Más de 200 residentes del Condado de El Paso manifestaron este lunes su rotundo rechazo a la posible construcción de un nuevo centro de detención migratoria de ICE en la región, en una audiencia pública que se extendió por más de seis horas y reflejó la indignación ciudadana ante lo que califican como una amenaza a los derechos humanos y una carga para los recursos locales.
La controversia estalló luego de que la congresista Verónica Escobar diera a conocer que una corporación privada habría recibido casi $30 millones en un contrato federal sin licitación para diseñar espacios de detención adicionales, entre ellos otra instalación en El Paso. La información, confirmada parcialmente por ICE en comunicaciones previas, encendió las alarmas en la comunidad fronteriza.
La Corte de Comisionados del Condado celebró el lunes 26 de enero una reunión a puerta cerrada para recibir asesoría legal de la fiscal del Condado, Christina Sánchez.
Aunque no se tomó ninguna acción oficial durante la sesión ejecutiva, la respuesta ciudadana fue inmediata y contundente. Más de 200 personas se registraron para participar en la sesión pública, y decenas de ellas tomaron la palabra –en persona y de manera remota– para manifestar su oposición frontal a la posible construcción del nuevo centro, particularmente uno que se proyecta cerca de Clint en el Eastwind Logistics Center, cerca de la Interestatal 10 en la ciudad de Socorro.
“Estoy en contra de la expansión de los centros de detención en nuestra región porque los derechos humanos no dependen de la ciudadanía”, expresó Chelsea Sugarert, quien calificó el proyecto como un “megacentro de detención” impuesto sin considerar a la comunidad.
Diana Martínez pidió a los comisionados explorar todas las vías legales para negar permisos relacionados con el proyecto, al señalar que, aunque se trate de instalaciones federales, muchas son operadas por empresas privadas que dependen de contratos locales.
Exigen cierre de Camp East Montana
Varios oradores no sólo rechazaron un nuevo centro, sino que exigieron el cierre del Campamento East Montana, actualmente la instalación de detención migratoria más grande del país, con capacidad para unas 5 mil personas.
“Nos preocupa el impacto local y nacional. No sólo debemos detener otro centro, sino cerrar el que ya existe”, afirmó Alexis Niemi.
Las protestas se intensificaron tras confirmarse que tres personas han muerto en lo que va del mes de enero en las instalaciones de ICE East Montana. Desde diciembre, han fallecido Francisco Gaspar Cristóbal Andrés, Geraldo Lunas Campos y Víctor Manuel Díaz. En el caso de Lunas Campos, la Oficina Forense del Condado determinó que se trató de un homicidio.
Activistas y residentes citaron además reportes de abuso físico y sexual documentados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), así como la falta de transparencia en la operación del centro, que abrió apenas en agosto pasado.
“Estos centros son una tortura”, afirmó Anna Reza, de la Diócesis Episcopal del Río Grande. “No puede ocurrir en nuestro nombre como condado”.
“¿Es este el legado que queremos dejar?”, preguntó Lluvia Silvia, mientras Susan Urbieta recordó que los campos de concentración en Alemania comenzaron como centros de detención.
Críticas de la congresista Escobar
En un comunicado emitido el 20 de enero, la congresista Verónica Escobar fue tajante al criticar la expansión de estos centros. Señaló que el uso de fondos públicos para instalaciones administradas por corporaciones privadas carece de supervisión adecuada y no cumple con estándares mínimos de trato humano.
“Las instalaciones existentes deben cerrarse, no multiplicarse”, declaró Escobar, al vincular la financiación de estos centros con legislación federal reciente que, dijo, recortó programas de salud y nutrición para beneficiar a los más ricos y financiar centros de detención.
“Una corporación privada recibió casi $30 millones a través de un contrato federal sin licitación para ayudar a diseñar más espacios de detención, incluyendo otra instalación en El Paso”, señaló la legisladora.
Escobar comentó que el presidente Donald Trump y los republicanos han estado utilizando fondos de los contribuyentes estadounidenses para enriquecer a estas corporaciones privadas responsables de las deportaciones masivas, incluida la corporación que opera el Campamento East Montana, que limita la supervisión adecuada, se ha vuelto cada vez más peligrosa y no cumple con los estándares mínimos para la detención de seres humanos.
“Los $170 mil millones de financiación para estas ciudades de tiendas de campaña administradas por corporaciones provienen de la ‘Ley Grande y Hermosa’. Esta ley republicana recortó los programas de atención médica y nutrición para los estadounidenses trabajadores con el fin de otorgar enormes exenciones fiscales a los estadounidenses más ricos y financiar estas ciudades de tiendas de campaña”, agregó.
Respuesta de ICE y preocupaciones locales
En respuesta a la controversia, ICE emitió un comunicado en el que asegura que no tiene nuevos centros de detención qué anunciar por el momento, aunque confirmó que trabaja activamente para ampliar el espacio de detención a nivel nacional.
“Estas no serán bodegas, sino instalaciones bien estructuradas que cumplirán con nuestros estándares habituales”, indicó un portavoz, al afirmar que el 70% de los arrestos del ICE corresponden a inmigrantes indocumentados acusados o condenados por delitos en Estados Unidos.
No obstante, la información trascendida apunta a que el Gobierno federal habría adquirido tres estructuras tipo almacén en el Eastwind Logistics Center, cerca de la I-10 en la ciudad de Socorro, lo que alimentó aún más la inquietud entre autoridades locales.
El juez del Condado, Ricardo Samaniego, expresó públicamente su preocupación por el impacto que tendría un nuevo centro de detención en la región.
“Esto implicaría mandatos federales sin financiación, una enorme presión para la comunidad”, advirtió. “Estamos hablando de miles de personas que requieren agua, electricidad y servicios. Es como una empresa muy grande, pero sin los beneficios económicos que una empresa genera”.
El alcalde de Socorro, Rudy Cruz Jr., coincidió y alertó sobre el impacto en los sistemas de agua potable y electricidad, especialmente en una ciudad donde aún hay residentes sin acceso adecuado a estos servicios.
“Nosotros en la ciudad de Socorro tenemos muchos residentes que todavía no tienen sistemas adecuados de agua o alcantarillado y ahora planean poner 8 mil 500 personas –más todos los contratistas y personal– en nuestro sistema de agua”, cuestionó Cruz.
El Distrito de Agua del Valle Bajo, que atiende a unas 21 mil conexiones en la región, también podría verse severamente afectado.
Participación ciudadana masiva
Durante más de seis horas de participación pública, residentes compararon estos centros con campos de concentración, cuestionaron el legado que dejaría el Condado y pidieron a los comisionados resistir la expansión.
La comisionada Jackie Butler, del Precinto 1, agradeció la participación ciudadana y reconoció la presencia masiva de residentes.
“Que la comunidad esté aquí, expresando su opinión y diciéndonos lo que piensa, realmente nos ayuda a aclarar nuestra postura”, señaló.
Por ahora, no se ha tomado ninguna decisión oficial. Sin embargo, las voces ciudadanas coinciden en un punto: El Paso no quiere más centros de detención, y el debate promete intensificarse mientras persista la posibilidad de una nueva instalación de ICE en la región fronteriza.
