En un salón comunitario del extremo Este de la ciudad, el sheriff del Condado de El Paso, Oscar Ugarte, se enfrentó el viernes a una sala repleta de residentes ansiosos que buscaban respuestas sobre una nueva ley estatal que podría transformar la relación entre las autoridades locales y la aplicación de la ley migratoria federal.

La reunión, organizada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en el Centro Comunitario Socorro Ramírez, se convirtió en un espacio de diálogo directo entre autoridades y ciudadanos en un momento especialmente sensible para la comunidad fronteriza, tras la implementación de nuevas políticas migratorias promovidas por la administración del presidente Donald Trump.

“Nuestra prioridad es servir a la comunidad y enfocarnos en los crímenes que afectan a nuestros vecindarios. No queremos una división entre el sheriff y la comunidad”, señaló Ugarte ante los residentes reunidos.

El encuentro giró en torno a la Ley SB8 del Senado de Texas, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 y requiere que todos los condados de Texas que operen cárceles soliciten un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estos acuerdos autorizan a los oficiales locales a colaborar en la identificación y procesamiento de personas por violaciones a las leyes migratorias federales dentro de las cárceles.

Un dilema legal sin alternativas

Durante su intervención, Ugarte fue enfático al señalar que se trata de una obligación impuesta por ley estatal, dejando claro que su oficina “tiene las manos atadas”.

“Es una ley estatal y tenemos que acatarla. No tengo la autoridad para emitir órdenes que contradigan una ley estatal o federal. Se tiene que hacer”, expresó el sheriff ante los asistentes.

Uno de los mayores temores de la comunidad fue la percepción de que los sheriffs del Condado se convertirían en oficiales de inmigración. Ante ello, Ugarte negó categóricamente esa posibilidad y explicó que la ley contempla tres modelos de colaboración, de los cuales su oficina eligió el que considera menos dañino para la comunidad.

“La opción que estamos seleccionando es ayudar únicamente dentro de las cárceles del Condado. Si una persona es detenida y llevada a la cárcel, lo único que vamos a hacer es revisar si existe una orden de arresto federal. No vamos a salir a las calles a ejecutar leyes migratorias ni a investigar el estatus migratorio de las personas”, aclaró.

El sheriff agregó que el departamento tiene hasta un año para elaborar el contrato con ICE y que la intención es someter la documentación en marzo, a fin de evaluar si el Gobierno federal acepta el acuerdo.

Voces de la comunidad: entre el miedo y la esperanza

Entre los asistentes se encontraba Cecilia Rodríguez, vecina de la zona desde 1984, cuando las colonias del desierto aún carecían de servicios básicos como el agua potable.

“Es triste que nuestro departamento del Condado, nuestro sheriff, no nos pueda asegurar la seguridad ni para nosotros ni para nuestros hijos”, expresó Rodríguez. “También es triste ver cómo muchas familias están siendo separadas; se llevan a los papás y dejan a niños de ocho meses o de siete años. No es algo que vea en la televisión, yo lo vivo día a día en esta comunidad”.

Aunque manifestó comprensión sobre las limitaciones legales que enfrentan las autoridades locales, Rodríguez fue crítica del contexto político actual y llamó a la unidad comunitaria para proteger a las familias migrantes, especialmente a los niños.

En contraste, Patricia, otra de las asistentes a la junta, consideró positiva la realización del encuentro y la explicación ofrecida por el sheriff y los organizadores.

“Yo vi con buenos ojos esta plática porque nos permitió aclarar muchas dudas. Es importante escuchar directamente a las autoridades y saber qué sí pueden hacer y qué no. Al menos ahora tenemos más información y eso ayuda a que el miedo no se base sólo en rumores”, comentó.

Conocer los derechos como herramienta contra el temor

Alan Lizárraga, representante de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, subrayó que el objetivo principal de la reunión fue que la comunidad reciba información clara y confiable, pero sobre todo que conozca sus derechos constitucionales.

“Es fundamental que las personas sepan que, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales. Queremos que la comunidad esté informada sobre qué hacer y qué decir en caso de ser abordados por un agente de inmigración”, señaló Lizárraga.

Añadió que el conocimiento de estos derechos es una herramienta clave para reducir el miedo y evitar abusos, especialmente en un contexto de mayor endurecimiento de las políticas migratorias.

La reunión se dio en medio de un ambiente de ansiedad generalizada entre familias migrantes, incluso entre aquellas sin antecedentes criminales y con años de residencia en la región. Vecinos expresaron su preocupación por operativos migratorios, posibles separaciones familiares y la percepción de una mayor persecución hacia personas trabajadoras que, aseguran, no representan una amenaza para la seguridad pública.

A partir del 1 de diciembre de 2026, el Fiscal General de Texas podrá demandar a los sheriffs o condados que no cumplan con los requisitos de la ley, incluyendo no solicitar o no implementar un acuerdo 287(g).

La ley también exige que los Condados asignen personal y recursos para llevar a cabo estos acuerdos. Los condados con menos de un millón de habitantes pueden ser elegibles para recibir fondos estatales limitados que ayuden a cubrir los costos de implementación, mientras que los condados más grandes no recibirán apoyo financiero.