En un hecho sin precedentes, un total de 82 migrantes fueron detenidos en diversas operaciones por tropas castrenses en el desierto de Santa Teresa, Nuevo México, tras cruzar una franja de la frontera ahora clasificada como “zona militar” por decreto del presidente Donald Trump, lo que generó críticas por la militarización y preocupación por los derechos civiles.
Este operativo, el primero desde la implementación de la nueva iniciativa, marca un endurecimiento sin precedentes en la política fronteriza de Estados Unidos, combinando recursos militares y legales para frenar la migración irregular en la región.
La primera detención, registrada el pasado lunes, en la que se contabilizaron 28 extranjeros, ocurrió en la Reserva Roosevelt, una franja de 60 pies de ancho que abarca California, Arizona y Nuevo México, transferida recientemente al Departamento de Defensa para su control militar.
“El Departamento de Justicia trabajará en estrecha colaboración con el Departamento de Defensa y la Patrulla Fronteriza para lograr el control operativo total de la frontera de 274 kilómetros de Nuevo México con México”, afirmó el fiscal federal Ryan Ellison, quien fue nombrado fiscal de los Estados Unidos para Nuevo México el 18 de abril.
Y remató: “Quienes invadan el Área de Defensa Nacional serán procesados federalmente, sin excepciones”.
De acuerdo con las autoridades, los cargos marcan el primer uso a gran escala de un nuevo estatuto penal dirigido a la entrada no autorizada a la propiedad de defensa militar protegida por el Gobierno federal, un movimiento habilitado por la reciente transferencia de control sobre un tramo de 170 millas (274 km) de tierra fronteriza, conocido como la Reserva Roosevelt, del Departamento del Interior al Departamento de Defensa.
Este corredor, ahora tratado como una extensión de Estados Unidos bajo jurisdicción de la guarnición del Ejército de Fort Huachuca, está sujeto a patrullajes y vigilancia militar reforzada, y las tropas estadounidenses están autorizadas a detener temporalmente a personas y transferirlas a las autoridades federales para su procesamiento.
Según el memorando presidencial del 12 de abril, esta área fue designada como “Área de Defensa Nacional”, permitiendo a las tropas realizar arrestos por “allanamiento” en propiedad militar, una estrategia que busca eludir la Ley Posse Comitatus, firmada el 18 de junio de 1878 por el presidente Rutherford B. Hayes, que limita el uso de Fuerzas Armadas en labores policiales.
Ellison anunció el jueves que 82 personas se enfrentan a nuevos cargos penales del Título 50 por entrada no autorizada al Área de Defensa Nacional, destinados a tomar medidas enérgicas contra los cruces ilegales donde México comparte una frontera con Nuevo México.
Las acciones del Departamento de Justicia subrayan una respuesta federal coordinada a la seguridad fronteriza, aprovechando la mayor autoridad militar y procesal para disuadir los cruces ilegales, informaron las autoridades.
Se estableció que aquellos que son arrestados en la zona de amortiguación de 60 pies pueden enfrentar cargos por “entrada no autorizada a las Áreas de Defensa Nacional de Nuevo México”, según los documentos de acusación, un delito menor punible con hasta un año de prisión.
Con la reciente transferencia de tierras del Departamento del Interior al Departamento de Defensa para convertir el tramo de 170 millas de la frontera entre Estados Unidos y México en el suroeste de Nuevo México en una base militar, se autoriza a las tropas federales a detener y transferir a las personas a la aplicación de la ley federal por cargos penales, según un comunicado de prensa.
Los nombres de las 82 personas acusadas no estuvieron disponibles de inmediato.
Durante su visita reciente a la zona, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó que los migrantes enfrentarán cargos adicionales por violar regulaciones militares, con penas de hasta un año de prisión y multas de 100 mil dólares, además de los cargos tradicionales por ingreso ilegal. “Serán interceptados por tropas y la Patrulla Fronteriza trabajando juntas”, advirtió.
Ante ello, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México calificó la medida, la cual marca un hito en la política fronteriza de Trump, como un “peligroso precedente” por sus implicaciones legales y humanitarias.
Rebecca Sheff, abogada de la organización, señaló que esta es la primera vez que se aplica la figura de “zona restringida militar” contra migrantes, equiparando su situación con ingresar sin autorización a una base militar.
La ACLU alertó que la medida podría afectar incluso a residentes fronterizos estadounidenses que transiten por la zona sin saberlo.
Expertos argumentan que la estrategia de Trump distorsiona la Doctrina de Propósito Militar, originalmente concebida para proteger instalaciones castrenses, no para labores de control migratorio.
No obstante, y a pesar de la avalancha de críticas, la administración Trump ha justificado la medida como parte de su plan para “repeler la invasión” en la frontera sur, aunque datos oficiales muestran que los cruces irregulares cayeron a mínimos históricos en marzo: 7 mil 200 encuentros, frente a 189 mil en 2024.
Mientras el Gobierno celebra el operativo como un éxito disuasorio, organizaciones humanitarias lo ven como una escalada represiva. “Esto es Texas’s Operation Lone Star pero con esteroides”, comparó Sheff, refiriéndose al polémico programa de criminalización de migrantes en ese estado.
Los detenidos, procedentes principalmente de México, según fuentes judiciales, enfrentarán juicio en tribunales federales de Las Cruces. Su defensa alega que los cargos militares son redundantes y excesivos: “Si tuvieran $100 mil, no estarían cruzando”, declaró Carlos Ibarra, abogado de varios acusados.
Con tropas desplegadas y equipos de vigilancia reforzados, Santa Teresa se ha convertido en el primer campo de prueba de una frontera militarizada. Un modelo que, según críticos, podría extenderse a otros puntos del límite con México.
Ante este escenario, la Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México continuará procesando agresivamente todas las violaciones dentro del Área de Defensa Nacional, en estrecha colaboración con el Departamento de Defensa y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, afirmó su titular, Ryan Ellison, tras firmar personalmente 28 de los 82 documentos de acusación para los migrantes inculpados.
