Opinión
Sábado 11 Oct 2025, 06:10
OPINIÓN
Pertenece “El Perris” a “la mesa” de La Empresa
Muy poco se sabía públicamente sobre la importancia de Juan Rafael Z. L. Alias “El Perris” en la estructura del grupo delictivo La Empresa hasta su detención por elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros y el Ejército Mexicano, ayer durante la mañana en el exclusivo fraccionamiento Fuentes del Valle
La Columna de El Diario
-Pertenece “El Perris” a “la mesa” de La Empresa
-Otra emboscada a un jefe estatal y sus escoltas
-En vilo cuatro maquilas aquí por préstamos
-Triunfo de Sheinbaum…en Perú
Muy poco se sabía públicamente sobre la importancia de Juan Rafael Z. L. Alias “El Perris” en la estructura del grupo delictivo La Empresa hasta su detención por elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros y el Ejército Mexicano, ayer durante la mañana en el exclusivo fraccionamiento Fuentes del Valle.
Tiene “El Perris” fachada de rudo pero su función en La Empresa no está en el sicariato, ni en las extorsiones, ni en los secuestros; vaya, ni siquiera en uno de los fuertes del grupo, el tráfico de personas, sino en la operación financiera y la recepción y despacho de la cocaína distribuida en la mayor parte de la ciudad.
Por eso ayer fue sorprendido con 100 mil dólares en efectivo y cuatro kilos de cocaína en ladrillo y en “piedras” preparadas para su venta con todo y sellos distintivos “carnales”, una mano derecha con el dedo índice apuntando hacia arriba y en el dorso pintadas cerezas de distintas formas y despachadores de dulces del tipo de tienda de abarrotes.
No quedó claro en los comunicados oficiales de las policías y de los militares cómo fue agarrada la punta de la madeja para llegar hasta él pero desde siempre supieron que formaba parte de “la mesa” de La Empresa, el “órgano” directivo del grupo criminal encabezado por “El 300”, René Gerardo G. S. y uno de sus hermanos.
También le tenían echado el ojo las corporaciones de seguridad norteamericanas justo por el tráfico de cocaína, así que es posible luego venga proceso de extradición, de esos estilo Trump, fast track.
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Quedó oculta por peores hechos de sangre recientes, pero otra emboscada en Nuevo Casas Grandes contra agentes de la Policía Estatal quedó registrada el pasado viernes, con un saldo blanco, por fortuna, pero un grave mensaje del poderío criminal.
Un inspector jefe y cuatro escoltas de la misma corporación -establece el reporte- fueron emboscados por un grupo de decenas de hombres armados, quienes sometieron a los elementos, los desarmaron, regañaron y los regresaron por donde llegaron.
No ha quedado claro qué hacía ese mando de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en un domicilio y sus elementos de custodia personal, pero es muy posible, de acuerdo a las versiones que circulan entre la tropa, que anduviera en algún asunto extrapolicial.
Algunos sostienen que hacía una revisión domiciliaria sin la necesaria orden judicial, pero nadie ha informado de manera oficial cuál era la actividad desempeñada por el inspector y sus escoltas, en plena zona urbana del caliente pueblo de NCG.
En instantes, los policías fueron cercados por más de 20 hombres armados, que con sus vehículos, más de 10, los cercaron en el domicilio. Los obligaron a bajar las armas y a entregarse, pero les perdonaron la vida, después de una supuesta regañada.
Desde Juárez, fue enviado un operativo tras el reporte de emboscada, pero más bien con ganas de encontrar a los responsables, a juzgar por la falta de resultados.
Así, sin bajas qué lamentar, lo grave es lo que anduvieran haciendo dicho inspector y sus escoltas, así como el poderío criminal nuevamente demostrado, en una región de narcofosas, desapariciones, ejecuciones y ataques impunes a policías, como el anterior sufrido por el comandante de la Policía Ministerial, Adolfo Lozoya, quien al parecer va a pasar de víctima a indiciado, según nos comentan los investigadores de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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La quiebra de First Brands Group, proveedor estadounidense de autopartes con operaciones en varias regiones del país y vínculos industriales con México, encendió las alarmas en el sector manufacturero. Hoy arrastra una red de financiamiento opaco que es investigada por el Departamento de Justicia.
