El fiscal general de Texas, Ken Paxton, puede seguir adelante con sus esfuerzos para recopilar registros de Casa Anunciación de El Paso para investigar sus afirmaciones de que la red de refugios para migrantes estaba albergando inmigrantes indocumentados, dictaminó la Corte Suprema de Texas el viernes.

“Concluimos que la Corte de primera instancia erró en sus determinaciones constitucionales. Igualmente concluimos que las medidas cautelares relacionadas de la Corte, que impiden al fiscal general incluso presentar una acción quo warranto, fueron prematuras en el mejor de los casos”, señala el tribunal.

“Nuestra determinación principal es que el fiscal general tiene la autoridad constitucional para presentar su acción ‘quo warranto’ propuesta, lo que simplemente permite que el proceso de litigio usual se desarrolle”, dijo la Corte civil más alta del estado en una decisión 8-0.

Quo warranto es un término legal de siglos de antigüedad, con raíces en el Derecho común inglés, que requiere que una persona u organización muestre qué autoridad tiene para ejercer un derecho o habilidad que posee o si esa autoridad es legítima o no. En este caso, Paxton está desafiando el derecho de Casa Anunciación de hacer negocios en Texas. El fallo notó que esta es la primera vez en más de un siglo que la Corte Suprema de Texas dictaminó sobre un procedimiento ‘quo warranto’.

Rubén García, fundador y director ejecutivo de Casa Anunciación, dijo a El Paso Matters el viernes que la organización está revisando el fallo completo y no podía comentar hasta tener un entendimiento completo de todas sus implicaciones.

El fallo contiene algunas buenas noticias para Casa Anunciación, particularmente sobre lo que constituye el crimen de albergar a un inmigrante indocumentado.

“Casa Anunciación ciertamente está correcta en un punto, como el fiscal general ahora está de acuerdo: que simplemente proporcionar refugio a personas que resultan ser migrantes, independientemente de su estatus legal, no viola el estatuto de albergar extranjeros”, dictaminaron los jueces.

Pero la Corte también encontró que el fiscal general había mostrado “fundamento probable” para proceder con una acción quo warranto para determinar si Casa Anunciación violó el estatuto estatal de albergue.

“Hoy es una gran victoria para Texas, fronteras seguras y el Estado de Derecho”, dijo Paxton en un comunicado de prensa, redoblando las acusaciones de que el refugio albergaba indocumentados. “Esto no puede continuar, y haré todo lo que esté en mi poder para detenerlos a ellos y a cualquier otra ONG que esté violando nuestras leyes”.

El obispo católico de El Paso, Mark Seitz, quien ha apoyado a Casa Anunciación en su batalla con Paxton, en una declaración a El Paso Matters dijo que estaba esperando una interpretación de las implicaciones del fallo.

“Nuestro entendimiento preliminar de la decisión de la Corte Suprema de Texas de hoy es que permite que el caso judicial proceda en relación con la investigación del fiscal general de Casa Anunciación. Aunque esto es decepcionante, tengo fe en que la justicia prevalecerá y me solidarizo con Casa Anunciación, que trabaja para cumplir fielmente la misión de la Iglesia de ayudar a los más necesitados entre nosotros”.

La Corte anuló un fallo de julio de 2024 del juez del Distrito 205 Francisco Domínguez de El Paso, quien dictaminó que las “acciones escandalosas e intolerables” de la Oficina del Fiscal General eran ilegales y se basaban en estatutos inconstitucionales. La oficina de Paxton apeló la decisión directamente a la Corte Suprema de Texas, que escuchó argumentos orales en enero.

El fallo del viernes envió el caso de vuelta a Domínguez para procedimientos adicionales en línea con la decisión de la Corte Suprema.

Paxton y todos los jueces de la Corte Suprema de Texas son republicanos. Domínguez es demócrata. El juez James Sullivan, quien fue nombrado a la Corte Suprema el año pasado por el gobernador Greg Abbott, no participó en la decisión. Los jueces de la Corte Suprema no están obligados a explicar las razones para recusarse de casos.

La representante federal Verónica Escobar, demócrata por El Paso, quien ha llamado las acciones de Paxton políticamente motivadas, dijo que Casa Anunciación ha proporcionado apoyo humanitario para inmigrantes en coordinación con la Patrulla Fronteriza durante décadas.

“Es vergonzoso que el fiscal general Ken Paxton abuse de los recursos y poder de su oficina para intimidar a aquellos con quienes no está de acuerdo”, dijo Escobar en una declaración a El Paso Matters.

Las agencias federales de inmigración han trabajado durante mucho tiempo con la organización, que ha operado por más de 40 años, para proporcionar cuidado a migrantes después de que son liberados por las autoridades federales.

Casa Anunciación ha dicho que ha operado en cumplimiento con todas las leyes y de acuerdo con las enseñanzas católicas. La red de refugios dijo que la solicitud de Paxton daría a su oficina acceso a registros confidenciales, y violaba la libertad religiosa de Casa Anunciación.

“La Corte le dio a Paxton una deferencia que no merece, pero la decisión nunca sugiere que hay alguna validez a las afirmaciones sin fundamento hechas contra Casa Anunciación”, dijo Dustin Rynders, director legal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, en una declaración. “Los casos de acoso a organizaciones sin fines de lucro de Paxton no son sobre justicia sino intimidación”.

Los investigadores de la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General presentaron a Casa Anunciación una solicitud para examinar registros relacionados con sus operaciones en febrero de 2024, esencialmente buscando despojar a la organización de su habilidad para operar en Texas.

Paxton ha usado leyes de protección al consumidor para investigar varias organizaciones por cosas como ofrecer refugio a inmigrantes, proporcionar atención médica a adolescentes transgénero o tratar de fomentar un lugar de trabajo diverso, según un análisis de ProPublica y The Texas Tribune publicado en mayo de 2024.

Las leyes de protección al consumidor dan a los fiscales generales amplia autoridad para solicitar registros cuando investigan negocios o organizaciones benéficas por alegaciones de prácticas engañosas o fraudulentas.

Paxton ha usado esa ley para perseguir objetivos políticos, solicitando documentos internos y a menudo confidenciales de organizaciones cuyo trabajo entra en conflicto con sus puntos de vista políticos, incluyendo Casa Anunciación y el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas de El Paso.

Los funcionarios de Las Américas no estuvieron disponibles para comentar el viernes.

A principios de este mes, los condados de El Paso y Travis demandaron a Paxton sobre una nueva regla administrativa que daría a su oficina acceso a registros mantenidos por fiscales de Distrito y Condado en ciertos condados –incluyendo información privada de víctimas de crímenes, acusados criminales, oficiales de aplicación de la ley y registros operacionales internos.