Para Lucía Aguirre, una mujer inmigrante, recuperar su libertad significó terminar con cinco meses de encierro, pero no dejar atrás las voces y recuerdos de las mujeres con quienes compartió la detención. Ahora, desde fuera, Aguirre habla por quienes permanecen detrás de las puertas de los centros de detención migratoria operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"Mi familia y yo somos unos sobrevivientes", expresó al compartir públicamente su experiencia durante una conferencia de prensa y exposición comunitaria realizada este sábado en El Paso, para exigir el cierre de Camp East Montana, instalado en Fort Bliss, en el extremo este de la ciudad.
La actividad se realizó al cumplirse un año de la apertura del cuestionado centro, y reunió a líderes comunitarios, activistas y organizaciones de derechos humanos y civiles que denunciaron negligencia, brotes de enfermedades, uso de la fuerza, atención médica y alimentación inadecuadas, y falta de supervisión dentro de la instalación.
La coalición reiteró su exigencia de medidas inmediatas para cerrar el centro, garantizar la transparencia y exigir responsabilidades plenas a los culpables de abuso y negligencia.
La conferencia de prensa y la exposición destacaron testimonios que denuncian la grave negligencia y los brotes de enfermedades, el uso violento de la fuerza, las amenazas coercitivas de deportación, la atención médica y la alimentación inadecuadas, y la falta de supervisión y rendición de cuentas.
Entre las organizaciones participantes estuvieron la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), la Unión Americana por las Libertades Civiles de Texas (ACLU de Texas), Médicos del Mundo, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro de Derecho de Inmigrantes de Nuevo México y la Red de Vigilancia de Detenciones.
Tras 365 días de sufrimiento humano, pérdidas, negligencia sistémica y miles de millones de dólares de los contribuyentes despilfarrados, Aguirre recordó que su vida cambió durante lo que parecía ser un día cotidiano.
Y es que ese día había llevado a sus hijos a la escuela cuando fue detenida. Lo que siguió, relató, fueron cinco meses de separación de su familia. "Llega el momento en el que me ingresan, y ahí empieza mi pesadilla", dijo ante más de una veintena de personas que asistieron al evento.
Su relato se concentró no solamente en las condiciones físicas de la detención, sino también en el impacto que la separación provocó en su familia. "¿Cómo explicarle a mis hijos que sí estaba, pero no estaba a la vez?", cuestionó al recordar aquellos meses.
Aseguró que dentro del centro llegó a sentirse tratada como una criminal, y denunció restricciones para bañarse, alimentarse y comunicarse con sus familiares.
También describió condiciones de hacinamiento: seis sanitarios, seis regaderas y siete teléfonos para alrededor de 80 mujeres. Sobre la alimentación, recordó haber recibido incluso pollo que, según su testimonio, estaba crudo y con sangre. "Somos humanos", reclamó.
Pero para Aguirre, la parte más dolorosa fue la separación familiar. Relató el impacto emocional que su ausencia tuvo sobre sus hijos, y pidió a la comunidad reflexionar sobre las consecuencias que una detención migratoria puede tener más allá de las personas encerradas.
Aguirre logró salir en enero y actualmente colabora con la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Sin embargo, aseguró que no ha podido olvidar a las mujeres que conoció durante su detención.
Dijo que conserva en su memoria sus llamados de auxilio y la petición de que quienes recuperan su libertad hablen por aquellas que todavía permanecen dentro. "Ve y habla, ve y lucha por nosotros", recordó Aguirre entre las voces de sus antiguas compañeras.
Su experiencia fue una de varias presentadas durante la jornada. Activistas también leyeron cartas atribuidas a personas actualmente detenidas, mientras una exposición recreó algunos de los elementos y condiciones descritos por quienes han pasado por el sistema de detención.
Los testimonios expuestos hablaron de sanitarios que se desbordan, iluminación constante que dificulta dormir, frío, alimentación deficiente y otras condiciones que los detenidos describen como degradantes. La carpa instalada dentro del edificio fue precisamente para visibilizar las condiciones inhumanas de detención en Camp East Montana, en Fort Bliss.
Así, aunque Aguirre tuvo la oportunidad de recuperar su libertad, las organizaciones utilizaron su historia para dirigir la atención hacia quienes continúan detenidos y no pueden contar personalmente lo que sucede dentro.
