A diez días de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento para niños de hijos de madres o padres sin estatus legal, el Condado de El Paso se unió a la demanda interpuesta por fiscales de 22 estados que impugnan la ordenanza del mandatario estadounidense.
Al igual que los fiscales, organizaciones civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) iniciaron demandas en contra del decreto presidencial. Tres días después, el juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente la implementación de la orden ejecutiva calificándola de “flagrantemente inconstitucional”, poniendo así un freno a la iniciativa.
La orden, que también prohíbe la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas, busca redefinir la ciudadanía eliminando la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en los Estados Unidos de padres sin estatus migratorio legal.
“El condado de El Paso se ha unido a una coalición de gobiernos locales para presentar un escrito denominado ‘amicus curiae’ en apoyo de una demanda que impugna la orden ejecutiva del presidente Trump titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, dijo Christina Sánchez, titular de la Oficina del Fiscal del Condado de El Paso.
Afirmó que esta orden ejecutiva es un desafío directo a los principios constitucionales que han definido quiénes somos como nación. “Unirse a esta lucha legal es esencial para proteger los derechos de los niños en nuestra comunidad y garantizar que ninguna familia enfrente barreras injustas a las oportunidades”.
Explicó que el escrito amicus advierte sobre un daño significativo si se implementa la orden. Asimismo, destaca que los gobiernos locales enfrentarían caos administrativo y tensión financiera.
Los certificados de nacimiento ya no servirían como prueba de ciudadanía, lo que requeriría nuevos sistemas de verificación, dijo a su vez Bernardo Rafael Cruz, asistente de la oficina del fiscal del Condado.
“Los niños podrían perder el acceso a beneficios esenciales como Medicaid, SNAP y CHIP, lo que sobrecargaría aún más los recursos locales”, comentó.
De acuerdo con las autoridades, un cambio de ley en la Constitución no puede realizarse de un plumazo bajo una orden ejecutiva. La Décimo Cuarta Enmienda está plasmada desde que se fundó este país.
“Para cambiar la Constitución debe seguirse bajo un proceso político muy complejo, y no se hace a través de una orden ejecutiva. En este caso tenemos un ejemplo donde el presidente trata de abusar de su poder para tomar una decisión que no le corresponde”, dijo Cruz.
Apuntó que, al igual que el resto de los demandantes, lo que el Condado está argumentando, aparte de que está en contra de la acción presidencial, es que la iniciativa trae consigo otros cargos que dañan al condado y a sus residentes.
“Un ejemplo, al momento de que una persona ya no sea ciudadana, automáticamente eso cambia todo nuestro sistema de beneficios públicos. En este país toda persona ciudadana o residente tiene esos derechos y deben ser respetados”, expresó al enfatizar que el Condado simplemente está haciendo valer la Constitución.
Expresó que el pasado lunes 27 de enero el Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso votó para aprobar el escrito de presentación, que argumenta que la orden ejecutiva viola la 14.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. “La Oficina del fiscal del Condado dice que la enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.
La demanda, agregó, se suma a otras 40 entidades, ciudades, condados y otros gobiernos de todo el país que están apoyando y firmando en este documento en apoyo a todas las demandas, que son aproximadamente 6 en el país, y nosotros hemos presentado este oficio en todas esas cortes.
Indicó que cada corte está siguiendo diferentes casos, por lo que en este momento es difícil saber qué tanto tiempo llevaría, porque cada juez tiene la discrecionalidad de llevar el caso como ellos decidan que es mejor. “Por lo pronto la acción ejecutiva está detenida, se está respetando la ley y la Constitución”.
En cuanto al sentimiento de miedo que sufre la comunidad inmigrante que radica en los Estados Unidos, el abogado Cruz mencionó que es importante que la gente conozca sus derechos bajo la Constitución: “Si no sabe uno sus derechos, ese es el primer paso, la mayoría de los casos es dependiente de cada persona, es importante que conozca y (haga) valer sus derechos”.
Enfatizó que el escrito argumenta que es necesaria una orden judicial a nivel nacional para evitar un daño generalizado y proteger los derechos constitucionales. El Condado de El Paso se suma a este esfuerzo para defender a sus residentes y defender la integridad de la Constitución.
La fiscal del condado añadió que esta orden amenaza con privar a los niños vulnerables de atención médica, asistencia alimentaria y otras necesidades básicas, además de que se corre el riesgo de crear una subclase permanente en nuestra sociedad, dañando los resultados educativos, la salud pública y las economías locales. “Esto es algo que no podemos permitir que suceda”, subrayó.
Y remató: “Proteger a nuestra comunidad significa luchar contra políticas que socavan la justicia y la igualdad. Seguiremos firmes en nuestro compromiso con la justicia y el bienestar de las familias de El Paso”.
La autoridad informó que en este caso no se realizó un desembolso adicional solo el esfuerzo de repasar y comunicar a la comunidad de lo que les preocupa. El equipo de abogados del Condado se encargó de integrar el expediente judicial.
