Greenbelt, Maryland— Una jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Maryland emitió el miércoles una orden judicial preliminar que bloqueó indefinidamente el intento del presidente Donald Trump de eliminar unilateralmente la ciudadanía estadounidense automática para los niños nacidos de inmigrantes no autorizados en suelo estadounidense.

La orden judicial a nivel nacional, emitida por la jueza Deborah L. Boardman, nominada por el expresidente Joe Biden, es más permanente que la orden de restricción temporal de 14 días emitida el 23 de enero por un juez federal en Seattle, en un caso distinto relacionado con la misma orden ejecutiva de la administración Trump. En la mayoría de los casos, una orden judicial preliminar permanece en vigor hasta que se resuelve el caso o un tribunal superior la revoca.

“La orden ejecutiva entra en conflicto con el lenguaje claro de la 14.ª Enmienda, contradice un precedente vinculante de la Corte Suprema de hace 125 años, y va en contra de los 250 años de historia de nuestra nación sobre la ciudadanía por nacimiento”, dictaminó Boardman. “La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado de manera contundente la interpretación del presidente sobre la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda. De hecho, ningún tribunal del país ha respaldado jamás la interpretación del presidente. Este tribunal no será el primero”.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios sobre la orden en Maryland. Sin embargo, la Casa Blanca sí lo hizo.

“El presidente Trump recibió un mandato contundente para acabar con el desprecio y el abuso de nuestras leyes de inmigración y para asegurar nuestras fronteras”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai. “La administración Trump continuará poniendo a los estadounidenses y a Estados Unidos primero”.

Trump dijo el mes pasado que la administración apelaría también la decisión de Seattle.

El caso fue presentado por dos organizaciones sin fines de lucro que trabajan con inmigrantes y refugiados — CASA, con sede en Maryland, y Asylum Seeker Advocacy Project, con sede en Nueva York —, así como por cinco mujeres embarazadas que viven en el país de manera irregular o con visas temporales.

La orden del presidente, parte de su ofensiva inicial contra la inmigración, tanto legal como ilegal, declaraba que los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes no autorizados después del 19 de febrero dejarían de ser tratados como ciudadanos. La orden también se extendía más allá de los inmigrantes en situación irregular para excluir de la ciudadanía a los bebés nacidos de madres que están en el país legalmente pero de manera temporal, como turistas, estudiantes universitarios o trabajadores temporales, si el padre no es ciudadano estadounidense.

El precedente legal ha interpretado durante mucho tiempo que la 14.ª Enmienda —que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos”— se aplica a todos los bebés nacidos en el país, con algunas excepciones limitadas: hijos de diplomáticos extranjeros acreditados, niños nacidos de no ciudadanos en territorio estadounidense ocupado por un ejército invasor y, durante un tiempo, niños nacidos de nativos americanos en reservas.

Aunque su fallo fue categórico, Boardman fue más moderada en sus intercambios que su colega de Seattle, el juez John C. Coughenour, quien calificó la orden ejecutiva de Trump como “abiertamente inconstitucional”. Muchas de las preguntas de Boardman exploraron la aplicabilidad del caso United States v. Wong Kim Ark, un fallo de la Corte Suprema de 1898 que, junto con la 14.ª Enmienda, sirve de base legal para la ciudadanía universal de quienes nacen en suelo estadounidense.

En ese caso, la Corte Suprema determinó que, en virtud de la 14.ª Enmienda, Wong, quien nació en 1873 de padres chinos que vivían en San Francisco, era ciudadano estadounidense.

Eric Hamilton, abogado del Gobierno federal en el caso de Maryland, argumentó que el caso no justificaba una interpretación amplia de la 14.ª Enmienda, que, reconoció, había sido mantenida por administraciones presidenciales anteriores. Hamilton señaló que los padres de Wong, aunque no eran ciudadanos estadounidenses, habían establecido “domicilio” en el país, lo que los diferenciaba de los inmigrantes no autorizados y de las personas en el país temporalmente.

“El domicilio no es algo que los visitantes temporales a Estados Unidos o los inmigrantes indocumentados puedan establecer”, afirmó Hamilton, argumentando que su presencia en el país “es inherentemente de naturaleza no permanente”.

Joseph W. Mead, abogado del Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown, que representa a los demandantes, respondió que el concepto de “domicilio” no está escrito en el texto de la Constitución ni fue un elemento en el establecimiento de la ciudadanía por nacimiento. También enfatizó que muchos de los padres afectados por la orden ejecutiva han vivido en el país durante años, e incluso décadas.

Boardman pidió a los abogados del Departamento de Justicia que mencionaran algún caso que respaldara la interpretación de la administración Trump sobre la 14.ª Enmienda. Al final de la audiencia, dejó claro que el Gobierno enfrentaría considerables obstáculos para prevalecer.

“Prácticamente todos los bebés nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos estadounidenses al nacer. Esa es la ley y la tradición de nuestro país”, concluyó. “Esa ley y tradición son y seguirán siendo el status quo hasta la resolución de este caso”. (The New York Times)

La jueza justificó su orden judicial a nivel nacional con el argumento de que uno de los demandantes, Asylum Seeker Advocacy Project, tiene miembros en todos los estados, incluidas cientos de mujeres embarazadas que podrían dar a luz en las próximas semanas. Su fallo verbal será seguido por una orden escrita que probablemente explicará con más detalle su razonamiento; dicho documento no había sido presentado hasta la tarde del miércoles.

El caso en Maryland es una de las nueve demandas federales que impugnan la orden ejecutiva. Una de esas demandas fue presentada por 18 estados en Massachusetts, donde se ha programado una audiencia para el viernes. Coughenour, el juez de Seattle que emitió la orden de restricción temporal en otra demanda presentada por otros cuatro estados, ha programado una audiencia para la mañana del jueves.