Los fiscales en el caso del tiroteo masivo en Walmart piden que se retrase una audiencia programada para finales de este mes para que puedan explorar posibles comunicaciones indebidas entre el juez y los abogados defensores.

El tema es lo que se conoce como ‘comunicación ex parte’, que es la comunicación entre un juez y una de las partes en un caso sin informar a la otra parte.

En los documentos presentados ante el tribunal el viernes, la Fiscalía del Distrito de El Paso dijo que las recientes mociones de los abogados defensores del sospechoso de asesinato capital Patrick Crusius les hicieron saber que el juez del Distrito 409 Sam Medrano había dictado sentencia sobre al menos tres mociones de los abogados defensores que no se habían compartido con los fiscales.

La Fiscalía de Distrito presentó dos mociones el viernes. Una solicita que Medrano haga públicas todas las mociones ex parte selladas que no están permitidas por las limitadas excepciones de la ley. La segunda solicita una demora de al menos 30 días en una audiencia programada para el 31 de octubre y el 1 de noviembre para que los fiscales puedan revisar esas mociones, determinar su posible impacto en el caso y explorar posibles sanciones o remedios.

Medrano programó la audiencia para revisar las mociones de los abogados defensores y los fiscales mientras prepara el caso para un posible juicio en 2026.

Joe Spencer, uno de los abogados defensores que representa a Crusius, se negó a hacer comentarios sobre la moción cuando El Paso Matters se lo pidió y dijo que la defensa respondería en el tribunal. El fiscal de Distrito Bill Hicks también se negó a hacer comentarios. Medrano tiene prohibido hacer comentarios fuera de las acciones oficiales de los asuntos que se tramitan ante su tribunal.

Las mociones se centran en las reclamaciones planteadas en una moción de defensa del 9 de septiembre que acusó a la Fiscalía de conducta indebida: violar una orden del 18 de abril de 2023 al permitir que los profesionales médicos y de salud mental tuvieran contacto inadmisible con Crusius; y no revelar el video de vigilancia de la cárcel de Crusius, en violación de dos órdenes judiciales de 2021.

Los fiscales dijeron que nunca se les informó de las tres órdenes que se les acusa de violar, porque las órdenes fueron emitidas en ‘comunicaciones ex parte’ entre Medrano y los abogados defensores. Esas órdenes están muy fuera de los usos estrictamente definidos de la comunicación ex parte en las leyes de Texas, según las dos mociones de la defensa.

“Si bien el Código de Procedimiento Penal reconoce y autoriza expresamente las ‘comunicaciones ex parte’ en algunos casos, no existe ninguna disposición legal que autorice expresamente un procedimiento ex parte relacionado con la solicitud de descubrimiento de un acusado penal”, dijeron los fiscales en una de las mociones el viernes.

Tras conocerse tres órdenes ex parte en la moción de la defensa el mes pasado, los fiscales dicen que necesitan saber si hay otras mociones similares en los archivos del tribunal. Desde 2020 se han presentado cientos de mociones bajo secreto, lo que significa que no están en el registro público.

Los fiscales dijeron que “simplemente no es justo exigir al Estado que proceda a intentar responder a las mociones de Crusius y proceda a la audiencia a pesar de no saber qué hay en los cientos de órdenes selladas que pueden ser nulas, tres de las cuales son ciertamente nulas. Este Tribunal debería programar una audiencia y, tras la audiencia, abrir cualquier moción y orden sellada ex parte que no sea nula y cualquier contenido sellado bajo esas mociones y órdenes, permitir al Estado el acceso a los mismos y darle al Estado al menos 30 días adicionales después para responder a las mociones de Crusius antes de proceder a la audiencia sobre dichas mociones”.

Los abogados del caso han presentado varias mociones en las últimas semanas después de que Medrano anunciara que emitiría una orden que establecería un calendario para juzgar el caso de hace 5 años.

Crusuis, que ahora tiene 26 años, está acusado de 23 cargos de homicidio capital y 22 cargos de agresión agravada con un arma letal por el tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019 en un Walmart de El Paso. Los fiscales piden la pena de muerte.

El juicio por cargos estatales se retrasó mientras avanzaba un caso federal independiente, en el que se acusaba a Crusius de delitos de odio y cargos de armas. Se declaró culpable de esos cargos en 2023 después de que los fiscales federales dijeran que no solicitarían la pena de muerte. Fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional.

Crusius admitió en el caso federal que antes del tiroteo publicó un mensaje en línea en el que decía que estaba tratando de “detener la invasión hispana de Texas”. Tanto la Fiscalía como la defensa dijeron en la sentencia federal de Crusius que éste tenía antecedentes de enfermedad mental grave.

Los abogados defensores han planteado acusaciones de mala conducta por parte de la Fiscalía de Distrito que se remontan a 2020, y han dicho que Medrano debería considerar desestimar el caso o eliminar la pena de muerte como una opción. Las acusaciones de la Fiscalía sobre contacto inadmisible entre los abogados defensores y el juez, si se demuestra que son ciertas, podrían dar lugar a esfuerzos para eliminar a Medrano o al equipo de defensa actual del caso.