--Video. - Imprudente rutero en megacharco

--¿Quién va actuar primero contra jueces de Juárez?

--Luto por asesinato impune de un profe

--Crece deuda de consumidores más que PIB

La semana pasada, en medio de las inundaciones que trajeron las lluvias en amplios sectores de la ciudad, fue captada en video la imprudencia del conductor de un camión de transporte de personal, cuyo número económico no alcanza a distinguirse con claridad, pero evidentemente, como cientos, andaba sin placas.

El material (puede verse en la edición digital de La Columna, compartido por vecinos del sector que a su vez lo tomaron de la cuenta “elrafita2417)”, muestra cómo por la prolongación de la calle Puerto de Palos, casi paralela a la carretera Juárez-Porvenir, entre El Sauzal y Loma Blanca, la pesada unidad pasa por un megacharco en el que estaba varada una camioneta particular con gente a bordo.

La rutera le pegó levemente al vehículo atascado, pero en un momento parecía que se le podría ir encima de costado, lo que habría sido una verdadera tragedia, más allá del tallón por el que ni siquiera quiso pararse el conductor del camión.

“Hay premios que nadie quisiera ganar, pero este... ¡se lo ganaron solitos! Un aplauso para la imprudencia”, así titula el autor su video, sobre lo que llovieron las críticas en redes por la cantidad de problemas tan propios de las zonas más marginadas de esta ciudad.

La imprudencia del rutero es una y la del conductor de la camioneta varada es otra, porque obviamente ese tramo de la calle puede y debe evitarse cuando está encharcado, más si con ocho o 10 cuadras puede tomarse la carretera u otras vías para arribar a las calles donde hay viviendas.

A eso se suma la irresponsabilidad del conductor, facilitada por la falta de placas de circulación, que, aprovechándose de la situación lamentable de los varados, huyó del lugar del choque y nadie pudo actuar para alcanzarlo, ni siquiera para denunciarlo.

Pero más allá de imprudencias e irresponsabilidades individuales, el video muestra otra vez el descontrol con el que opera el transporte en la ciudad, especialmente ese jugoso negocio del transporte de personal; y por otro lado, la deprimente falta de infraestructura vial en las zonas más subdesarrolladas de Juárez.

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El tema reciente de la Mesa de Seguridad sobre tres juzgadores en la mira, que Guillermo Asiain anunció como posibles denuncias la semana pasada, y los 80 procesos abiertos contra juzgadores en Ciudad Juárez, según reporte del Tribunal de Disciplina Judicial, abrieron la interrogante sobre quién va a actuar primero en contra de ellos.

En el sector privado juarense e incluso entre las instancias de seguridad locales, ha crecido la corriente para articular un movimiento que presione al aparato judicial a actuar, así como la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que se vean resultados como en otros distritos judiciales.

En Chihuahua, por ejemplo, está el caso de la jueza civil Marisol Campos Ruiz, removida del cargo de forma provisional en lo que la autoridad disciplinaria investiga quejas de maltrato laboral, una decisión no basada en la actuación jurisdiccional de la juzgadora.

En Parral hay otro ejemplo conocido, el del juez Manuel Jurado Torres, detenido y procesado por la gente del fiscal anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, que llevó a su renuncia como parte de un acuerdo judicial para la suspensión del proceso, el cual no lo libra de otras posibles acusaciones.

Aquí en el Distrito Bravos, en cambio, no se ha notado la mano ni de la autoridad ministerial investigadora ni del Tribunal de Disciplina.

Hay una clara distinción, desde luego, porque unos son casos que involucran, según la Mesa de Seguridad, sospechosos cambios de medidas cautelares en casos de extorsión, secuestro y violencia sexual; y otros apuntan a irregularidades administrativas o jurisdiccionales, por 21 quejas contra juzgadores civiles, 31 contra familiares y 28 contra jueces penales.

¿A poco el universo de justiciables evidentemente mayor de Juárez no da para fincar más responsabilidades que las ya aplicadas en ciudades más pequeñas? ¿Quién va a actuar primero contra los jueces de Juárez?

El reclamo social está lejos de ceder, porque 80 procedimientos disciplinarios en un distrito judicial son demasiados como para que el asunto pase inadvertido; y tres jueces bajo monitoreo ciudadano tampoco deberían ser simplemente un dato más.

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El asesinato de un maestro, Antonio Marmolejo, en la comunidad de Flores Magón, municipio de Buenaventura, llevó al pueblo a vivir su luto con la cancelación de las fiestas patrias y, posteriormente, con una marcha la semana pasada que pone a prueba la capacidad real de la Fiscalía Zona Noroeste para dar resultados.

Primero, vale la pena dejar en claro que la misma autoridad ministerial informó el 16 de septiembre que las líneas de investigación apuntaban al entorno personal de la víctima y que, hasta entonces, no había indicios de participación del crimen organizado. Pese a eso, tampoco había detenidos.

El maestro director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos fue localizado sin vida el 8 de septiembre, en un camino cercano al Campamento Nissi. Las primeras investigaciones reportaron múltiples heridas producidas por arma blanca y golpes en el rostro. Su camioneta fue localizada después, abandonada.

Tenía 37 años y era conocido como el “Profe Tony”. Para sus alumnos, compañeros y vecinos era un director y maestro; para la comunidad, según los testimonios recogidos después del crimen, también era una figura cercana y reconocida.

La conmoción fue tal que Flores Magón suspendió los festejos patrios, incluido el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre. No hubo condiciones para celebrar mientras la localidad permanecía bajo el impacto del homicidio. Luego vino la marcha de protesta hace una semana.

Familiares, estudiantes, docentes y habitantes marcharon con fotografías, pancartas y veladoras. “Justicia para el Profe Tony” se convirtió en la consigna de una protesta que busca no sólo la explicación inmediata sobre el móvil, sino que el crimen no termine archivado entre expedientes sin resolver.

Supuestamente hay avances, el mismo encargado de la Fiscalía General del Estado, Francisco “Panchito” Sáenz Soto, lo reveló en los últimos días, pero falta ver si ese anuncio se transforma en resultados verificables, como establecer qué ocurrió, identificar al responsable y llevarlo ante un juez.

El malestar en la comunidad, y marcadamente en el gremio educativo, obliga a que la autoridad ministerial realmente avance en esa región del estado que recurrentemente aparece en el mapa delictivo.

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Mientras en Estados Unidos la tasa de interés de las tarjetas de crédito ronda el 22 por ciento anual, en México la tasa promedio para tarjetas sin promociones se ubica alrededor de 38 por ciento. Es decir, el mexicano que financia su consumo con tarjeta enfrenta un costo de crédito considerablemente mayor que el consumidor estadounidense.

La tarjeta puede convertirse rápidamente en una carga para los hogares: no solamente se utiliza para comprar, también se utiliza para financiar el gasto a tasas muy elevadas. Hay tarjetas mexicanas con tasas mucho mayores —de 60, 70 u 80 por ciento anual en determinados productos y perfiles—, aunque esos niveles no representan el promedio del mercado.

Actualmente la morosidad de las tarjetas en México se encuentra alrededor de 3.35 por ciento, por encima de los niveles de 2022. El crédito al consumo sigue creciendo, pero lo hace en un entorno donde financiarse con tarjeta continúa siendo caro.

Así que mientras seguimos hablando de cuánto consume el mexicano, también habría que preguntar cuánto de ese consumo se está pagando con dinero que todavía no tiene y cuánto le cuesta financiarlo.

De hecho, existe evidencia de que el crédito al consumo está creciendo a un ritmo mayor que la economía mexicana. Nada que se tenga que festejar.