-Clausuras decorativas para los Dubái y otros

-Más burocracia en Juárez de la cuestionada CEDH

-Trae apoyo Andrea hasta del partido

-Buscan detalles de puente y paso inferior

Tal vez ya modificaron la Ley de Alcoholes y ni cuenta nos dimos de que introdujeron alguna figura nueva como la “clausura decorativa” en el listado de sanciones contra los antros que incumplen repetidamente las normas, como lo hacen las sucursales de Dubái en Ciudad Juárez.

Eso explicaría cómo la marca, en vez de considerarse reincidente y candidata al retiro de la licencia, va a pagar una multa y con eso vuelve al mismo ritmo fuera de horario-nula supervisión que maneja.

El caso de los centros nocturnos Dubái hace suponer algo más profundo que una mera falta de autoridad, descontrol e ineficiencia. Son 10 clausuras documentadas en menos de dos años: cuatro por operar fuera del horario autorizado; otras por permitir la presencia o el consumo de alcohol por menores de edad y algunas más derivadas de hechos violentos, de los que deben ser corresponsables los dueños o gerentes de los negocios.

Pese a ese historial, ninguna noticia sobre un procedimiento para cancelar las licencias, porque al parecer la norma con base en la que actúa la autoridad consiste en llegar con inspectores, colocar sellos, tomar fotografías para las redes sociales y comunicados oficiales, anunciar que “la ley se aplica con firmeza”, retirarse unos días y permitir que el negocio vuelva exactamente a lo mismo.

El pernicioso mecanismo opera no nada más con los antros en mención. En la frontera, de hecho, todos conocen muy bien eso de que la sanción existe, pero la consecuencia es, básicamente, opcional, según el nivel que alcancen las complicidades con las autoridades a cargo de la gobernabilidad y la seguridad.

La administración de los giros negros -que este lunes habrán de sumarse más al boletín oficial de las inspecciones de fin de semana, podemos apostarlo-, sigue bajo esa misma lógica en la que la reincidencia forma parte del modelo de negocio.

Es decir, los propietarios calculan cuánto cuesta violar la ley y las autoridades calculan cuántas clausuras pueden anunciar, lo que convierte a las multas -y a esas clausuras para decorar las puertas grises de los antros y los boletines- en mero gasto operativo. Como pagar el agua, la luz, la nómina y los impuestos, si es que pagan; y hasta otras “cuotas” más delicadas.

Si después de 10 clausuras la única consecuencia vuelve a ser otro sello pegado en la puerta durante unos días, es imposible no preguntarse qué tan en serio se toman las autoridades las leyes que están obligadas a cumplir y a hacer cumplir.

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Bajo la conducción de Ada Miriam Aguilera Mercado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estrenó más burocracia en Ciudad Juárez, donde fijó la sede de la nueva Dirección Ejecutiva de Agendas, Promoción y Políticas Públicas de Derechos Humanos.

La creación de este cargo fue parte de una reestructuración con la cual la CEDH busca estrechar la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Así, fue designado Abdiel Yair Hernández Ortiz como titular de la oficina con la que crece el organismo autónomo la frontera.

La comisión dio a conocer este cambio en un momento en que enfrenta duros cuestionamientos por hacerse la occisa ante graves polémicas y problemáticas estatales. Habrá que esperar a ver cómo recibe la “sociedad civil” la expansión burocrática del organismo, porque hasta ahora la gestión de Aguilera Mercado no ha rebasado la escala de grises ni ha llegado a las expectativas generadas por tener la primera mujer al frente de la CEDH.

Particularmente en Juárez, algunos grupos reclaman que la instancia se ha quedado muda ante los ataques de la ultraconservadora Ruth Sánchez, la integrante de un consejo municipal ciudadano profamilia en la capital que irracionalmente despotricó en días pasados contra la activista Marisela Escobedo, asesinada frente a Palacio de Gobierno cuando pedía justicia por el homicidio de su hija Rubí Marisol.

En medio de ese escándalo, Aguilera Mercado mandó un tibio boletín que no mencionaba el caso directamente, solo lo refería de lejitos, ante lo cual fueron puestas a circular fotografías que la misma CEDH publicó en sus redes sociales hace unas semanas, en junio, de cuando recibió en su oficina a la mismísima Ruth Sánchez y a otros “ultras” que, en el activismo social, son considerados básicamente personas antiderechos.

Las imágenes pueden verse en la versión digital de La Columna dan cuenta de ese encuentro y explicarían, para los críticos de la gestión de la ombudswoman, la razón de la conducción inadecuada de la comisión, que lejos de podar sus ramas secas y ver hacia adelante en la promoción derechohumanista, no hace más que expandir el gasto burocrático sin visión alguna.

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En política las formas importan. Cuando integrantes de la estructura de un partido aparecen participando en actividades de promoción de una aspirante, surge una pregunta inevitable: ¿es organización institucional o apoyo a un proyecto político?

Durante la brigada de este fin de semana en favor de Andrea Chávez fueron señaladas al menos dos personas identificadas como COT de Morena, Johana y Liz Varela, participando en actividades de promoción.

Si quienes forman parte de la estructura partidista tienen la responsabilidad de fortalecer la organización de Morena, resulta válido preguntar si es correcto que respalden públicamente a una aspirante antes de que exista una candidatura definida.

Por ello, sería conveniente que la dirigencia estatal, encabezada por Brigitte Granados de la Rosa, aclare si esa participación correspondió a tareas institucionales o a una decisión ajena a la estructura del partido.

La transparencia fortalece a cualquier organización. Al final, la estructura de un partido pertenece a toda su militancia, no a una sola aspiración.

En la guerra y en el amor todo es válido, dirá la senadora.

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Aunque se dice que las obras que estarían por arrancar en las esquinas de Gómez Morín y Paseo de la Victoria, y de ésta última con la Teofilo Borunda, durarían unos 10 meses para completarse, la realidad puede ser muy distinta.

Pero esperemos y que tan necesaria infraestructura, cumpla con el plazo inicial señalado, y los pasos que se tienen en papel, sirvan para agilizar el tráfico en esos cruceros.

Sabemos que son rarísimas las obras de este tipo que se terminan a tiempo. Y en ese sentido, los negocios que se ven afectados por las desviaciones y toda la parafernalia alrededor de las mismas, pueden quebrar por este simple hecho.

Esta semana, se supo que varios propietarios de negocios que operan en las citadas zonas, estarían buscando reunir toda la información necesaria de los puentes inferior y elevado, que respectivamente se tienen proyectados.

Buscan certeza de cómo habrán de desarrollarse las cosas y prepararse para las eventualidades lo que es perfectamente entendible.

En ambos casos, son decenas de establecimiento de todo tipo y tamaño, que verían mermados sus ingresos fácilmente por más de un año.

Ello sin contar con las afectaciones derivadas de los cambios que las obras traigan consigo una vez terminadas, como cambio de sentido, tráfico que ya no circula o señalamientos que anteriormente no existían.