Permiso para destrozar lo que no se repone
Cesar Calandrelly
Doscientos árboles centenarios cayeron esta semana cerca de la acequia San Miguel, en el nororiente de Juárez. No los tumbó el viento ni una plaga. Los tumbó un permiso.
La Dirección de Parques y Jardines autorizó la tala a una empresa privada que compró el predio para construir una nave industrial. El oficio existe. Está firmado. Es, técnicamente, legal.
Y ahí está el problema.
Alguien de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego lo dijo con una claridad que debería incomodarnos a todos:
"No nos llueve en Juárez, estamos en una zona árida. Y los árboles que tenemos les dan permiso para derribarlos y destrozarlos."
Esa frase no es una opinión exaltada. Es una descripción exacta de nuestra geografía y de nuestra negligencia administrativa, dichas en la misma oración.
Vivimos en el desierto de Chihuahua, una de las regiones más áridas de Norteamérica. Aquí, un árbol no es decoración urbana. Es infraestructura ambiental construida durante un siglo de raíces buscando agua donde casi no la hay, de corteza aprendiendo a resistir cuarenta grados, de copa filtrando polvo que de otro modo respiraríamos directamente.
Sustituir eso no es una operación aritmética. Pero así la trató el permiso.
El documento establece que la empresa podrá donar tres ejemplares por cada árbol que retire. Tres por uno. En el papel, suena hasta generoso.
En la realidad, es una de las políticas más ingenuas que tiene esta ciudad en materia ambiental.
Un árbol de cien años no se reemplaza con tres de vivero. Le tomó un siglo desarrollar un sistema radicular capaz de sostenerse en suelo árido sin riego constante. Le tomó décadas alcanzar una copa que genera sombra real, que retiene humedad en el suelo, que hospeda aves e insectos que sostienen a su vez un ecosistema completo.
Un árbol recién plantado en el desierto de Juárez tiene, en el mejor de los casos, sobrevivencia incierta. Necesita riego sostenido los primeros años, cuidado que esta ciudad rara vez ofrece a su arbolado existente, mucho menos al nuevo.
La fórmula "arranca uno, siembra tres" no compensa nada. Es una operación cosmética que permite a la autoridad firmar el oficio sin cargar con la responsabilidad real de lo que autoriza.
Y este episodio no es aislado. Es un patrón.
Plantar es fácil de anunciar. Conservar lo que ya creció es el trabajo silencioso que nadie aplaude y que, por lo visto, nadie exige.
El problema de fondo no es solo este permiso específico. Es la ausencia casi total de exigencia ambiental en el crecimiento urbano de Juárez.
Cuando se autoriza un nuevo fraccionamiento, ¿se exige consistentemente un porcentaje de área verde funcional, con responsabilidad de mantenimiento a largo plazo? Cuando se aprueba un parque industrial, ¿se evalúa el costo ambiental de remover vegetación que tomó generaciones en desarrollarse, o solo se revisa si el predio tiene uso de suelo compatible?
La evidencia de esta semana sugiere que la respuesta, en la práctica, es no.
Tenemos parques urbanos olvidados, sin riego suficiente, con infraestructura deteriorada. Tenemos fraccionamientos nuevos que se entregan con árboles simbólicos en el camellón, casi nunca con un plan de conservación real. Y tenemos ahora la confirmación de que un permiso administrativo puede borrar en una semana lo que la naturaleza construyó en un siglo, a cambio de una compensación que no compensa nada.
No se trata de oponerse al desarrollo industrial. Juárez vive de su industria y eso no va a cambiar ni debería.
Se trata de exigir que el desarrollo industrial y urbano de esta ciudad incorpore, de manera obligatoria y verificable, la conservación del poco verde que el desierto nos permite tener. Se trata de que la Dirección de Parques y Jardines deje de operar como una oficina de trámites y empiece a actuar como lo que su nombre indica: una autoridad responsable de proteger el patrimonio natural urbano.
Se trata, sobre todo, de entender que en una ciudad donde no llueve, cada árbol que perdemos es una pérdida que no se repone con un oficio que autoriza sembrar tres a cambio de destruir uno.
El desierto no perdona la ingenuidad administrativa. Y los próximos cien años de sombra que necesitará Juárez no se van a sembrar con la misma ligereza con la que se firmó este permiso.
Juárez necesita replantear urgentemente su relación con el medio ambiente.
