El sol aún no había comenzado a asomarse por el horizonte en el sur de Las Cruces cuando un par de hermanos se dirigieron a trabajar en una granja de flores. Ese día iban a preparar la tierra para plantar y empacar las plantas para su envío.

El lunes 27 de enero era un día de trabajo como cualquier otro: Pedro, de 18 años, y su hermana Elizabeth, de 19, viajaban en una camioneta con otros familiares, hablando de qué trabajo les esperaba, de lo cerca que estaban de comprar un segundo auto usado y de lo que podrían cenar.

Ese lunes también se cumplió una semana de la investidura de Donald Trump como presidente. El camión que transportaba a los hermanos, migrantes de Honduras que llegaron a El Paso a principios de 2021, como menores no acompañados, fue detenido a pocos minutos de la granja por un vehículo sin distintivos que hizo parpadear las luces de la policía.

Para cuando el sol salió por completo esa mañana, su día ordinario se había convertido en un caos.

Pedro dijo que un agente vestido de civil, que se identificó como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, le preguntó su nombre. Respondió y el agente le dijo que había una orden de arresto en su contra, lo sacó del auto y lo esposó. No le hicieron más preguntas, dijo Pedro. La familia estaba rodeada por al menos cinco agentes.

Elizabeth salió del vehículo llorando, preguntando qué estaba pasando y también fue detenida.

Otras dos personas que estaban en el camión fueron arrestadas, pero El Paso Matters no pudo determinar su estatus; una quinta persona no fue detenida.

Pedro y Elizabeth (pidieron que no se usaran sus nombres reales para proteger su privacidad) tienen solicitudes de asilo pendientes. Están autorizados a permanecer en el país mientras esperan su audiencia y tienen el derecho legal de trabajar aquí. Ninguno tiene antecedentes penales: nunca fueron acusados ​​de entrada ilegal. Los agentes del ICE no han presentado una orden judicial ni han explicado por qué detuvieron a la familia.

Aún así, los hermanos estuvieron detenidos durante dos semanas antes de ser liberados.

Los defensores de los derechos humanos cuestionan la legalidad de su detención. También afirman que la detención de los adolescentes demuestra que las medidas de control de la inmigración bajo el gobierno de Trump pueden ser indiscriminadas y generalizadas y no estar dirigidas a quienes tienen antecedentes penales, como afirma el gobierno.

“Fue algo bastante escandaloso”, dijo Jacob Wedemeyer, el abogado que representa a los hermanos a través de Estrella del Paso, un ministerio de servicios legales católicos para inmigrantes. “No sabemos si tenían sospechas razonables o causa probable para detener su vehículo”.

Los funcionarios del ICE no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios o información de El Paso Matters sobre el arresto de los hermanos.

El 28 de enero, ocho días después de la investidura de Trump y un día después de que los hermanos fueran detenidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo durante una conferencia de prensa que la nueva administración considera a todos los inmigrantes indocumentados como criminales.

Estar en Estados Unidos sin la documentación adecuada es una violación civil bajo la ley de inmigración, no un delito penal, a menos que una persona haya sido deportada previamente y haya reingresado al país sin permiso, según el Migration Policy Institute.

‘Nos trataron como criminales’

Sentados en el porche de su humilde casa de Las Cruces, el miércoles por la noche, Pedro y Elizabeth negaron que los etiquetaran como criminales, pero dijeron que los trataron como tales.

“Nos trataron como unos criminales… Yo lloraba y decía, ‘¿por qué?’ No entiendo por qué nos arrestaron”, dijo Elizabeth en español, relatando su arresto.

Pedro dijo que los agentes se rieron de ellos y les dijeron que los iban a enviar “de regreso a México”.

Primero los llevaron a una “sala de detención” en Las Cruces, según el localizador de detenidos del ICE, donde les tomaron las huellas dactilares, fotografías y los retuvieron durante unas cuatro o cinco horas, dijo Pedro. Les dieron agua y una galleta.

Los hermanos, atados con esposas en los tobillos y con cadenas en las muñecas alrededor de la cintura, fueron trasladados al Centro de Procesamiento de El Paso del ICE, cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso. Después de esperar en el vehículo de transporte durante más de una hora, los agentes les dijeron que la instalación estaba al máximo de su capacidad y que no podían ser aceptados allí.

