La Ciudad de El Paso sufrió una nueva derrota en los tribunales en su intento por defender la llamada cuota ambiental, un cargo mensual aplicado a los recibos de agua y saneamiento que durante años generó millones de dólares para las arcas municipales.
La Octava Corte de Apelaciones de Texas rechazó el pasado 21 de julio la solicitud de una nueva audiencia presentada por el gobierno municipal, con lo que mantuvo firme su decisión anterior de declarar que la cuota constituye un impuesto ilegal y no un cobro válido por servicios municipales.
El fallo representa una nueva victoria para Joe Pickett, exrepresentante estatal y exregidor de El Paso, quien inició en 2020 una batalla legal contra la ciudad al argumentar que el cobro violaba la ley porque los ingresos obtenidos no estaban directamente relacionados con el propósito para el cual fue creado.
"Es una buena noticia para el contribuyente y estoy en esto a largo plazo", declaró Pickett después de la decisión judicial. "Va a ser muy difícil para ellos (la ciudad) defender esto en cualquier nivel".
La disputa comenzó cuando Pickett cuestionó la cuota ambiental establecida originalmente en 2015 por un monto de $1.10 mensual en los recibos de agua. En 2020, el cobro aumentó a $6 al mes, generando millones de dólares en ingresos para la ciudad.
Según documentos judiciales, la cuota produjo más de $13 millones al año para el gobierno municipal.
Una batalla de seis años
El camino legal iniciado por Pickett ha atravesado varias etapas. En agosto de 2024, el juez Patrick García, de la Corte de Distrito 384 en El Paso, falló a favor del exfuncionario y determinó que el cobro era inconstitucional y debía suspenderse.
Posteriormente, la Octava Corte de Apelaciones confirmó esa decisión y rechazó recientemente la petición de la ciudad para reconsiderar el caso.
En su resolución previa, la corte señaló que la ciudad no pudo demostrar que el dinero recaudado mediante la cuota estaba razonablemente relacionado con los costos que supuestamente debía cubrir.
El argumento municipal era que el cobro funcionaba como una cuota de franquicia ambiental, es decir, una compensación por el uso de las calles públicas por parte de vehículos dedicados a la recolección de basura.
La ciudad sostuvo que esos ingresos no tenían que utilizarse exclusivamente para reparar calles, debido a que la cuota no era una tarifa regulatoria tradicional.
Sin embargo, los jueces determinaron que los recursos fueron utilizados para cubrir gastos ajenos al supuesto propósito del cobro, incluyendo equipo para los departamentos de Policía y Bomberos.
Por esa razón, la corte concluyó que la cuota operaba en la práctica como un impuesto, una facultad que la ciudad no tenía autorización para ejercer bajo esa estructura.
Pickett acusa contradicción
Tras la decisión, Pickett criticó al alcalde y al Concejo Municipal de El Paso, señalando que mientras la ciudad cuestiona los aumentos solicitados por empresas de servicios públicos, continúa defendiendo un cobro que los tribunales han considerado ilegal.
"La hipocresía del Concejo Municipal de El Paso y del alcalde continúa", escribió Pickett en un mensaje enviado por correo electrónico.
El exregidor afirmó que la ciudad ha contratado nuevamente abogados externos para continuar la defensa del cobro, lo que, según él, representa un gasto adicional para los contribuyentes.
Pickett considera que el gobierno municipal buscará llevar el caso hasta la Suprema Corte de Texas.
"Esta es la cuarta vez que la Ciudad de El Paso pierde al defender la recaudación de más de $13 millones al año para propósitos contrarios a lo que dijeron que fueron creados", afirmó.
"Han retrasado, pospuesto y alargado este proceso durante años, y creo que continuarán negando los hechos e intentarán otra apelación, esta vez ante la Suprema Corte de Texas".
La administración municipal confirmó que recibió la decisión de la corte, pero evitó hacer comentarios debido a que el litigio continúa abierto.
"La Ciudad de El Paso está al tanto de la decisión de la Octava Corte de Apelaciones de negar la solicitud de reconsideración en este asunto", indicó Laura Cruz-Acosta, directora de Comunicaciones Estratégicas de la ciudad, en un correo electrónico.
"La ciudad respeta la decisión de la corte y continuará evaluando sus opciones de apelación. Debido a que este asunto continúa en litigio activo, la ciudad no tiene más comentarios en este momento".
El gobierno municipal tiene hasta el 3 de septiembre para presentar una apelación ante la Suprema Corte de Texas.
Un posible impacto millonario
Además del futuro del cobro, el caso podría abrir la puerta a que la ciudad tenga que devolver parte del dinero recaudado desde 2015.
La cuota generó decenas de millones de dólares durante los años que estuvo vigente, aunque todavía no se ha determinado si habrá reembolsos, cuál sería el monto y quiénes serían los beneficiarios.
Mientras tanto, Pickett mantiene su postura de continuar la batalla judicial y presentar el caso como una defensa del dinero de los contribuyentes.
La Ciudad de El Paso, por su parte, enfrenta ahora la decisión de abandonar la defensa del cobro o llevar la disputa a la máxima instancia judicial del estado.
