El temor a perder la visa por el llamado turismo de nacimiento, sumado a la incertidumbre jurídica, ha llevado a algunas familias fronterizas a evitar temporalmente el cruce hacia Estados Unidos. Nadie quiere llegar al puente con documentos y regresar solamente con el susto. Sin embargo, es probable que la ciudadanía de quienes nacieron allá permanezca protegida, aunque sus padres deban enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

Entre tanto ruido migratorio no perdamos la diferencia: una cosa es la responsabilidad paterna y otra el derecho de los hijos.

La administración de Donald Trump intentó restringir la ciudadanía por nacimiento por turismo de nacimiento, fraude migratorio u operaciones comerciales para obtenerla. El 2 de septiembre, la jueza federal Deborah Boardman bloqueó provisionalmente la orden por considerarla probablemente inconstitucional.

La resolución no es definitiva y puede ser apelada. Tampoco devuelve visas canceladas ni exonera a quienes hayan mentido. Frena el intento de trasladar al hijo las consecuencias de la conducta de sus padres.

Hace dos mil años se planteó a Jesús una pregunta similar.

Al encontrarse con un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos preguntaron: “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?”. Jesús declaró: “No es que pecó éste, ni sus padres” (Juan 9:2-3).

Cristo no dictaba jurisprudencia migratoria, evidentemente. Pero rechazó la relación automática entre la condición del hijo y el pecado de sus padres. La pregunta nacía de una creencia antigua: si alguien sufría, debía existir una culpa propia o heredada. Jesús rompió esa ecuación.

Hoy la pregunta reaparece detrás de una ventanilla gubernamental: si los padres mintieron, ¿debe pagar también el hijo?

Si una madre declaró que viajaba de compras cuando llevaba un parto planeado; si ocultó información o presentó documentos falsos, debe responder. La mentira corrompe el procedimiento porque altera los hechos para obtener una decisión que quizá no habría sido concedida conociendo la verdad. El embarazo no es delito; engañar sí tiene consecuencias.

Pero el hijo no solicitó la visa, no compareció ante el consulado, no contestó al oficial ni planeó el viaje. Convertir la falta del adulto en la pérdida de un derecho del menor sería un castigo hereditario. Y la justicia que hereda culpas deja de ser justicia.

La Escritura lo establece con claridad: “El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo” (Ezequiel 18:20). La responsabilidad moral es personal. Dios no administra culpas familiares como si fueran apellidos o propiedades intestadas.

Quienes afirman que toda moral es relativa enfrentan una dificultad. Sin una norma superior al gobierno, al juez y a la mayoría, no podríamos declarar injusto que un hijo pague por sus padres. Apenas diríamos que la medida no nos gusta. Lo justo sería aquello que el poder impone.

Pero no todo lo legal es justo. La historia está llena de leyes que autorizaron la esclavitud, la segregación y la persecución. Fueron vigentes, pero perversas. Podemos juzgarlas porque la justicia necesita una fuente moral independiente del gobernante. De otro modo, la fuerza se pone una toga y pretende convertirse en virtud.

La moral cristiana encuentra esa fuente absoluta en Dios. Abraham preguntó: “El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” (Génesis 18:25). El poder humano no crea la justicia; debe sujetarse a ella.

Condenar la mentira migratoria y defender al hijo no es contradictorio. Ambas posturas nacen del mismo principio moral. La verdad exige responsabilizar a quien engañó; la justicia impide condenar a quien no participó en el engaño.

El miedo y la incertidumbre han hecho que algunas familias fronterizas prefieran no cruzar. El litigio aclarará el alcance de la orden, pero quienes nacieron en Estados Unidos conservan una defensa judicial sólida. Eso no significa impunidad para los padres.

Si mintieron, que respondan. Si existe fraude, que se demuestre. Pero no se cobre al hijo una deuda moral que jamás contrajo. Jesús declaró que la condición del hijo no podía atribuirse automáticamente al pecado de sus padres. Dos mil años después, todavía hay poderes que necesitan escuchar la respuesta.

Ni impunidad para los padres ni factura para los hijos. Ahí El Meollo del Asunto.