Luego fueron transportados al Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral, Nuevo México, un centro de detención privado que forma parte de la Oficina de Campo de El Paso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La vida en un centro de detención

Tras su arresto el 27 de enero, se enfrentaron a un proceso de deportación en el Tribunal de Inmigración de Otero. Los procedimientos son audiencias para determinar si un no ciudadano puede permanecer en los Estados Unidos. Se puede presentar una solicitud de asilo como defensa contra la deportación.

“Nada ha cambiado para justificar la detención o el restablecimiento de nuevos procedimientos de deportación”, afirman los documentos judiciales presentados por Wedemeyer solicitando la liberación de sus clientes.

Los registros judiciales indican que los hermanos tenían la documentación adecuada para estar en el país y citan que el DHS desestimó dos veces los procedimientos de deportación, en enero y agosto de 2023.

Wedemeyer dijo que sus clientes no han violado ninguna ley, han tenido trabajos de tiempo completo y han asistido a la escuela. Elizabeth se graduó de una escuela secundaria del condado de Doña Ana, mientras que Pedro está inscrito en un programa de equivalencia de escuela secundaria en línea ofrecido por la Universidad de Nuevo México.

Ambos trabajan en la granja de flores y Pedro recibió recientemente un aumento debido a su fuerte ética de trabajo, dijo Wedemeyer.

‘Vuelven aguas al río’

El juez Ralph E. Girvin del Tribunal de Inmigración de Otero aprobó el 5 de febrero una moción conjunta de Wedemeyer y los abogados del ICE para cerrar administrativamente el caso, lo que en esencia detiene los procedimientos de deportación. El cierre administrativo no desestima el caso, dijo Wedemeyer.

Durante la audiencia, Girvin le preguntó a la abogada de ICE Patricia Llanos si había una razón para la detención de los hermanos. Ella respondió que entendía que el encuentro era “resultado de las acciones de cumplimiento en curso”.

En los documentos presentados ante la corte, Wedemeyer afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional estaba “violando gravemente” las leyes que requieren que ICE tome decisiones de custodia dentro de las 48 horas posteriores al arresto y “destripando” la promesa hecha por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de que los hermanos podrían permanecer en el país hasta que se decida su solicitud de asilo.

Los documentos también indican que, en el momento de los arrestos, Pedro y Elizabeth solicitaron contacto con su abogado y se les negó el acceso a Wedemeyer.

Un agente le dijo a Elizabeth “eso no te va a servir para nada”, según los documentos judiciales. Los documentos también indican que los oficiales “inexplicablemente arrestaron y encadenaron” a los hermanos sin órdenes judiciales y los detuvieron en el centro de Otero “en condiciones similares a las de una cárcel”.

Durante la audiencia, Girvin le dijo a Wedemeyer que todos los detenidos “reciben muy buena atención, que incluye comidas y alojamiento”.

Habían pasado aproximadamente 12 horas desde su arresto cuando los hermanos llegaron al centro de Otero, a unas 30 millas de El Paso, ese lunes por la noche.

Pedro dijo que luego pasó unas 12 horas en una celda de detención abarrotada, durmiendo durante la noche en un suelo frío junto a otros 50 detenidos. Los llevaron a sus celdas individuales y les proporcionaron sacos de dormir el martes por la noche, dijo.

Elizabeth y Pedro dijeron que en el centro a veces faltaba comida, por lo que a algunos detenidos les daban pan de hamburguesa sin carne o porciones que eran una fracción del tamaño de lo que recibían otros.

Dijeron que los detenidos fueron sometidos a abusos verbales por parte de los guardias.

“Te ofenden, te dicen pendejo, te dicen, ‘No estás en tu casa, güey’”, dijo Pedro. Elizabeth agregó que a las mujeres las llamaban puercas y cochinas , o cerdas sucias, por el simple hecho de dejar un mechón de cabello en sus celda.

Pesadillas de Guantánamo

El Centro de Procesamiento del Condado de Otero es la misma instalación que alberga a un grupo de hombres venezolanos que la administración Trump planeaba enviar a la Bahía de Guantánamo debido a su supuesto nivel de peligrosidad.

La administración abrió Guantánamo, la base naval cercana a Cuba, como centro de detención “para extranjeros criminales de alta prioridad que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, según un memorando de la Casa Blanca del 29 de enero. El 9 de febrero, un juez de un tribunal federal de distrito de Nuevo México emitió una orden de restricción temporal que impedía el traslado de los hombres.

