-Piden auxilio por abusos de magistrada

-Elección judicializada desde ya en el TEE

-Una de cada tres familias con apoyos de Bienestar

-A Juárez le interesa el consumidor americano

Ahora que fue removida la juez civil, Marisol Campos Ruiz, por su trato déspota y abusivo contra sus subordinados, hubo también gritos de auxilio desde la sala penal que dirige la magistrada penal, Claudia Cristina Campos Núñez.

Los empleados en esa sala instalada en el Tribunal Superior de Justicia, o Ciudad Judicial le llaman, tienen problemas idénticos a los que sufrieron los de la jueza civil.

Desde que llegó al cargo producto del acordeón electoral, en septiembre del año pasado, la magistrada Campos la cantó directo. Dijo que ella solo trabajaría con gente de su equipo y poco a poco lo ha ido cumpliendo. A los que han quedado ahí les ha hecho la vida de cuadritos.

No estamos seguros que ocurra la mismo que con la jueza Campos, a quien nueve de sus valientes subordinados la denunciaron formalmente ante el Tribunal de Disciplina, y este decidió su remoción una vez llevadas a cabo las correspondientes indagatorias.

No la despidieron pero le pegaron una congelada que deberá tomarla como una lección para modificar su conducta en el área a donde fue transferida o prepararse para dejar la confortable nómina judicial. Ahora deberá caminar con pasos de plomo porque carga esa manchota en su historial laboral.

Ojalá aprenda en carne ajena la magistrada Campos y le baje muchas rayas a sus actitudes déspotas, de lo contrario no dudemos que su caso será el siguiente en el Tribunal de Disciplina.

De hecho, la magistrada debiera caminar con mayor cuidado desde hace tiempo pues todos en el Tribunal saben que ha metido las manos al fuego por un familiar cercanísimo a ella que fue removido hace años como coordinador de la Central de Actuarios por conductas inadecuadas de carácter sexual con las empleadas.

Todos los reflectores están colocados en este momento en la magistrada…y en muchos otros jueces y magistrados(as) que parecen haber llegado al cargo bordados a mano y no mediante una mega simulada elección popular.

Por eso tratan de hacer chilar y huerto no únicamente con los trabajadores judiciales sino en los expedientes que resuelven, donde hay de todo, ignorancia, corrupción y franca ineficacia.

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El lunes próximo por la mañana, el magistrado presidente del Tribunal Electoral Estatal, Hugo Molina Gutiérrez, presenta su informe anual de trabajo, con la particularidad de que el organismo acumula casi la mitad de asuntos tramitados y sentenciados que en las pasadas elecciones... ¡y todavía no inicia el proceso electoral!

El calendario establece el 1 de octubre como fecha de arranque, pero en el TEE ya hay una señal de lo que podría venir, al tener 203 asuntos acumulados antes siquiera de que comience oficialmente el proceso, el cual inicia el primero de octubre.

Durante todo el proceso electoral 2020-2021, el Tribunal acumuló 460 asuntos. Ahora, antes del banderazo oficial, ya tiene casi la mitad de aquella cifra.

No necesariamente significa que el próximo proceso terminará con el doble de litigios o que alcanzará determinado número. Eso todavía está por verse. Pero sí muestra que la actividad político-electoral y jurídica alrededor de la elección comenzó con anticipación.

El antecedente inmediato de resoluciones es uno de los episodios más complejos y atípicos que ha enfrentado el sistema electoral mexicano, la elección de personas juzgadoras de 2025.

Ese proceso rompió con buena parte de las dinámicas tradicionales. Más de mil candidaturas compitieron por 303 cargos entre juzgados y magistraturas, en un proceso que tuvo como origen una reforma y una organización impulsada desde el Poder Legislativo.

El TEE tuvo que operar en un terreno prácticamente nuevo, con reglas y criterios que no tenían el mismo antecedente que una elección tradicional de gubernatura, diputaciones o ayuntamientos. Ahora viene otro proceso.

Eso da muestra de que los tribunales electorales no solamente aparecen cuando llega el día de votar, porque una buena parte de la disputa electoral ocurre antes: actos de partidos, procedimientos internos, demandas de derechos políticos, registros, candidaturas, decisiones de las autoridades y, cada vez con mayor frecuencia, controversias derivadas de las nuevas reglas que modifican la manera en que se desarrolla la competencia.

Ese es el marco del informe de Molina Gutiérrez, quien obviamente percibe que viene un proceso particularmente activo y que constituye un reto para el Tribunal que, hasta eso, ha enfrentado y superado los desafíos que le han planteado los distintos procesos.

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Para los opositores a Morena, los programas sociales de la 4T, coordinados por la Secretaría de Bienestar, no son otra cosa más que la operación para aceitar y fortalecer una estructura electoral a favor de Morena, pero en la concepción gubernamental son la nueva generación de derechos sociales antes inexistentes.

Como quiera que se vean, los datos duros que recién reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Intercensal muestran que las familias con ingresos provenientes de programas de gobierno crecieron del 25 al 41.4 por ciento en la media nacional en cinco años, mientras que Chihuahua pasaron del 18 al 32 por ciento.

Es decir, en México en 2020 eran dos familias de cada10 las que recibían algún tipo de apoyo gubernamental, pero al cierre del año pasado subieron a cuatro familias de cada 10; en el estado, eran menos de dos por cada 10 familias las beneficiarias y ahora son tres de cada 10.

Así, el estado está por debajo de la media nacional, pero con un alza de 14 puntos porcentuales en último lustro, un avance que va en línea con el crecimiento del grueso del país.

Si, como dicen los del PRI y los del PAN, los programas sociales definen la estructura electoral morenista, en el estado tampoco son lo máximo, ni siquiera si todos los miembros mayores de edad de esas familias beneficiarias votaran a favor del régimen.

Estados, como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, donde las familias que reciben apoyos de Bienestar son cinco o seis de cada 10, es decir, alcanzan el doble de otras entidades como Chihuahua con las cifras más bajas, de entre el 25 al 32 por ciento de beneficiarias (Baja California, Nuevo León y Quintana Roo están en este rango).

Así que poner los programas sociales como la gran barrera electoral del PRI y el PAN, sin el mínimo ejercicio de autocrítica ni la menor planeación electoral estratégica, suena más a pretexto autocomplaciente de los opositores, según los números, fríos como son, reportados de forma oficial.

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El Índice de Sentimiento del Consumidor de Estados Unidos se desplomó siete por ciento en septiembre respecto al mes anterior, para ubicarse en 48.1 puntos, de acuerdo con el reporte final publicado el viernes por la Universidad de Michigan.

En términos anuales el indicador cayó todavía con más fuerza: 12.7 por ciento.

Este indicador es sumamente importante para Ciudad Juárez, urbe manufacturera cuyo corazón económico depende de que allá las cosas caminen en territorio positivo. No por nada se perdieron 11 mil empleos maquiladores en julio aquí.

Además de la pérdida de confianza en la economía, hay otro dato preocupante y tiene que ver con las expectativas de inflación a un año, que aumentaron de cuatro el mes pasado a 4.6 por ciento para septiembre, su nivel más alto desde junio.

La lectura actual supera considerablemente el 3.4 registrado en febrero, antes de que comenzara el conflicto con Irán, así como todos los registros de 2024.

Por otro lado, las expectativas de inflación de largo plazo aumentaron ligeramente hasta 3.4, poniendo fin a tres meses consecutivos en 3.3 por ciento.