La noticia es contundente: para mitigar las inundaciones en Ciudad Juárez —un problema que cada temporada de lluvias cobra vidas, bienes y certidumbre— se requiere una inversión superior a los 5 mil millones de pesos. Esa cifra —más de la mitad del presupuesto municipal anual de 9,320 millones de pesos— no es una estimación maleable, sino el reflejo de la escala estructural de las deficiencias acumuladas.

No se trata de una obra menor, de parches coyunturales, sino de una nueva arquitectura urbana para contener el agua, redirigir cuencas y construir vasos de captación, canales y diques. Según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Juárez ya cuenta con 80 infraestructuras hidráulicas: 44 diques, 9 bordos, 24 alcantarillas y 3 vasos de captación, pero se necesitan al menos 20 más.

Lo grave no es solo la magnitud del monto, sino el hecho de que ese compromiso financieramente es casi imposible de asumir por el municipio solo. El director del IMIP admite que “esas obras son muy costosas y el municipio no las puede costear solo” y que ya se explorarán otros esquemas de financiamiento, como solicitar apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte u otros niveles de gobierno.

Las inundaciones no son un fenómeno estético, sino una fisura en el tejido social: arrastran autos, dañan hogares y destruyen pertenencias. En zonas como el norponiente, donde desciende el agua desde la sierra hacia el arroyo de Las Víboras, el riesgo es crónico. En el arroyo del Jarudo, la acumulación de aguas obliga a que el drenaje atraviese la ciudad por el Dren 2A, con consecuencias evidentes en barrios de menores ingresos.

La inundación “laminar” de la Laguna de Patos —un ascenso lento pero implacable— pone también en jaque a zonas menos visibles pero igual de vulnerables. Todo ello revela un rasgo estructural: la gestión del agua pluvial —que debería considerarse un servicio público básico— ha estado tergiversada por la imprevisión, la fragmentación administrativa o la simple postergación.

El costo social de no actuar —no solo económico— es altísimo. Las pérdidas materiales encarecen la vida cotidiana, socavan la confianza ciudadana, exacerban desigualdades y erosionan el capital político de quienes gobiernan. Y mientras las tormentas se intensifican —producto del cambio climático—, la magnitud de los eventos extremos exige respuestas más audaces.

Que la obra cueste más de la mitad del presupuesto anual municipal debe considerarse una crítica severa a la planeación urbana de décadas. No es admisible que una ciudad con el crecimiento que ha acumulado Juárez no tenga desde hace años un sistema de drenaje pluvial resiliente operando, mantenido y actualizado.

El estudio ya está hecho por el IMIP, el cual presenta 20 obras prioritarias al presidente municipal. No queda espacio para dudas: hay que asumir compromisos firmes, pactar fuentes de financiamiento externas (federales, estatales, bancarias), y garantizarlas antes de la temporada lluviosa.

También es indispensable que la sociedad civil exija transparencia: cuál será el calendario de ejecución, qué empresa hará las obras, cómo se fiscalizarán los recursos, qué mecanismos de mantenimiento continuo habrá. Que la infraestructura no se degrade al año siguiente. La pregunta que queda en el aire no es si habrá recursos, sino si habrá voluntad política y social para ejecutarlo. Y si no la hay, entonces estaremos ante otra crisis anunciada.