Sin Fronteras Organizing Project (SFOP), una entidad sin fines de lucro de El Paso que ha ayudado a los trabajadores agrícolas indigentes durante décadas, llegó a un acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) en una demanda por el continuo incumplimiento de las normas que le exigen buscar la opinión de los trabajadores del campo y coordinar entre las agencias del DOL la aplicación de las leyes que protejan a los campesinos.

De esta manera el fallo garantiza el acceso de los trabajadores agrícolas a los funcionarios clave de la agencia federal –DOL– para mejorar la aplicación de las leyes de protección de los trabajadores, informó Carlos Marentes, director ejecutivo de Sin Fronteras.

Agregó que la resolución se dio por el continuo incumplimiento de las regulaciones que lo obligan a buscar la opinión de los trabajadores agrícolas y a coordinar entre las agencias del DOL su aplicación de las leyes que protegen a los trabajadores agrícolas.

“Es una gran victoria para toda la fuerza laboral, la fuerza de trabajo que constituimos los mexicanos en este país. Es un alivio que el DOL finalmente tenga un proceso formal para escuchar las voces de los propios trabajadores agrícolas”, dijo Marentes, al señalar que ahora tienen la esperanza del enfoque renovado del DOL en la aplicación significativa. Asimismo respalda que los trabajadores agrícolas estadounidenses no sean excluidos sistemáticamente de los trabajos agrícolas a favor de trabajadores extranjeros que en su desesperación de conseguir empleo aceptan casi cualquier pago o maltrato.

El acuerdo, ahora presentado como una orden del tribunal, requiere que el DOL establezca y mantenga un Comité Nacional que se reúna dos veces al año y oriente a los componentes del DOL sobre la aplicación relacionada con los trabajadores agrícolas.

Asimismo lo obliga a que convoque a un grupo de trabajo a nivel de personal del Comité Nacional que se reúna al menos trimestralmente y crear comités regionales con el fin de mantener contactos con grupos de trabajadores agrícolas, agencias estatales y otras partes interesadas.

También deberá celebrar reuniones públicas anuales en cada región y desarrollar planes anuales de coordinación nacional y estrategias regionales de aplicación de las leyes de protección de los trabajadores agrícolas.

Sin Fronteras Organizing Project, detalló que en esta demanda participaron Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) y Public Citizen Litigation Group que representan al SFOP.

También contribuyeron la Coalición de Organizaciones de Trabajadores Agrícolas de Florida (representada por Florida Rural Legal Services, Inc.) y Pineros y Campesinos del Noroeste (representada por el Proyecto de Justicia para los Trabajadores del Noroeste). SFOP estuvo representada por los abogados de TRLA Greg Schell y Douglas L. Stevick.

En particular, explicó, el requisito de reunión pública permitirá a los trabajadores agrícolas y sus defensores hablar regularmente y directamente con la alta dirección regional del DOL sobre cuestiones relacionadas con los trabajadores agrícolas.

Agregó que el acuerdo exige que el DOL proporcione a SFOP informes de cumplimiento escritos dos veces al año durante tres años para garantizar que cumpla con estas obligaciones. Si las normas de aplicación coordinada siguen vigentes, el acuerdo de conciliación seguirá vigente.

De acuerdo a los demandantes estas regulaciones se adoptaron en 1980 para abordar el fracaso del DOL de brindar servicios equitativos a los trabajadores agrícolas y hacer cumplir las leyes federales relacionadas con sus salarios, vivienda y condiciones laborales”, agregó Greg Schell, uno de los abogados de TRLA en la demanda.

“Pero durante las últimas décadas, la agencia simplemente ha ignorado los requisitos de buscar la opinión de los trabajadores agrícolas y hacer cumplir las reglas de protección de los trabajadores agrícolas”, añadió al enfatizar que este acuerdo permitirá a los trabajadores agrícolas dirigirse directamente a los funcionarios clave del DOL responsables de administrar las leyes de protección de los trabajadores agrícolas. También debería dar como resultado esfuerzos de cumplimiento del Departamento de Trabajo que sean más eficientes y efectivos”.

