“Las acciones llevadas a cabo durante la entrega de estos 29 peligrosos criminales representan un golpe para debilitar las estructuras del crimen organizado que operan en varios países”
El pasado 27 de febrero, el gobierno mexicano hizo entrega de 29 personas vinculadas con el crimen organizado, entre las que se encuentran Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” y líder del Cártel de Juárez; Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Esta entrega es histórica dentro del marco de cooperación entre México y Estados Unidos. Aunque, como siempre, algunos sectores de la oposición al gobierno de la 4T insisten en decir que esta acción tiene que ver con las presiones de Donald Trump hacia el gobierno de México, la realidad es que responde a un mecanismo de colaboración llamado Entendimiento Bicentenario, firmado en octubre de 2021, el cual rige la relación bilateral en temas de seguridad.
El Entendimiento Bicentenario, firmado entre ambos países, es el mecanismo de colaboración más actualizado y amplio en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, y sustituyó a la conocida Iniciativa Mérida. Este mecanismo privilegia un enfoque basado en la prevención del delito, el fortalecimiento del Estado de derecho y el combate a las adicciones. Las acciones llevadas a cabo durante la entrega de estos 29 peligrosos criminales representan un golpe para debilitar las estructuras del crimen organizado que operan en varios países.
Por todo lo anterior, debemos entender que la entrega de personas buscadas por la justicia estadounidense no se basa en caprichos o demandas de carácter político ocasional, sino en tratados internacionales. Estas personas, entregadas a Estados Unidos, tenían cargos pendientes en ese país, lo que hace válido el proceso de extradición de acuerdo con los tratados vigentes. En ese sentido, presentar esta acción como un retroceso en la demanda de soberanía nacional solo significa ignorar el marco legal de este tipo de operaciones.
Además de ser un hecho histórico, la entrega de estas 29 personas permite desmantelar las redes criminales que operan en ambos territorios, debilitar su capacidad de acción y financiamiento, así como fortalecer la cooperación bilateral y la lucha contra el tráfico de personas, drogas y armas.
Para México, esta acción reduce la posibilidad de violencia derivada de la presencia de estos criminales en prisiones nacionales. La experiencia ha demostrado que la reclusión de estos delincuentes genera fugas, motines y corrupción en el sistema penitenciario. Estas amenazas se ven disminuidas, lo que permite concentrar los esfuerzos en desarticular otras estructuras criminales. Para Estados Unidos, recibir a estos criminales significa avanzar en la rendición de cuentas y demostrar a la opinión pública que hay acciones concretas en la lucha contra las drogas, además de garantizar procesos sin irregularidades.
Otro factor importante, que la oposición convenientemente “olvida” mencionar, es que el actual sistema judicial mexicano mantiene procesos abiertos contra estos criminales desde hace años sin una sentencia firme, lo que evidencia un problema estructural que urge reformar. Una justicia lenta no puede considerarse justicia y, cuando existen procesos tan prolongados, se abre la puerta a manipulaciones políticas y actos de corrupción.
Contrario a lo dicho por la oposición, la extradición de criminales conforme a los tratados internacionales vigentes es una muestra de la determinación de México para actuar con autonomía en el combate al crimen. Este tipo de operaciones responde a los intereses nacionales y al desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado, prioridad del gobierno mexicano en materia de estabilidad y seguridad. Asimismo, es necesario que esta cooperación se mantenga bajo condiciones de respeto mutuo y sin interferencias políticas, basándose en la reciprocidad y la confianza.
La extradición de estos 29 individuos es un paso en la lucha contra el crimen y la inseguridad, y no debe considerarse como una cesión ante Trump ni como una muestra de debilidad. Si queremos una justicia real y eficaz, es necesario fortalecer nuestras instituciones y asegurar que las decisiones se tomen con base en el interés nacional. Cada vez que México actúa con firmeza y autonomía, reafirma su soberanía y avanza hacia un país más seguro.