Camp East Montana se encuentra dentro de Fort Bliss, en El Paso, y comenzó operaciones en agosto de 2025. De acuerdo con la información presentada por la coalición, la instalación tuvo un costo de 1,300 millones de dólares.
Las organizaciones recordaron, además de los testimonios leídos por los activistas en el acto, las muertes de Francisco Gaspar-Andrés, Geraldo Lunas Campos y Víctor Manuel Díaz, casos que citaron al reiterar su exigencia de mayor transparencia, supervisión y rendición de cuentas.
A un año de su apertura, la coalición sostiene que las denuncias acumuladas justifican el cierre definitivo de la instalación.
La representante federal Verónica Escobar se sumó al llamado y aseguró que ha solicitado el cierre de Camp East Montana prácticamente desde que comenzó a operar. "Es una de esas instalaciones que nunca debió haber abierto", declaró.
Escobar cuestionó, además, el costo para los contribuyentes, y sostuvo que más de mil millones de dólares se están destinando a una instalación administrada con participación de una corporación privada, mientras, afirmó, las personas detenidas sufren.
La representante señaló que ella y miembros de su equipo han realizado visitas de supervisión y gestionado casos relacionados con personas recluidas en el centro. También afirmó haber enfrentado obstáculos para ejercer sus funciones de supervisión, y dijo haber recurrido a acciones legales contra la administración Trump por restricciones a su acceso.
Escobar sostuvo que, además del cierre del centro, Estados Unidos necesita una reforma migratoria integral, y mencionó su propuesta denominada Ley de la Dignidad. "Su voz, su activismo importan", dijo a los asistentes. "Una instalación que nunca debió haber abierto y que debe cerrarse de inmediato".
La exposición incluyó una carpa acondicionada para recrear las condiciones en las que permanecen los migrantes detenidos en Camp East Montana. En su interior fueron colocados una litera, un inodoro y una pequeña mesa con alimentos y un televisor, mientras las paredes quedaron cubiertas con hojas que reproducían testimonios de personas recluidas. La instalación buscó que los asistentes pudieran dimensionar, aunque fuera por unos minutos, el espacio y las condiciones descritas por quienes permanecen bajo custodia.
Entre los testimonios exhibidos se encontraba el de Jesús Alfonso Fernández Gastélum, mexicano de 39 años, quien relató que, al ingresar al centro, observó un video que mostraba instalaciones limpias, alimentos adecuados y personas en buenas condiciones. Sin embargo, aseguró que, al entrar al campamento, encontró una situación completamente distinta: "la realidad es totalmente diferente". Su declaración forma parte de las voces utilizadas durante la exposición para denunciar las condiciones dentro del centro.
Otros testimonios colocados en las paredes denunciaban luces que permanecen encendidas durante gran parte de la noche, dificultades para dormir, sanitarios que se tapan y agua proveniente de inodoros y regaderas que llega a desbordarse hacia las áreas habitacionales. Uno de los detenidos explicó que participa en acciones legales porque quiere que quienes están dentro del centro sean vistos y tratados "como seres humanos".
El recorrido adquirió un significado especialmente emotivo cuando Lucía Aguirre ingresó a la carpa acompañada por varios de los asistentes. Para la mujer que pasó cinco meses detenida antes de recuperar su libertad, observar nuevamente una litera, el sanitario, los escasos alimentos y las historias escritas en las paredes significó confrontarse otra vez con una experiencia que describió como una pesadilla.
La recreación no solamente mostró las condiciones denunciadas por quienes continúan detenidos, sino que puso rostro a las historias de separación, impotencia y dolor que las organizaciones buscan visibilizar.
Para Aguirre, la exigencia tiene ahora nombres y rostros: los de las mujeres y familias que conoció durante los cinco meses en que estuvo detenida.
Su libertad le permitió regresar con su familia y convertirse en activista. Pero su llamado este sábado estuvo dirigido precisamente hacia quienes no han tenido esa oportunidad. "Hablo por todas estas personas", expresó. "Hagamos conciencia y sigamos luchando".
A un año de la apertura de Camp East Montana, esa diferencia, entre quienes lograron salir y quienes todavía esperan dentro, fue precisamente la que las organizaciones buscaron colocar frente a la comunidad de El Paso.
