Hace 15 días le compartía estas líneas desde Sevilla, España, donde continúo realizando una estancia de investigación académica. En aquella ocasión relaté una conversación que me permitió reflexionar sobre la democracia y las expectativas humanas.

En días recientes tuve la oportunidad de compartir varias horas con el Doctor César Villegas, entre proyectos de investigación, ideas para futuras colaboraciones y discusiones sobre la universidad contemporánea, surgió una reflexión que merece trascender el espacio donde fue pronunciada, parafraseando sus palabras, comentaba que con frecuencia los docentes dedicamos buena parte de nuestra labor a explicar lo que otros autores hicieron, lo que determinadas corrientes teóricas sostienen o la manera en que ciertos personajes resolvieron los problemas de su tiempo.

Esa tarea resulta indispensable; constituye el punto de partida de cualquier formación universitaria seria, sobre todo en una frontera como Juárez, sin embargo, también advertía que llega un momento en el que el académico debe aspirar a encontrarse en una posición desde la cual pueda explicar por qué tomó determinada decisión, cuáles fueron los elementos que valoró y cómo enfrentó las consecuencias de ejercer una responsabilidad pública.

Aquella idea permaneció dando vueltas en mi cabeza mientras caminaba nuevamente por las calles de Sevilla, pensaba que pocas profesiones mantienen una relación tan estrecha entre la teoría y la práctica como el Derecho. En las aulas, en Juárez, analizamos sentencias, comentamos resoluciones, opiniones consultivas, discutimos investigaciones ministeriales, revisamos políticas públicas y estudiamos decisiones administrativas, explicamos lo que otros hicieron porque esa constituye la esencia de la formación jurídica.

Particularmente, quienes nos dedicamos a los derechos humanos enfrentamos una responsabilidad todavía mayor, resulta relativamente sencillo explicar los tratados internacionales, desarrollar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o analizar las obligaciones constitucionales del Estado mexicano, la dificultad aparece cuando corresponde garantizar esos derechos desde una institución pública, investigar una violación, emitir una recomendación, resolver un juicio, conducir una fiscalía especializada o diseñar una política pública que impactará directamente en miles de ciudadanos juarenses, por ejemplo.

Es ahí donde la teoría deja de ser únicamente conocimiento y comienza a convertirse en responsabilidad, en este sentido, se vuelve necesarios docentes que conozcan los libros, así como. se requiere docentes capaces de explicar lo que ocurre cuando los principios constitucionales deben traducirse en decisiones concretas.

Mientras recordaba esa conversación, inevitablemente regresaron a mi memoria algunos de los profesores que marcaron mi formación profesional, tuve el privilegio de recibir clases de quien en ese momento ocupaba la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez. también aprendí de un Fiscal General del Estado, de un Magistrado Presidente y de diversos servidores públicos que llegaban al aula después de concluir una intensa jornada laboral (no impartían únicamente conceptos), lo que les permitía que compartían las razones que sustentaban sus decisiones, explicaban los dilemas que enfrentaban diariamente y mostraban que detrás de cada determinación jurídica existe una compleja combinación de principios, hechos y responsabilidad institucional.

Con el paso de los años comprendí que aquellas clases poseían un enorme valor pedagógico, no porque quienes las impartían ocuparan cargos públicos, esa circunstancia por sí misma nada garantiza, su importancia radicaba en que el aula se convertía en un espacio donde la teoría dialogaba con la realidad.

Las facultades de Derecho en el estado forman a quienes, con el paso del tiempo, serán jueces, ministerios públicos, defensores públicos, legisladores, comisionados de derechos humanos, magistrados, fiscales, asesores parlamentarios y servidores públicos de muy diversos niveles.

Quizá esa sea una de las mayores obligaciones del profesor universitario contemporáneo, no conformarse con explicar el funcionamiento del poder, procurar también comprenderlo desde dentro para regresar posteriormente al aula con una enseñanza enriquecida por la experiencia, en este sentido, las instituciones públicas deberían caminar bajo el objetivo de fortalecer un intercambio permanente de conocimiento y de experiencia.

Al concluir aquella conversación con el Doctor Villegas comprendí que la legitimidad del profesor universitario proviene de la profundidad de sus lecturas y descansa en la capacidad de asumir responsabilidades públicas y regresar al aula para someter esas decisiones al juicio crítico de sus estudiantes, porque después de todo, la universidad no forma repetidores de teorías, forma personas llamadas a tomar decisiones que algún día modificarán la vida de los demás.