-Mil 200 pesos por visita en el Cereso 3

-Presiona Cuauhtémoc por reformas estatales

-Van por pensión completa ministros en retiro

-Favorece a Trump cierre de gobierno

El gran negocio al interior del Cereso estatal 3 lo representan las visitas; cuestan alrededor de mil 200 pesos, y bajita la mano, son unas 700 visitas diarias, lo que significan 840 mil pesos cada día.

De ese tamaño colosal es parte de los muchos negocios desarrollados al interior de ese peligroso penal que fue objeto de un reventón más entre la noche del lunes y la madrugada del martes por parte de policías estatales y militares del Ejército y la Guardia Nacional.

Igual que siempre en este tipo de operativos, los elementos de seguridad hallaron una gran cantidad de artículos prohibidos, detallados en números e imágenes oficialmente distribuidas por el área encargada de operar los Ceresos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En las fotografías pueden ser vistos decenas, centenas de puntas, cuchillos y otro tipo de “armas blancas”, bocinas, hieleras, abanicos, gorras y muchos otros artículos hasta los que se supone no prohibidos como cuadros elaborados por los reos e imágenes religiosas católicas, de la santa muerte y hasta algunos diablos.

De ninguna forma sorprenden esos decomisos ni tampoco que los reos sean despojados de los artículos que no son armas cuando pagaron sobornos para haberlos ingresado. Lo obvio no requiere de mayores pruebas que las fotos tomadas por las autoridades.

Es mucho el dinero que debió ser pagado por los reos y/o sus familias y/o sus abogados para contar adentro con bocinas, hieleras, teléfonos celulares y demás etcéteras pero la auténtica joya del negocio no es todo eso sino el pago obligado por las visitas, nos aseguran testigos del interior del penal.

En el Cereso hay internadas aproximadamente cuatro mil 500 personas, de las cuales al menos 700 de ellas reciben cada día algún tipo de visita, la cual está valorada en al menos mil 200 pesos por cada una. Lo otro es negocio “modesto” pero esto es “lo máximo” para los encargados del Cereso, dicen los muy conocedores de cómo se mueve el agua en ese submundo.

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Estrenado como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), el morenista Cuauhtémoc Estrada evidenció el escaso trabajo del Legislativo, en particular con las reformas constitucionales que deben armonizarse a nivel local.

En la numeralia presentada por el juarense, han sido 21 modificaciones a la Constitución de México las promovidas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobadas por el Legislativo Federal (Cámaras de Diputados y Senadores), unas más polémicas que otras, pero todas necesarias, según la visión de la aplanadora morenista.

Del total, 10 no requieren de mayor trámite legislativo local; dos fueron armonizadas en su momento, la reforma judicial y la de protección animal; y nueve no ha sido adaptadas ni incorporadas a la Constitución del Estado, para cumplir con el mandato reformista federal.

“Nueve pendientes. Entiendo que son muchas. Si me pregunta las razones, pues no las podría a lo mejor explicar con detalle (...) lleva a la reflexión y nos obliga como Congreso y también como diputados y diputadas y como bancada a sacar los pendientes de esas nueve”, expuso ayer Estrada Sotelo, en lo que aparece como el derrotero del grupo parlamentario y de su gestión como cabeza de la Jucopo.

En el plano local, esos planteamientos van a generar debate, en particular cuando empiecen a ser tocados los intereses de los partidos, como con la esperada reforma electoral.

Las normas antinepotismo y para evitar la reelección -aprobada en México un siglo después de instaurado el principio revolucionario que la prohibía- pegarán en diputados locales y federales, alcaldes, regidores y síndicos, entre otras modificaciones que vienen, serán tema de la agenda legislativa.

Además, esos pendientes que son alta prioridad de la 4T habrán de presionar a los legisladores de todas las bancadas, que hasta el momento nadie sabe para qué han servido, más allá de algunos espectáculos por desacuerdos, abandono de sesiones y ligeros choques por asuntos intrascendentes.

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Si bien la renovación del Poder Judicial en México levantó grandes expectativas en la población, la realidad es que a los añejos problemas de saturación de expedientes y decisiones controvertidas se añaden nuevos conflictos, algunos a resolver a corto plazo.

