-Trepada en el ladrillo jueza del caso Tokio

-Empujoncito a Mayra en el municipio

-La “Ley Censura”... propia de una dictadura

-Para EU broncón financiero en Japón

La jueza del acordeón prianista que ahora despacha como juzgadora de distrito en Juárez, Marina Guadalupe Hernández Maldonado, se molesta cuando le llaman licenciada, exige que se refieran a ella como maestra, o por lo menos, como “su señoría” …Se trabajo le ha costado pos mah!!!.

Sufren de esos desplantes casi todos los jueces y todos los magistrados.

Apenas reciben sus respectivos nombramientos y creen que pertenecen a otra casta…a una casta de monarquía, de reyes y de castillos encantados por la abundancia e intocables.

En términos coloquiales, populares, los señores y señoras se trepan al ladrillo. Aquellos que fueron candidatos y candidatas a ser juzgadores y se afanaron por ser entrevistados en sus campañas por los periodistas se convierten en sus principales censuradores.

El caso es que un lector de La Columna se interesó sobre la publicación el pasado miércoles, en este espacio, de la protección que brindó en una audiencia la jueza Hernández Maldonado a “El Tokio”, Gerardo, L., nuevo líder de los Mexicles. Alejó a los periodistas. Ordenó que fuera privada.

Envió el lector el siguiente texto a La Columna:

“Buenas tardes, leí lo de la jueza en el asunto de Gerardo L. G., “El Tokio”. Le comento: en dos asuntos de los que he sabido, ella no da oportunidad de debatir nada”.

“En el caso de la prisión preventiva la impone desde un inicio sin escuchar a la defensa, pese a que fue defensora pública en Chihuahua (capital).

“Ahora se transformó, imputado que tiene la desgracia de caer con ella está sentenciado desde el inicio. Me toco saber de otro asunto: uno de los defensores le dijo licenciada y se indignó. Le respondió que es maestra, y en su defecto, la llamara su señoría. No sé si sea complejo de inferioridad, no sé , pero sería bueno que se revisará su actuar”.

Por supuesto debe ser revisada su actuación, pero quién lo hará, ¿los “especialistas” del propio Poder Judicial?

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No había necesidad del exceso de confeti con la llegada de Mayra Chávez a las reuniones de “coordinación por la paz” que preside cada viernes el presidente municipal en turno; en este caso, Héctor Ortiz.

No había necesidad social pero sí había necesidad político-electoral. La delegada del Bienestar en Juárez es una posible alcaldesa que, antes, debe obtener la candidatura de Morena.

En esas anda. Estuvo en la reunión de coordinación por la paz en relevo del ahora exdirector regional del Bienestar en Juárez, Omar García Palomares, recién separado del cargo porque renegó de su exmadrina, actual jefa de Morena en el país, exsecretaria precisamente del Bienestar, Ariadna Montiel.

Mayra-Ariadna son aliadas del equipo del alcalde con licencia, precandidato a gobernador, Cruz Pérez Cuéllar. Van por el uno-dos. Le tiran al uno-dos. Sería para ellos lo ideal, pero saben que en la negociada se les caería al menos la candidatura a la alcaldía; ahora lo vemos, en favor de la senadora, Andrea Chávez.

Pero mientras no venga la definición, la luchita de Mayra es permitida. Si asiste a las reuniones de coordinación de seguridad estatales, nada mal le hace a su imagen también estar en las municipales en ese objetivo electoral.

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El anteproyecto presidencial para fijar los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, en el marco de la ya vigente Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ha generado un debate nacional que, lamentablemente, vuelve a reducirse a posturas maniqueas e irracionales.

Llamada por unos radicales sólo como “Ley Censura” y por otros ingenuos como una defensa de “la verdad”, que nadie ha sido capaz de definir en toda la historia humana, la norma presentada por Luisa María Alcalde en una de las mañaneras de la presidenta, Claudia Sheinbaum, confunde las normas autoaplicadas de las empresas de medios de comunicación con las imposiciones gubernamentales del tipo de una dictadura.

Hay aspectos que prácticamente nadie discute: separar noticias de publicidad; identificar contenidos patrocinados; contar con un defensor de audiencias; establecer procedimientos para recibir quejas, son medidas viables que incluso ya se aplican en los medios mexicanos y de otros países, especialmente en radio y televisión.

Pero el primer foco rojo aparece cuando la Presidencia de la República introduce conceptos como “información veraz” o “información falsa”, porque le da a una agencia subordinada del propio Gobierno Federal facultades para decidir cuándo una información es falsa o verdadera.

En una democracia, normalmente esa tarea no la hace el gobierno y la verdad periodística se construye con el contraste de fuentes, derecho de réplica, las rectificaciones e incluso los litigios en los tribunales, pero jamás interviene una autoridad administrativa.

Y ese es el otro foco rojo, que la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tendría facultades para resolver controversias y aplicar sanciones, teóricamente para proteger a las audiencias, pero si esa autoridad está integrada por perfiles políticamente cercanos al gobierno, no puede esperarse otra cosa más que sea “la verdad” la que dice el gobierno.

Así, no hace falta que exista censura previa; de hecho, es un error jurídico y político denominar la norma como tal, pero lo grave está en que ello habría de incentivar la autocensura de los medios y con ellos su silencio, para evitar que una investigación incómoda pueda terminar en un procedimiento administrativo costoso.

Es el efecto inhibidor, como lo denominan los especialistas en comunicación: nadie prohíbe publicar -en radio, televisión y posiblemente en plataformas digitales y medios impresos-, pero sí desde el gobierno se desincentiva hacerlo.

Así, los lineamientos tienen elementos que vale la pena debatir e implementar en algunas materias (diferenciar contenidos publicitarios, de opinión e informativos, por ejemplo), pero también contienen radicalismos propios de una dictadura y no de una democracia.

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La decisión del Banco de Japón de mantener sin cambios su tasa de interés ayer no parece responder únicamente a las condiciones de su economía, también refleja un delicado equilibrio con Estados Unidos, que debió operar directamente esa decisión.

Tokio sabe que un aumento en su tasa fortalecería al yen, encarecería el financiamiento global y podría acelerar la salida de capitales de los bonos del Tesoro estadounidense, justo cuando Washington enfrenta un enorme déficit fiscal y necesita colocar deuda de manera constante.

En otras palabras, Japón está jugando con extrema cautela porque un movimiento brusco podría provocar una sacudida financiera de escala mundial.

Durante años, el dinero barato en yenes ha servido para financiar inversiones alrededor del planeta mediante el llamado carry trade.

Si el Banco de Japón decidiera endurecer agresivamente su política monetaria, miles de millones de dólares regresarían a territorio japonés, elevando los rendimientos en Estados Unidos y presionando a la Reserva Federal en uno de los momentos más delicados para la economía norteamericana.

Sin embargo, la situación de Japón es tan delicada, que la decisión de no subir sus tasas solo está atrasando un fenómeno económico de proporciones bíblicas y no estamos exagerando.