Durante la semana pasada, los consulados de Estados Unidos (EU) suspendieron sus actividades de trámites de inmigración y visas en todo el planeta, incluyendo las ciudades fronterizas de México como Ciudad Juárez. Esto causó confusión general y malestar; especialmente para quienes ya tenían citas y entrevistas agendadas para obtener sus documentos. Las entrevistas serán reprogramadas cuando se reanuden los trámites. Fecha que no ha sido anunciada todavía.

Desde que el congreso estadounidense aprobó 70 billones de dólares para financiar sus sistemas de inmigración y cruces fronterizos el pasado mes de junio - recurso que se inyectará hasta el 2029 como mínimo – más empresas privadas de entrenamiento y detención, más equipo y más personal han sido contratados para hacer cumplir las leyes de EU con más eficiencia. Desde la detección de medicinas o productos prohibidos hasta faltas más graves.

A principios de este mes, el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, anunció que ya para junio habían sido revocadas más de 175 mil visas a extranjeros que “violaron los términos de sus visas, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron del sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional”.

La frontera de Juárez y El Paso no fue la excepción, lo que provocó la baja de las líneas de los cruces fronterizos por nerviosismo. Trascendió que se les ha quitado la visa a personas que viajaban con sus hijos nacidos allá y que viven en México, así como a los que van a donar plasma. También se ha quitado el documento de residencia permanente a quienes tienen ese documento, pero radican en México. Esta disposición no es nueva, pero ahora la tolerancia es cero. Inclusive en Washington siguen intentado promover iniciativas de ley para quitarles la ciudadanía legal a los hijos de extranjeros que nacieron en Estados Unidos, sin que hasta el momento las cortes superiores lo hayan permitido todavía.

Pero la presión antiinmigrante del gobierno de Trump es constante, y contrasta totalmente de las políticas migratorias del anterior gobierno de Joe Biden, tan criticado por su tibieza al final de su mandato. A Trump no le ha bastado con cerrar las fronteras a la inmigración ilegal, algo para lo que México le ha ayudado bastante, sino que ahora quiere endurecer también las entradas legales.

La cancelación de las entrevistas la semana pasada fue de manera inmediata y sin previo aviso. El gobierno de Donald Trump ordenó suspender temporalmente los procesos para visas de inmigrante, sin dar una fecha para aclarar cuando se pueden reanudar estos trámites. Días antes, una jueza había anulado una orden del gobierno de Trump que cancelaba la tramitación de visas de inmigrante para extranjeros de 75 países, entre los que estaban Colombia, Brasil, Uruguay y Cuba, países gobernados por ideologías principalmente izquierdistas.

Ante los cuestionamientos de los medios, el departamento de estado norteamericano finalmente comunicó que es una pausa para entrenar al personal consular “profundamente” sobre como detectar personas que se aprovechen de obtener sus documentos legales para pedir ayuda económica o social.

Según un portavoz del departamento de estado: “Un EU Más próspero implica garantizar que los solicitantes de visado no corran el riesgo de convertirse en una carga pública -según la definición establecida en la legislación y la normativa estadounidense –ni de depender de las ayudas públicas de EU Reservadas para los ciudadanos estadounidenses necesitados que reúnan los requisitos”. Se trata de “una iniciativa de capacitación global para garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera integral y coherente”, agregó el vocero.

Además, el gobierno de Trump planea revocar las visas de extranjeros que ingresaron a EU como visitantes de corta duración y posteriormente solicitaron asilo. Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación de la visa” dijo Tommy Pigott, portavoz del departamento de estado, quien indicó que la cifra de revocaciones es “dinámica”, y que el proceso se hará de manera continua. Medios de EU calculan que 200 mil visas podrían ser canceladas potencialmente.

A principios de este mes, el departamento de estado, liderado por Marco Rubio, anunció que habían sido revocadas más de 175 mil visas a extranjeros que “violaron los términos de sus visas, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron del sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional”.