Resulta que ahora el Órgano de Administración Judicial (OAJ) suspendió el pago de una pensión complementaria a cerca de 850 personas juzgadoras que declinaron participar en la elección del dos de junio, por lo que habrían convocado a una manifestación en las afueras de la OAJ, en la ciudad de México.

La medida afecta a ministras, ministros y personal en retiro de las 32 entidades federativas, por lo cual habrá qué ver reacciones de quienes se encuentren en esta situación en Chihuahua.

De acuerdo con los afectados, la decisión de no pagar ninguna pensión complementaria les fue comunicada vía telefónica por parte de personal subalterno de la OAJ.

Solamente argumentaron que el asunto se estaba evaluando por temas presupuestales, pero que no habría ninguna notificación oficial

El asunto hay que contextualizarlo en el anuncio de que, en el presupuesto para 2026, la Cámara de Diputados, mayoritariamente morenista, alista la tijera para realizar recortes drásticos a los organismos electorales y al Poder Judicial.

Según declaró el líder de la mayoría en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, el Poder Judicial había solicitado 15 mil millones de pesos adicionales, pero como la petición fue formulada desde la administración pasada, habrá “un ajuste a la baja”.

De acuerdo con el planteamiento de Monreal Ávila, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en niveles similares a los de este año, alrededor de 70 mil 983 millones de pesos.

Al INE tampoco le irá mejor, pues había pedido las pelas de la virgen con los 27 mil millones de pesos del ejercicio 2015, pero para el siguiente año se lo reducirán en por lo menos 5 mil millones de pesos.

A la Presidenta Sheinbaum le incomodó que una reportera le preguntara si iría a instruir al nuevo Presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, para que pagara esos pendientes, pues, dijo, ahora se trata de un poder independiente, lo que a todas luces, no se ve, ni se siente.

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Muy conveniente para el presidente Donald Trump, resultará el cierre del gobierno. Al menos en algunos temas como un retraso en los juicios que su administración lleva en los tribunales, como el caso de los aranceles, que ya fueron declarados ilegales y actualmente se litigan en las cortes.

También será de ayuda, que el reporte de empleo del viernes, no se dé a conocer y que se espera, sea decepcionante, incluso negativo.

De igual manera, la caída del dólar sigue su curso. Eso es algo que Trump ha impulsado desde el día uno de su gobierno y que tiene amplios efectos alrededor del mundo. A Estados Unidos, le favorece por razones como pagar deuda con una moneda que vale menos, un incremento de las exportaciones y un estímulo a su sector productivo.

Como se ve, al gobierno de Trump, le cae como anillo al dedo una paralización de actividades, pues además le da tiempo para definir donde seguirá aplicando tijera para eficientar el gasto del presupuesto nacional.

Muchos que se quedan a laborar, habrán de sufrir por retrasos en sus pagos nominales. El resto, que enviaron a casa a descansar, recibirán días favorables al placer y al cuerpo, sabiendo que una vez que concluya esto, unos y otros recibirán su cheque retroactivo.

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Se defendió como pudo la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en su intervención ante el Senado el pasado martes, dentro del calendario de comparecencias de la Glosa del Primer Informe.

Los temas no fueron menores, sufrió tremenda zarandeada sobre el “huachicol fiscal” y el siempre polémico, y cada vez más estorboso para la 4T, Adán Augusto López, el padrino incómodo de Chihuahua.

“No tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales” respondió sin convencer.

Dejó en el aire preguntas punzantes de panistas y priistas sobre el huachicol fiscal.

La Secretaria repitió lo de siempre, que la investigación sobre ese delito surgió del propio Gobierno y que no ha concluido. “Hay bastantes personas van a ser procesadas de manera inmediata. No se va a permitir la impunidad, habrá consecuencias. No nos vamos a cruzar con los brazos cruzados”. Bla, bla.

Seguramente Omar García Harfuch estuvo tomando nota, porque habrá preguntas más allá de quisquillosas, por decir lo menos, cuando le toque su turno al bat, el 22 de octubre.