En medio de intensas negociaciones sobre el presupuesto federal para el año fiscal 2026, legisladores del Congreso de Estados Unidos impulsan una agenda fiscal que, según expertos del Brookings Institution, representa un duro golpe para millones de inmigrantes y sus familias.

A través del proceso de reconciliación presupuestaria –una herramienta legislativa diseñada para facilitar la aprobación de políticas fiscales con mayoría simple en el Senado– se han debatido varias propuestas con implicaciones migratorias que han sido sistemáticamente rechazadas por criterios técnicos.

“La parlamentaria del Senado ha concluido que las propuestas de reforma migratoria no tienen un impacto presupuestario lo suficientemente directo como para cumplir con los requisitos de reconciliación”, establece el informe de Brookings, actualizado la semana pasada..

Entre las propuestas descartadas está la de otorgar permisos de trabajo y protección contra la deportación, a inmigrantes indocumentados con larga permanencia en el país, una medida que habría beneficiado a más de siete millones de personas.

“Las disposiciones habrían ofrecido a millones de inmigrantes indocumentados una protección temporal frente a la deportación y elegibilidad para autorizaciones de trabajo”, señala el análisis. No obstante, estas medidas fueron rechazadas por considerarse ajenas al objetivo fiscal de la reconciliación.

Además, el informe destaca la negativa del Congreso a recuperar visas de inmigración no utilizadas de años anteriores. Esta medida, que no requiere ampliar los límites legales de visas, habría reducido de forma significativa el tiempo de espera para inmigrantes con solicitudes pendientes.

“Estas propuestas tienen una lógica fiscal clara al permitir que se aprovechen completamente los límites de visas ya autorizados por el Congreso”, argumenta Brookings, pero aun así, no lograron avanzar.

Otro frente de impacto es el acceso al Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés). En años recientes, se había restringido el beneficio a menores con número de Seguro Social, excluyendo a más de un millón de niños, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados. La nueva propuesta de presupuesto no incluye restaurar ese acceso. “Negar el CTC a niños ciudadanos por el estatus migratorio de sus padres representa un castigo injusto a la niñez en situación vulnerable”, advierten los autores del informe.

Seguridad reforzada

En paralelo, la propuesta republicana de gasto incluye más de 175 mil millones de dólares destinados a fortalecer la seguridad fronteriza, ampliar centros de detención y contratar personal adicional para el control migratorio. Este enfoque, según críticos, representa un desequilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de derechos humanos. “Este tipo de gasto no resuelve los problemas estructurales del sistema migratorio y puede empeorar la situación humanitaria en la frontera”, advierte Brookings.

Organizaciones pro derechos de los migrantes como el National Immigration Forum y el Migration Policy Institute coinciden en que el Congreso ha desperdiciado una oportunidad para hacer avanzar reformas inclusivas. “La reconciliación presupuestaria podría haber sido usada para mejorar la eficiencia del sistema migratorio legal y ampliar beneficios sociales esenciales. En cambio, se ha optado por una visión restrictiva y excluyente”, subrayó un portavoz del Migration Policy Institute.

El debate actual se enmarca en un clima político polarizado, donde la migración continúa siendo un tema central en las campañas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Mientras tanto, millones de personas en situación migratoria irregular siguen sin una vía clara hacia la legalización y con menor acceso a apoyos fiscales que podrían aliviar la precariedad económica.

El informe de Brookings concluye con una advertencia: “Sin una intervención legislativa significativa fuera del proceso de reconciliación, millones de inmigrantes seguirán marginados del sistema legal y fiscal del país, a pesar de sus contribuciones económicas y sociales”.