el control de la agenda pública nacional marcada por las conferencias mañaneras, que desde 2018 su antecesor puso en marcha. Así que no era para menos.
La semana que comienza ahora pasará de la discusión pública de los temas que imponga Trump a la operatividad en tierra de la estrategia “México te Abraza”, la anunciada en Juárez días atrás, que implica colaboración de todas las instituciones nacionales, estatales y locales.
La mayor carga la tendrá la Secretaría del Bienestar, con el apoyo de los gobiernos municipal y estatal. El reto mayor está en la atención digna y humana de los deportados mexicanos o de otras nacionalidades, pero hay un punto que genera algo de alerta, el de la seguridad.
La previsión es que vendrán migrantes con antecedentes delictivos en sus países de origen e incluso en México, por lo que ellos deberán ser detectados y procesados por las instancias de seguridad de nivel federal, con apoyo de las estatales.
Hay mucha expectativa por lo que viene en la operatividad de la estrategia, más allá de las discusiones políticas.
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A cinco meses de que deban realizarse las elecciones de magistrados y jueces estatales, a la par de jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya empieza a manejarse la idea de que, muy posiblemente, deba haber procesos extraordinarios.
Al cierre del plazo para inscribirse a esta contienda, entre el grupo de notables que integró el Congreso del Estado para conformar el Comité de Selección -Pamela Quiñonez Loya, Alfredo Issa Holguín, Laura de las Casas, Yazmín Rivera Castillo y Héctor Terrazas- ganó la incertidumbre sobre lo que habrán de realizar.
No es trabajo del comité, propiamente, la parte organizativa del proceso, sino validar los perfiles de los aspirantes. Sin embargo, ya empezaron a batallar hasta para clasificarlos por los 14 distritos judiciales y puestos a los que aspiran, dados los pocos registros en algunos casos.
Fue por eso que desde el fin de semana empezó a correr la especie de que tal vez el primero de junio no puedan elegirse todos los cargos por vacíos en la convocatoria, al margen de que el Tribunal Estatal Electoral deba trabajar horas extra en dirimir controversias que se presenten, sobre todo antes de la jornada electoral.
¿Tendrá que haber elecciones extraordinarias de jueces y magistrados? ¿Alcanzará el presupuesto -tasado en unos 380 millones de pesos en este proceso de elección judicial- para esta previsión o el Instituto Estatal Electoral deberá requerir un pellizco más?
Así, sigue siendo la incertidumbre la marca de un proceso que inició con tumbos y por lo visto concluirá igual en unos meses... o hasta finales del año.
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