Sin duda, los billones de dólares autorizados por el congreso para contratar más personal, y para reforzar a ICE (Servicio de control de inmigración y aduanas de EU por sus siglas en inglés); y a todo el sistema de inmigración de EU, seguirá haciendo crecer a estas instituciones, y a las corporaciones o empresas privadas que se alinean a los propósitos del presidente Trump y de Marco Rubio. La inmigración, legal o ilegal, siempre ha sido un gran negocio para el partido dominante en turno. Hoy lo es -y mucho más grande- para los republicanos.

En tiempos de los demócratas, se gastaban millones en detener, brindar consejo legal, servicios de salud, servicio social, alimentación y trato humano a menores; así como para repatriar a los indocumentados.

Hoy, el gran negocio de la inmigración -ilegal o legal- se refiere al ecosistema multibillonario que patrocina redes de tráfico humano, contratos gubernamentales, y el mercado laboral. La inmigración ilegal se intersecta directamente con grandes y rentables sectores económicos. Los cárteles tratan a los inmigrantes como ‘mercancía’. Las familias piden préstamos a redes de financiamiento para solventar el costo y extorsión al que son sometidas.

Otro sector beneficiado es la industria de detenciones y aplacamiento de leyes. Es una industria masiva para seguir, detectar, y procesar migrantes ilegales –ahora también inmigrantes legales que violan las normas-. Entidades corporativas como Core Civic o contratistas privados como The GEO Group obtienen ganancias multimillonarias ayudando al gobierno a aplicar las leyes. Prisiones y centros de detención privados. También la industria de la defensa y tecnología como Palatir Tecnologies o Amazon Web Services son beneficiadas. ICE Inc., es una compañía de cazadores de recompensas para detener inmigrantes en fuga. La aerolínea Avelo Airlines se beneficia proveyendo transporte para deportaciones y logística, mientras que varios bancos financian las infraestructuras de prisiones privadas.

Los 70 billones aprobados después de varios paros gubernamentales y controversias políticas serán distribuidos entre agencias clave relacionadas con el departamento de seguridad nacional que apoyen la seguridad de las fronteras para EU y las campanas de deportaciones a gran escala. Más de la mitad, 38 billones, serán para ICE. Una compra masiva de guantes eléctricos para sometimiento policial ya fue confirmada recientemente por una nota publicada aquí en EL DIARIO. 26 billones fueron asignados para CBP (Patrulla fronteriza y Aduanas), y 5 billones reservados para costos imprevistos del departamento de seguridad nacional (DHS por sus siglas en inglés).

Además del gasto político, que es mucho y beneficia a unos u otros, dependiendo del discurso y la narrativa que criminaliza o humaniza a los inmigrantes; consideremos ahora el gasto en la inmigración legal en EU. Los costos para los procesos han subido considerablemente. Mientras tanto, miles de millones se gastan en abogados y juicios - por cierto el gobierno de Trump quiere erradicar el costo de los juicios para inmigrantes y desaparecer los derechos humanos y legales de los inmigrantes –

Abogados en EU – que por cierto cobran muy bien por sus servicios - están preocupados porque el Servicio de inmigración y ciudadanía (USCIS) anuncio nuevas directrices que endurecen el proceso de obtener ciudadanía legal, lo que incluye posibles entrevistas de sus agentes con vecinos y compañeros de trabajo para verificar los datos aportados, causando demoras sustanciales el proceso. “Quieren poder investigar situaciones familiares, incluyendo matrimonios, divorcios, actividades sociales, redes, asociaciones y hábitos, además de credibilidad, sinceridad, y lealtad a los principios constitucionales de EU. Para el gobierno ya no serán suficientes los datos biométricos o las cartas de antecedentes penales. Inclusive ya hay casos documentados de agentes que piden declaraciones de impuestos para comprobar que los inmigrantes no son o serán una carga económica para el país.

Todo esto genera más división, gasto, y preocupación entre las familias fronterizas; tanto de visados, como de residentes legales, o naturalizados. También desmotiva a muchos mexicanos a visitar o inmigrar a los EU.