En entregas pasadas hemos hablado de los abusos que a diario cometen agentes viales en contra de conductores que no cometen infracciones viales. Estos abusos consisten no sólo en multas por faltas viales inexistentes, también el acoso y multas sin que los conductores se hayan dado cuenta siquiera de que los multaron digitalmente. También la extorsión para pagar multas por supuesta acumulación, bajo la amenaza de llevarse el vehículo si no pagan las multas o la famosa mordida.

Estos abusos han contribuido a que Chihuahua ocupe el cuarto lugar nacional en corrupción gubernamental, donde uno de cada cinco chihuahuenses han sufrido uno o más actos de corrupción, siendo los juarenses los más hartos por este tipo de abusos que se intensifican los fines de semana en la noche.

El descontento se ha mostrado las últimas semanas en redes sociales y por distintos líderes sociales y restauranteros, que han sufrido de estos abusos en el caso de los primeros y de sus clientes en el caso de los segundos, que ha impactado en sus ventas.

Por eso la pregunta recurrente de la ciudadanía ¿Es posible combatir la corrupción en vialidad y las diferentes oficinas municipales? La respuesta es sí, es posible, dado que esto ya se comprobó en Chihuahua en dos de las funciones vistas como de las más corruptas por años: la procuración y administración de justicia penal.

Cómo se logra combatir entonces la corrupción en las oficinas municipales y vialidad: con la transparencia en la función y disponibilidad de la información de manera obligatoria.

La corrupción impera donde el servidor público se sabe impune o que nadie se va a dar cuenta, pero en cuanto se ve descubierto o expuesto, lo deja de hacer o se inhibe, porque sabe el repudio que generará y que impactará en toda la oficina, dejando mal parado o como corrupta a toda la administración municipal.

Así funciona en la Fiscalía de Chihuahua y los jueces penales, donde sus actuaciones son videograbadas en audiencias que son públicas y donde se exhiben, no sólo en cuanto a competencia, también en cuanto a la honestidad del asunto, lo que ha contribuido a que no haya escándalos de corrupción en ministerios públicos y jueces, desde 2008, si acaso incompetencia, lo que indica que es necesario seguir profesionalizando la función y sobre todo, supervisarla.

Por eso el antídoto contra la corrupción es la transparencia en la función, información obligatoria y accesible sobre la función, y una supervisión ciudadana sobre la misma. También hacer que los órganos de fiscalización como la contralora, auditoría y sindicatura funcionen y cumplan con lo que les corresponde.

En el caso de los municipios de Chihuahua el código municipal establece la figura de la sindicatura como la encargada de supervisar la función municipal y evitar los abusos y la corrupción, algo que evidentemente no hacen pues vemos que se convierten en porristas del presidente municipal, confundiendo su función a la de un empleado municipal cualquiera viendo como jefe al alcalde.

La sindicatura tendría que transparentar la información y supervisar la función municipal, transparentando un desglose de gasto municipal con visitas de comprobación del gasto, pues para eso tiene las facultades y recursos.

Por eso el próximo síndico tiene que ventilar en su página de internet todo el gasto que hace el municipio de manera mensual, la evidencia de que ha realizado visitas de supervisión de las compras y la función, e invitar a la sociedad civil a participar a coadyuvar en la función.

La manera de supervisar el trabajo de los agentes viales, para evitar que se cometan abusos es obligar el uso de las cámaras que fueron compradas para tal efecto y realizar visitas a la oficina de vialidad, así como supervisión aleatoria.

Insisto, en esto es necesaria la participación de la sociedad civil, que coadyuven a la supervisión de las oficinas municipales y agentes viales, así como la información financiera, contables y la evidencia del gasto.

Sólo haciendo visible la función municipal y supervisando es como se puede inhibir y castigar la corrupción, esa es la fórmula para un servicio público honesto y profesional, que es lo que merecemos los chihuahuenses para no ser ejemplo de corrupción gubernamental a nivel nacional, como lo somos ahora, según el último censo del INEGI en 2025.