En Ciudad Juárez sabemos que la información no es un adorno de la democracia. Durante décadas, medios y periodistas han documentado la violencia que otros preferían ocultar, la complejidad de la migración y las malas decisiones de gobiernos municipales, estatales y federales. En una ciudad fronteriza el silencio informativo nunca es neutral, casi siempre beneficia al poder.
Por eso observo con preocupación los lineamientos federales sobre los llamados “derechos de las audiencias”. En el discurso oficial se presentan como protección frente a la mentira y la desinformación. Sin embargo, detrás de estas palabras puede esconderse una vieja tentación autoritaria: que el gobierno participe, directa o indirectamente, en la determinación de lo que debe considerarse verdadero.
El oficialismo sostiene, cuando le conviene, que “el pueblo es sabio”. Pero cuando ese mismo pueblo escucha información incómoda, cuestiona las cifras oficiales o atiende voces críticas, repentinamente deja de ser sabio y se convierte en una multitud ingenua, incapaz de distinguir entre hechos, opiniones y mentiras. Entonces aparece el gobierno paternalista, dispuesto a indicarnos qué información merece confianza y cuál debe ser corregida o sancionada.
La contradicción es evidente. Se pretende proteger a las audiencias mediante códigos de ética, defensores y criterios de veracidad. Pero ¿dónde está el defensor cuando el propio gobierno ofrece información falsa, incompleta o equivocada? ¿Quién corrige una cifra imprecisa pronunciada desde una conferencia oficial? ¿Qué autoridad independiente distingue entre los hechos, la propaganda y las opiniones del poder?
La respuesta es incómoda: no existe un control equivalente. El discurso gubernamental cotidiano no se somete al mismo árbitro externo que pretende vigilar a los medios. El gobierno se reserva el derecho de acusar, desmentir y descalificar, pero difícilmente acepta que alguien examine su versión de la realidad con la misma severidad.
No toda regulación de los medios constituye censura. Los derechos de réplica, la accesibilidad, la transparencia publicitaria y la responsabilidad ética son necesarios. El problema comienza cuando conceptos abiertos, como “veracidad” o “distinción entre información y opinión”, pueden ser interpretados por una autoridad estatal y terminar ligados a sanciones. La censura contemporánea rara vez se anuncia como censura; suele presentarse como protección, orden o defensa de la ciudadanía.
Michel Foucault advirtió que cada sociedad produce un “régimen de verdad”: instituciones, prácticas y discursos que determinan qué versiones adquieren autoridad. Quien controla esos mecanismos no necesita prohibir todas las voces; le basta con legitimar unas y colocar bajo sospecha a las demás. Lo que está en juego no es solamente la regulación de la radio y la televisión, sino la pretensión de apropiarse del monopolio de la verdad pública.
¿Realmente necesitamos que el gobierno nos guíe para saber qué creer? Yo prefiero una ciudadanía expuesta a voces diversas, incluso incómodas, antes que una sociedad tutelada por funcionarios convertidos en árbitros de la realidad. Si el periodismo se equivoca, debe responder ante la evidencia, la réplica, la crítica y sus audiencias. Pero si el gobierno decide qué es verdad y además puede sancionar, ya no estamos ante una protección: estamos frente a una forma sutil de control.
En Ciudad Juárez conocemos el costo del silencio. Por eso, entre una prensa que puede equivocarse y un gobierno que pretende administrar la verdad, el mayor riesgo siempre será el segundo.
