Sin embargo, la reducción no es homogénea y las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria persisten, dejando a comunidades vulnerables en alto riesgo.
Pese a ello, la administración de Donald Trump ha optado por utilizar el flagelo del fentanilo, no como una cuestión de salud pública, sino como un instrumento de presión diplomática y comercial contra México, Canadá y China, señala un reporte del Brookings Institution, publicado el 5 marzo.
Desde que el fentanilo inundó el mercado ilícito de drogas, más de un millón de estadounidenses han perdido la vida por sobredosis. Aunque las cifras más recientes indican una ligera baja, el problema está lejos de resolverse.
Los avances en la reducción de muertes responden en gran medida a la disponibilidad de naloxona, el antídoto que revierte los efectos de una sobredosis, así como a un acceso más amplio a tratamientos basados en evidencia. Pero estas mejoras no se distribuyen de manera equitativa. Existen profundas diferencias en función de la geografía, la raza y la situación económica de los afectados.
En este contexto, la estrategia de Trump se ha centrado en medidas de presión económica, ignorando los factores internos que han alimentado la crisis de los opioides en su país. “Estados Unidos ha optado por imponer aranceles a países como México, Canadá y China en un intento por frenar el flujo de fentanilo y sus precursores químicos, en lugar de fortalecer las estrategias de salud pública y reducir la demanda interna”, señala Vanda Felbab-Brown en su informe “The fentanyl crisis: From naloxone to tariffs”, investigadora de Brookings Institution.
La administración republicana, añade el análisis, ha condicionado la eliminación de estos gravámenes a la implementación de acciones más estrictas para detener el tráfico de opioides, sin abordar la raíz del problema dentro de sus propias fronteras.
Tendencia a la bajaDespués de años de tendencias aplastantes y cifras desalentadoras, 2023 mostró la primera disminución en las muertes por sobredosis desde 2018. En mayo de 2023, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que el número total estimado de muertes por sobredosis de drogas fue de 107 mil 543 en los últimos 12 meses, una disminución del 3% con respecto a las 111 mil 029 muertes estimadas en 2022. Las muertes por opioides, incluidas las muertes por fentanilo, disminuyeron de un estimado de 84 mil 181 en 2022 a 81 mil 083 en 2023.
Al mismo tiempo, aumentaron las muertes por sobredosis de cocaína, en la que se mezcla cada vez más el fentanilo, y psicoestimulantes como la metanfetamina. Los datos provisionales informados por los CDC para el período de 12 meses que finaliza en mayo de 2024 son aún más notables, ya que muestran una disminución del 12.71% en comparación con el período que finalizó en mayo de 2023. Esa tendencia continuó hasta junio de 2024.
En algunos estados de la Unión Americana, incluidos algunos de los más afectados por las sobredosis de fentanilo, como Ohio y Missouri, las reducciones en las sobredosis han sido aún más dramáticas, alcanzando el 20% e incluso el 30%. En conjunto, estas cifras podrían representar entre 16 mil y 31 mil vidas salvadas en los Estados Unidos.
Tarifas, pese al descenso
El pasado 1 de febrero, el presidente impuso aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, y del 10% a las de China, condicionando su eliminación a que estos países detuvieran el flujo de fentanilo y sus precursores químicos hacia Estados Unidos.
La decisión llegó acompañada de un ultimátum: en marzo se evaluaría el cumplimiento de estas naciones y, de no ver resultados satisfactorios, las tarifas arancelarias se mantendrían e incluso podrían aumentar.
Canadá reaccionó con rapidez, implementando una serie de medidas para reforzar sus controles sobre el tráfico de fentanilo. México, en cambio, aunque llevó a cabo operativos de seguridad contra el crimen organizado, se mostró reacio a permitir un mayor involucramiento de agencias estadounidenses en su territorio.
La relación bilateral, ya tensa, se resintió aún más. Para el Gobierno mexicano, la estrategia de Trump resulta una distracción que evita abordar la responsabilidad de Estados Unidos en la demanda de opioides y en la falta de regulación del mercado farmacéutico que facilitó la crisis.
China, por su parte, adoptó una postura desafiante. En lugar de ceder ante las exigencias estadounidenses, impuso contraaranceles, lo que llevó a Trump a responder con la amenaza de elevar los gravámenes sobre las importaciones chinas hasta un 60%.
El 4 de marzo, al considerar insuficientes las acciones de Canadá y México, el mandatario estadounidense confirmó la imposición de aranceles del 25% para sus socios comerciales del Norte y del Sur. Además, castigó a China con un incremento del 10% adicional, elevando el total de tarifas al 20% sobre sus exportaciones a Estados Unidos.
Cooperación en juegoLa estrategia de Trump ha dejado efectos colaterales que podrían comprometer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Las represalias económicas han generado fricciones con China, un país clave en el control de los precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo. En el caso de México, las presiones arancelarias han provocado tensiones que dificultan la coordinación bilateral.
La Casa Blanca insiste en que la prioridad es detener el tráfico de opioides, pero al mezclar el tema con la política migratoria, la estrategia se ha vuelto aún más enredada. Trump exige que México refuerce sus operativos antidrogas, pero al mismo tiempo condiciona cualquier acuerdo al endurecimiento de las medidas contra la migración irregular.
En los círculos republicanos más radicales, incluso se ha puesto sobre la mesa la opción de una intervención militar en México para frenar a los cárteles. La viabilidad de tal escenario es cuestionable, pero su simple discusión ha provocado indignación en el gobierno mexicano y podría deteriorar aún más la cooperación bilateral.
Más allá del discurso político, expertos en seguridad advierten que cualquier operación militar en territorio mexicano difícilmente lograría una reducción sostenida en el tráfico de fentanilo, y en cambio, podría exacerbar la violencia sin atacar las verdaderas causas del problema.
Desafíos persistentesA pesar de los avances en la reducción de muertes por sobredosis, los desafíos persisten. La disponibilidad de naloxona ha sido clave, pero no garantiza una solución definitiva si no se abordan las desigualdades en el acceso a tratamientos de adicción.
La cobertura de seguros, especialmente a través de programas como Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), juega un papel crucial en la respuesta a la crisis, pero estos programas se han convertido en blanco de disputas ideológicas que amenazan su continuidad. Los debates en el Congreso sobre la financiación del sistema de salud y la regulación de opioides legales siguen sin resolverse, mientras la crisis de fentanilo continúa cobrando vidas.
En este sentido, la lucha contra el fentanilo exige una respuesta integral que combine medidas de salud pública con estrategias de reducción de daños y cooperación internacional. Aunque las políticas punitivas pueden generar titulares llamativos, los expertos coinciden en que la clave está en la prevención, la educación y el acceso equitativo a tratamientos efectivos, concluye el informe.
Brookings Institution es un centro de investigación y think tank en Estados Unidos que se dedica a abordar una amplia variedad de temas, incluyendo economía, políticas públicas, relaciones internacionales, gobernanza, y otros asuntos sociales. Fundada en 1916, es una de las instituciones más prestigiosas en su campo, conocida por su enfoque en la investigación de alta calidad y la elaboración de políticas.
Sus estudios y análisis buscan influir en la formulación de políticas tanto a nivel nacional como global. La Brookings Institution tiene su sede en Washington, D.C., y sus investigaciones son consultadas por gobiernos, académicos y otras organizaciones de todo el mundo.