Pedro dijo que los guardias y otros detenidos en el centro de Otero le dijeron repetidamente que tuviera cuidado o podría terminar en Guantánamo. Entre los detenidos, dijo Pedro, se encontraban quienes él creía que eran miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por la administración Trump.

“Realmente sí pensé que me iban a llevar (a Guantánamo) porque decían que se iban a llevar a todo el mundo allí”, dijo Pedro, añadiendo que tenía pesadillas en las que le decían que lo iban a trasladar. “Estaba nervioso, tenía miedo, pero gracias a Dios ahora estoy con mi familia”.

Elizabeth por su parte, dijo que algunas de las mujeres detenidas también lloraron pensando que podrían ser enviadas a Guantánamo.

Dijo que la mayor parte del tiempo lloraba pensando en no volver a ver a Pedro ni a sus otros hermanos, o en que la regresarían a Honduras. Cuando llamaba a casa, evitaba preguntar por sus hermanos para evitar un colapso emocional.

“Me sentaba en la cama y decía, será que no los voy a ver por mucho tiempo, me van a regresar a lo mismo”, dijo.

“Teníamos un miedo horrible de regresar a lo mismo, de regresar y no saber si la gente mala nos está esperando allá”, continuó.

Ella oró para ser liberada.

Infunden miedo intencional

David Donatti, abogado principal de ACLU Texas, dijo que la administración Trump está infundiendo miedo intencionalmente en la gente.

“Una amplia red (de arrestos de inmigrantes) les permite inspirar miedo en todos nosotros, independientemente de nuestro estatus”, dijo. “El miedo es la forma en que el presidente puede decir de un plumazo si eres estadounidense o no lo eres”.

Elizabeth y Pedro dijeron que ahora viven con miedo aunque saben que tienen derecho a vivir y trabajar en el país.

“Cada vez que paso por ahí siento que me van a agarrar, que me van a detener sin ningún motivo y me van a llevar”, dijo Pedro.

Elizabeth dice que ahora constantemente mira por encima del hombro.

“Antes no temblaba así, y ahora tiemblo”, dijo, extendiendo su mano temblorosa.

‘Son sólo números’

El 10 de febrero, cinco días después de que su caso fuera cerrado administrativamente y dos semanas después de que los hermanos fueran detenidos, los agentes del ICE los llevaron en “la perrera”, el vehículo de transporte a menudo conocido como jaula para perros, y los dejaron en la entrada del Aeropuerto Internacional de El Paso.

“En todo este incidente se puso a prueba el estado de derecho”, dijo Wedemeyer. “Al final, sucedió lo correcto, pero es lamentable que el estado de derecho lleve tiempo”.

Elizabeth dijo que su viaje desde Honduras fue bastante traumático y que su arresto sólo empeoró eso.

Largo viaje a su nuevo hogar

Los hermanos describen su detención como perturbadora, dejándolos con una sensación de miedo e inseguridad en el país al que viajaron más de 2,200 peligrosas millas para llegar.

Su padre había abandonado Honduras para venir a Estados Unidos años antes. Elizabeth y Pedro se quedaron con sus abuelos en Tegucigalpa, la capital de Honduras. A los 12 y 13 años, dijeron, fueron atacados y amenazados a punta de pistola por pandillas que intentaban reclutarlos para vender drogas en su barrio y en su escuela.

Con la bendición de su familia, dijeron, se unieron a un grupo de hondureños que viajaban a la frontera entre Estados Unidos y México.

Pedro y Elizabeth relataron cómo caminaron y tomaron autobuses desde Honduras hasta Guatemala, alrededor de 250 millas, durante varios días.

“La gente decía: ‘Pero eres tan joven’. Y nosotros respondíamos: ‘Bueno, es por necesidad, tenemos que seguir adelante’”, dijo Elizabeth.

Sobrevivieron incontables días llenos de miedo sin saber qué harían a continuación, y muchas noches rezando entre lágrimas.

“Mi hermano siempre ha sido el más fuerte”, dijo Elizabeth. “El me apoya, me dice, 'Todo va estar bien, no te preocupes'“.