Marentes celebró que el acuerdo se haya dado antes de que inicie el nuevo gobierno caracterizado por su política antiinmigrante. “Son tiempos muy difíciles políticamente para los migrantes, y particularmente para los que son más vulnerables como los trabajadores agrícolas".

Indicó que la próxima administración va a ser una administración que siempre se va a poner de parte del sector patronal por lo que se van a vulnerar todos los derechos, incluyendo los derechos humanos básicos de los trabajadores agrícolas, sobre todo los que no tienen documentos legales para permanecer en el país, los cuales se estima son cerca de 4.5 millones, todos mexicanos.

Sin embargo, aplaudió que con el acuerdo ya sancionado por una Corte federal de Distrito y habiéndose firmado por las dos partes, tanto por los demandantes como por el Departamento Agricultura y el aval del Departamento de Justicia, ya constituye una salvaguarda muy importante.

Con ello, apuntó, se protegerá a los cerca de 12 mil trabajadores agrícolas de esta región fronteriza, establecidos en los condados del Sur de Nuevo México y Texas. “ Esto nos va a dar la posibilidad de defendernos de cualquiera acción que emprenda la administración federal por la vía legal. Esto se nos presenta como una especie de cobertura o de paraguas y estar preparados para poder resistir y defenderse de lo que venga”.

Manifestó que los trabajadores agrícolas que son la base de la producción agrícola de esta región y la de la producción multimillonaria que deja la cosecha del chile, la nuez y ahora la mariguana de Nuevo México, es muy rentable ya que genera bastantes recursos.

Para Marentes este dictamen significa un gran logro que se buscó durante mucho tiempo, “hemos estado reclamando, quejándonos de que el Departamento de Trabajo no se movía para que se respetaran las leyes que protegían a los trabajadores agrícolas vulnerados sistemáticamente de sus derechos laborales en los campos, en las empacadoras y en las lecherías.

“Significa que finalmente se ha aceptado de que verdaderamente es cierto lo que durante 20 años hemos estado diciendo y ahora con este acuerdo se comprometen a remediar esta ausencia de la aplicación de la ley a favor de los trabajadores agrícolas y lo bueno es que se hace un acuerdo sancionado por una Corte, por un juez”, dijo tras celebrar la victoria.

Asimismo dijo sentirse orgulloso porque este logro no solamente es para los trabajadores agrícolas de esta región sino para los trabajadores agrícolas de toda la Unión Americana. Y también algo muy importante: que se respeten las leyes que protegen a los trabajadores agrícolas locales mexicanos que vienen con permisos H2.

El Departamento de Trabajo está elaborando un reglamento para asegurar que los derechos de los trabajadores mexicanos temporales sean respetados, “entonces es una lucha y es un avance tremendo a favor de todas y todos los trabajadores agrícolas, sin importar si son trabajadores locales, ciudadanos residentes en Estados Unidos o cruzan de Juárez o del Sur del país todos los días a trabajar en los campos agrícolas.

Explicó que poco después de que se presentara la demanda, el Departamento de Trabajo manifestó su interés en tratar de resolver el caso de manera informal.

Si bien el caso no se resolvió en ese momento, hubo discusiones adicionales con el Departamento de Trabajo, pero al final se logró resolver. El acuerdo de conciliación se presentó ante el tribunal el 26 de noviembre.

Según el acuerdo el Departamento de Trabajo establecerá un Comité Nacional Coordinado de Trabajo Agrícola que incluirá a la División de Salarios y Horas, la Administración de Empleo y Capacitación (que es responsable del programa H-2A, las agencias estatales de fuerza laboral y los defensores de los derechos de los trabajadores agrícolas) y OSHA.

Explicó que este Comité Nacional se formará dentro de cuatro meses y se reunirá al menos dos veces al año con el fin de idear planes para mejorar y coordinar mejor la aplicación por parte del Departamento de Trabajo de las leyes destinadas a proteger a los trabajadores agrícolas de todo el país.