Su caída ha dejado en vilo al menos cuatro plantas proveedoras y cientos de empleos vinculados al suministro automotriz transfronterizo, incluido el corredor Juárez–El Paso.
Según documentos judiciales, First Brands accesó a créditos en lo oscurito, llamados “bancos en la sombra” que ofrecieron liquidez rápida, pero sin la supervisión regulatoria tradicional, creando una bomba de tiempo que estalló cuando los inversionistas comenzaron a cuestionar la veracidad de sus reportes contables.
Las maquiladoras locales podrían enfrentar retrasos o ajustes de contratos si los socios estadounidenses entran en reestructuración o cesan operaciones. Más allá del caso puntual, lo ocurrido con First Brands es una advertencia sobre los riesgos del financiamiento especulativo en la industria manufacturera.
La frontera norte, tan integrada al ciclo industrial de Detroit, vuelve a quedar expuesta a los temblores de malas prácticas financieras.
Cuando una pieza se afloja en Michigan, el ruido se escucha también en Juárez.
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Perú es un país que ha dado tumbos políticos en la última década. No es necesario irnos a la era convulsa de Fujimori. Tan solo de 2016 para acá ha habido seis presidentes con una duración en el cargo de año y medio.
Lo peculiar del tema es que el gobierno mexicano, particularmente el de la 4T, ha estado envuelto en esa polémica.
La supuesta política exterior de “no intromisión” en los asuntos de otros países es solo de dientes para afuera cuando no se trata de que afecten a México.
El jueves por la noche, el Congreso de aquel país destituyó a la presidenta, Dina Boluarte. La consideraron incapaz de contener la creciente criminalidad en el país.
La primera mujer en la presidencia del Perú había sustituido a Pedro Castillo, depuesto el 12 de diciembre de 2022 por pretender un “autogolpe de Estado”.
Castillo, el presidente populista que había sido destituido, ahora exige que lo repongan en el cargo. Es apoyado por la Cuarta Transformación, y en particular por Andrés Manuel López Obrador y la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El asunto, aunque esté muy largo por terminar, significa por lo pronto un triunfo, aunque temporal para el obradorismo, porque en el país de la gran cultura inca todo puede pasar.
La trama se hubiera prestado para otra gran novela del extraordinario escritor peruano, Mario Vargas Llosa. En su ausencia, tendremos que conformarnos con las reseñas internacionales y el contradictorio comportamiento de la diplomacia mexicana.
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Existen en la vida pública temas polémicos que generan enconadas disputas y en los cuales nunca podrá existir un consenso como son el aborto, la eutanasia, la adopción por parejas del mismo sexo, la legislación en el uso de la mariguana, por citar algunos.
Algo así es lo que introdujo el diputado local panista, Carlos Olson San Vicente, que ahora presume en redes sociales que Chihuahua es el primer estado que prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas.
Por lo pronto en La Mañanera, como era obvio, la Presidenta Sheinbaum, “Presidenta con A”, como ella misma se asume, expresó su descuerdo.
Ha sido un tema polémico que se acrecentó con los dichos de Vicente Fox cuando llamaba a “las chiquillas y chiquillos”.
Luego, en el auge de la equidad de género, se argumentó que debía distinguirse los géneros con “las” y “los”, aunque en la Real Academia de la Lengua se siga utilizando una sola denominación para ambos.
El asunto es ideológico, desde luego, y el mejor ejemplo es que en Estados Unidos el presidente Trump la ha tomado casi personal contra la ideología “woke”, o autodenominada progresista.
Lo de Olson no está claro. Propuso una ley que solo causará mayor división y polarización en Chihuahua.
En medios especializados en estos temas, aducen que lo que en realidad se le aprobó por unanimidad de Olson San Vicente es la adición de la fracción XXVIII al artículo 8 de la Ley de Educación: “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”, a lo que por supuesto nadie podría oponerse; lo demás es un batidillo que nadie entiende.