Pedro contó que uno de los momentos más aterradores fue cuando viajaron en La Bestia, la red de trenes de carga en los que viajan innumerables migrantes centroamericanos para atravesar México. Dijo que vio a algunas personas caerse, perder extremidades o morir. “Fue muy traumático”, dijo Elizabeth. “Con el paso del tiempo lo superamos. Bueno, no lo superamos del todo porque hablamos y todo vuelve a la mente y lo revivimos. Pero hemos sido fuertes. Todo el mundo nos dice que hemos sido fuertes porque llegar hasta aquí no es una tarea fácil”.

Se quedaron en México durante tres meses, la mayor parte de ese tiempo estuvieron en el estado sureño de Chiapas, y aceptaron trabajos ocasionales arreglando y pintando muebles y trabajando en tiendas minoristas para ahorrar dinero y continuar su viaje hacia el norte.

En 2021, cuando tenían 14 y 15 años, los hermanos ingresaron a Estados Unidos y se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Fueron designados como niños no acompañados y pasaron 20 días en un abarrotado centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en El Paso. Fueron transferidos al Centro Infantil de Pecos, Texas, a unas 250 millas al este. El centro era un sitio de admisión de emergencia para niños migrantes no acompañados.

A pesar de estar separados de sus padres en ese momento, los hermanos recordaron con cariño las instalaciones de Pecos, y Elizabeth dijo que allí los trataron “con amabilidad, con humanidad, como niños”.

“Pero estábamos desesperados sin saber qué nos iba a pasar”, dijo.

Permanecieron allí durante tres meses antes de reunirse con su padre en Las Cruces en junio de 2021.

Solicitaron asilo formalmente en febrero de 2023. Con sus solicitudes pendientes, se les permitió permanecer en Estados Unidos legalmente para esperar su audiencia de inmigración y luego recibieron autorización de trabajo.

‘¿Una operación de control dirigida? Nada tiene de eso’

El zar fronterizo Tom Homan dijo en una entrevista con ABC 7 KVIA el 4 de febrero que cada arresto de ICE es “una operación de control dirigida”, afirmando que si bien es posible que no estén haciendo redadas de inmigración, “cuando tenemos una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional, no hay puerto seguro”.

Pero Donatti, el abogado de la ACLU, dijo que historias como la de Pedro y Elizabeth son demasiado comunes bajo la visión fundamentalmente diferente de la administración Trump sobre quién pertenece al país.

“Lo que estamos viendo no está dirigido en absoluto contra personas que están aquí sin autorización y han cometido delitos o son una amenaza para nuestra seguridad”, dijo Donatti. “Lo que estamos viendo es un esfuerzo por reescribir lo que significa ser estadounidense y reescribir quién puede ser expulsado del país en cualquier momento”.

Donatti citó informes de prensa sobre cuotas de arrestos, diciendo que sólo presionan a las fuerzas del orden para que arresten a inmigrantes que no han cometido delitos y detienen a personas indiscriminadamente para cuestionar su estatus. El Washington Post informó a fines de enero que la administración Trump estableció una cuota para el ICE según la cual la agencia debe realizar entre 1,200 y 1,500 arrestos por día.

Donatti dijo que las cuotas parecen ser arbitrarias y no son nada más que “un deseo de aumentar la puntuación”, y agregó que tener un alto número de arrestos permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley darse una palmadita en la espalda y decir: “Hemos hecho un buen trabajo para nuestro líder”.

El mensaje a los agentes en el terreno es que su trabajo es únicamente detectar personas y detenerlas, dijo.

“Y es por eso que van a detener los vehículos y van a interrogar a todos los ocupantes, y van a arrestar a personas con un criterio cuestionable, independientemente de si existe alguna base para el arresto o no”, dijo Donatti.

Las cuotas se adecuan a una directiva del DHS que autoriza a una serie de agencias de aplicación de la ley a “detener a extranjeros ilegales”, entre ellas los alguaciles estadounidenses, la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina Federal de Prisiones. La división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE también recibió instrucciones de cambiar su enfoque de la lucha contra el terrorismo y otros delitos internacionales a la aplicación de las leyes de inmigración.

Donatti dijo que todo esto lleva a que los casos (las personas) ya no sean considerados de forma individual.

“Hemos visto un aumento dramático en lo que llaman arrestos colaterales”, dijo. “Si persigues a alguien con antecedentes penales o sin ellos, entonces preguntas a todos los que están cerca sobre su situación… Cuando intentas obtener un número de detenidos, no miras a quién estás arrestando. Son solo números”.