Una nueva tragedia enluta a una familia paseña de origen mexicano, que sufre la pérdida de un ser querido mientras estaba bajo custodia en la Cárcel del Condado de El Paso, en la zona centro. Según las autoridades, se habría quitado la vida mientras esperaba su proceso judicial.
Esta es la primera muerte registrada bajo la administración del nuevo sheriff del Condado, Oscar Ugarte. Con ella, suman al menos tres fallecimientos en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las prisiones administradas por el Condado.
Según sus familiares, Rafael Reyes, de 54 años, fue detenido el viernes 7 de marzo por un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso en una calle del fraccionamiento conocido como “Las Tierras”, en el este de la ciudad.
Su arresto, aparentemente, se debió a que el engomado de su vehículo no estaba vigente.
“Yo no creo que se haya ahorcado. Él era un hombre de 54 años, un profesional en la instalación de pisos (tile), como para tener pensamientos suicidas”, declaró su esposa, Sandra, visiblemente consternada. Ahora, exige justicia y castigo para los responsables.
Angustiada y al borde de las lágrimas en la sala de su vivienda, ubicada en la calle Peinados, en la zona central, cuestionó: “¿Dónde estaban los policías? Si el agente se fijó en el vencimiento del sticker de mi esposo, ¿por qué no hubo un policía que evitara lo que le hicieron en la celda?”. Denunció negligencia por parte de las autoridades y anunció que interpondrá una demanda contra el Condado.
Señaló que su esposo era un hombre trabajador y responsable, sin antecedentes delictivos. “Pueden ver su récord limpio. Trabajaba duro para sostener a su familia. Ahora, no podemos creer que una simple infracción terminara en su muerte por negligencia de las autoridades, quienes aún no han dado una explicación sobre lo sucedido”.
La familia rechaza la versión del suicidio y cuestiona el hermetismo en torno al caso.
Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso informó por correo electrónico que, en estos casos, no emiten comunicados de prensa sobre muertes relacionadas con causas naturales, afecciones médicas o suicidios. Aseguraron que todas las autoridades estatales competentes fueron notificadas y que el asunto se manejó según los protocolos establecidos.
“La Unidad de Delitos Graves de la Oficina del Sheriff, en coordinación con los Rangers de Texas, llevó a cabo una investigación exhaustiva”, indicaron en el comunicado. Sin embargo, los resultados aún no han sido proporcionados a la familia.
Sandra explicó que, un día antes del arresto, su esposo ya había recibido una infracción similar. Aunque él explicó a los agentes que ya había sido advertido, lo llevaron a la cárcel sin escuchar sus súplicas.
Según las autoridades, Reyes tenía una deuda de 9 mil dólares en multas pendientes, pero al presentarse ante el juez el sábado 8 de marzo, la cifra se redujo a 750 dólares. Sin embargo, el domingo dejaron de tener noticias de él, hasta que un detective llegó a su casa para notificarle, seis horas después, que su esposo se había ahorcado en su celda alrededor del mediodía.
“Quiero justicia para mi esposo Rafael Reyes. Quiero darle cristiana sepultura, pero no tengo dinero”, expresó Sandra, quien sospecha que pudo haber sido asesinado por policías o reclusos por razones raciales, al ser mexicano.
“No tengo pruebas, pero sí sé que mi esposo salió de ahí muerto, y quiero respuestas y justicia”, exigió, pidiendo acceso a las grabaciones de seguridad para verificar la actuación de los celadores, quienes supuestamente deben realizar rondines cada 15 minutos. “Mi esposo debió haberse desmayado por falta de oxígeno, alguien tuvo que haberlo visto y dado aviso de inmediato”.
Denunció que, a tres días de su muerte, no le han permitido ver el cuerpo de su esposo en la morgue, argumentando razones legales. “Sé que hay un proceso, pero necesito saber lo que pasó. Él no tenía trastornos mentales para suicidarse, y menos con una simple toalla de baño”.
Cuestionó la falta de supervisión en la cárcel. “Cuando uno visita a un preso, lo revisan todo. Los policías están detrás de los reclusos. Entonces, ¿por qué no estaban en la celda cuando lo torturaban? Para mí, lo ahorcó un policía o un reo. Fue un asesinato y nos quieren hacer creer que fue un suicidio”.
Hugo Reyes, hijo del fallecido, lamentó la falta de atención de las autoridades, y denunció discriminación contra quienes no hablan inglés. “No es el primer muerto en esta cárcel. Hay mucha negligencia y debe investigarse”. Con indignación, agregó: “Entró vivo y me lo entregaron en una bolsa. No es justo”.
Coincidió con su madre en que su padre no se habría quitado la vida. “Vamos a llegar hasta el fondo para que se investigue a policías y reclusos. Si lo metieron con homicidas, cualquiera puede morir allí y seguirán matando a más gente”.
Sandra también se preguntó por qué no se activó el botón de pánico en la celda de su esposo. “Él no tenía privilegios. No estaba en una celda privada”.
Denunció racismo en el trato a los reclusos y comparó la situación de su esposo con la de Patrick Crusius, autor de la masacre de Walmart en El Paso. “A ese asesino lo tienen como rey, con televisión y guardias para protegerlo. Pero mi esposo, un hombre trabajador, murió sin que nadie lo ayudara”.
La familia ha abierto una página en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los gastos funerarios: https://bit.ly/3FstJ1Y
Sandra también acudió al Consulado de México en El Paso, pero solo le ofrecieron 200 dólares y la cremación del cuerpo, lo que rechaza, pues quiere cumplir la voluntad de su esposo de ser sepultado.
La Oficina del Sheriff informó que la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas revisará las circunstancias de la muerte para garantizar el cumplimiento de las normas penitenciarias. “La seguridad y el bienestar de quienes están bajo nuestra custodia siguen siendo nuestra máxima prioridad”, concluyeron.
