California y otros 19 estados estadounidenses presentaron este viernes una demanda colectiva para bloquear la orden del presidente Donald Trump que establece una tarifa de $100,000 dólares para nuevas visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados, informó la Oficina del Fiscal General de California, Rob Bonta.
La demanda, interpuesta ante una Corte federal en Massachusetts, se suma a al menos otras dos impugnaciones legales contra la medida anunciada por Trump en septiembre, que incrementa exponencialmente el costo de obtener estas visas. Actualmente, los empleadores pagan entre $2,000 y $5,000 dólares en tarifas.
Según Bonta, Trump carece de autoridad para imponer esta tarifa y la medida viola la ley federal, que permite a las autoridades migratorias cobrar únicamente las cuotas necesarias para cubrir los costos administrativos de los programas de visas.
El fiscal general demócrata advirtió que la tarifa de $100,000 dólares crearía cargas financieras innecesarias para proveedores de servicios vitales como educación y atención médica, agravando la escasez de mano de obra y amenazando con recortar servicios.
Coalición multiestatal
La coalición está integrada por 20 estados en total, liderada por los fiscales generales Rob Bonta, de California, y Andrea Joy Campbell, de Massachusetts.
Se suman Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
El programa H-1B y su importancia
El programa de visas H-1B, establecido en 1990, permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, siendo particularmente crucial para la industria tecnológica con empresas como Meta, Apple y Nvidia, muchas con sede en California.
Sin embargo, su uso se extiende más allá del sector tecnológico. En el año fiscal 2024, casi 17 mil visas H-1B fueron otorgadas para roles en medicina y salud, aproximadamente la mitad a médicos y cirujanos. Los educadores representan el tercer grupo ocupacional más grande con casi 30 mil titulares de estas visas.
Impacto en sectores críticos
Los fiscales estatales alertan sobre consecuencias graves en servicios esenciales:
Salud: Estados Unidos proyecta una escasez de 86 mil médicos para 2036. Sin profesionales médicos capacitados del extranjero, el país enfrentará déficits críticos en atención a adultos mayores y poblaciones vulnerables.
Educación: En el año escolar 2024-2025, el 74% de los distritos escolares reportaron dificultades para llenar vacantes, especialmente en educación especial, ciencias físicas y educación bilingüe. Las escuelas públicas y universidades, siendo entidades gubernamentales o sin fines de lucro, carecen de capacidad financiera para absorber un costo adicional de $100,000 por contratación.
En Maryland, por ejemplo, el sistema escolar de Baltimore patrocina actualmente a 80 titulares de visas H-1B, incluyendo 78 maestros en áreas difíciles de cubrir como Matemáticas, Ciencias y Educación especial.
Violaciones legales alegadas
La demanda argumenta que la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola:
La Ley de Procedimientos Administrativos (APA): Por implementar la tarifa sin el proceso obligatorio de notificación y comentario público
La Constitución de EU.: Al imponer unilateralmente una tarifa para generar ingresos, facultad reservada al Congreso
Ley federal de inmigración: Al cobrar tarifas que exceden ampliamente los costos administrativos del programa
La tarifa de $100,000 supera por mucho el costo de procesar las peticiones H-1B, según la oficina de Bonta.
Posición de la Casa Blanca
La vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers, defendió la medida como un ejercicio legal de las facultades presidenciales. Afirmó que la acción busca desalentar a las empresas de abusar del sistema H-1B y reducir salarios estadounidenses, mientras proporciona certeza a empleadores que necesitan traer el mejor talento del extranjero.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, expresó que el mensaje a los empleadores es “dejen de traer gente para quitarnos nuestros empleos”.
Otras acciones legales
Esta demanda estatal se suma a otras impugnaciones previas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda en octubre, y una agencia global de contratación de enfermeras junto con varios sindicatos también interpusieron una acción legal.
Un juez en Washington, D.C., realizará una audiencia sobre el caso de la Cámara de Comercio la próxima semana.
Alcance de la orden presidencial
La orden de Trump prohíbe la entrada de nuevos receptores de H-1B a Estados Unidos a menos que el empleador patrocinador haya realizado el pago de $100,000. La administración ha aclarado que la orden no aplica a titulares actuales de H-1B ni a quienes solicitaron antes del 21 de septiembre.
Trump invocó su autoridad bajo la ley federal de inmigración para restringir la entrada de ciertos extranjeros cuyo ingreso sería perjudicial para los intereses estadounidenses.
Esta es la demanda número 49 que presenta el fiscal general Bonta contra la actual Administración Trump. Debido a una reciente decisión de la Corte Suprema contra las medidas cautelares nacionales, los tribunales federales en este caso sólo podrían invalidar la tarifa en los 20 estados que presentaron la demanda.
