Austin— El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el martes una orden ejecutiva que instruye a seis agencias estatales a investigar y eliminar los llamados esquemas de "turismo de nacimiento" ("birth tourism"), y a sancionar a cualquier proveedor médico con licencia estatal que facilite este tipo de prácticas.
"Texas no tolerará la explotación de nuestras leyes migratorias por parte de personas que viajan a Estados Unidos de manera ilegal o bajo falsos pretextos para dar a luz y asegurar la ciudadanía de su hijo", declaró Abbott. "Esta orden ejecutiva instruye a las agencias estatales a investigar los esquemas de turismo de nacimiento y a responsabilizar a cualquier proveedor que facilite este fraude. La ciudadanía estadounidense no está a la venta, y Texas pondrá un alto a quienes buscan lucrar con el turismo de nacimiento."
La orden dirige a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés), al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS), a la Oficina del Inspector General de la HHSC (OIG), a la Junta Médica de Texas, a la Junta de Enfermería de Texas y al Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR) a investigar denuncias de esquemas de turismo de nacimiento dentro de la industria de salud del estado.
Bajo el mandato, estas dependencias deberán tomar acciones de cumplimiento contra cualquier persona o entidad con licencia o regulada estatalmente que sea encontrada anunciando, solicitando, participando, asistiendo o facilitando esquemas ilegales de turismo de nacimiento. Las sanciones contempladas incluyen la revocación o suspensión de licencias, la prohibición de participar en contratos estatales, la negación de beneficios estatales, o cualquier otra acción de cumplimiento bajo la ley estatal. Las agencias también podrán coordinarse con fiscales federales para compartir información y remitir posibles violaciones a la ley federal.
Antecedente: el caso de los dos hospitales fronterizos
La orden de ayer se suma a una serie de acciones que Abbott ha tomado en las últimas semanas. El 7 de julio, el gobernador instruyó a la HHSC a abrir una investigación inmediata sobre hospitales texanos que anunciaban "paquetes de nacimiento" a extranjeros, con instrucciones de remitir cualquier violación a la ley estatal ante la Oficina del Fiscal General para su persecución civil, y ante el fiscal de distrito o de condado correspondiente para persecución penal.
La HHSC actuó de inmediato: remitió al Mission Regional Medical Center y al Knapp Medical Center, ambos ubicados en la frontera con México y afiliados a Prime Healthcare Foundation, ante la Oficina del Fiscal General. Según documentó la propia HHSC, la investigación se originó tras la denuncia de un espectacular publicitario en el extranjero que promovía el sitio "havemybabyinTEXAS.com" y ofrecía "paquetes de nacimiento" en el sur de Texas por precios fijos, dirigidos a mujeres embarazadas. El sitio fue dado de baja, aunque una versión archivada permaneció disponible en línea.
Al anunciar esa remisión, Abbott lanzó una frase que anticipaba el tono de la orden ejecutiva de ayer: "Sin importar lo que haya dicho la Corte Suprema de Estados Unidos, la ciudadanía estadounidense no está a la venta en Texas."
El trasfondo
Esa referencia no es casual. El 30 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, en una votación de 6 a 3, que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. El caso, conocido como Trump v. Barbara, había llegado a la Corte después de que varios tribunales de distrito bloquearan la orden desde su firma, el primer día del actual mandato de Trump, y dos cortes federales de apelaciones confirmaran esos bloqueos.
La mayoría, integrada por el presidente de la Corte, John Roberts, junto con las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, sostuvo una interpretación amplia del derecho a la ciudadanía automática para los hijos de personas nacidas en territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad de origen. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch presentaron votos disidentes; Alito calificó el fallo mayoritario como "un grave error" y objetó que la enmienda otorgue la ciudadanía a los hijos de quienes él llamó "turistas de nacimiento".
Aunque el fallo dejó firme el principio de ciudadanía por nacimiento —conocido como jus soli— para prácticamente cualquier persona nacida en suelo estadounidense, la administración Trump no abandonó el tema. Horas después de conocerse la sentencia, el Departamento de Justicia (DOJ) instruyó a los fiscales federales a nivel nacional a priorizar las investigaciones de esquemas de turismo de nacimiento, a través de un memorando firmado por el subprocurador general Colin McDonald. El documento no se limita al fraude migratorio de visas: ordena a los fiscales perseguir cargos más severos cuando la evidencia lo permita, incluyendo lavado de dinero, robo de identidad y fraude electrónico o de servicios de salud.
Es decir: aunque no es delito que una persona extranjera dé a luz en Estados Unidos, sí constituye fraude mentir en una solicitud de visa sobre el propósito real del viaje —el punto que las autoridades federales y estatales están utilizando para construir sus casos, dado que la vía constitucional para negar la ciudadanía quedó cerrada por la Corte Suprema.
La lógica del decreto
La estrategia de Abbott encaja en ese mismo planteamiento: en lugar de disputar quién tiene derecho a la ciudadanía —terreno que la Corte Suprema ya resolvió—, la orden ejecutiva texana apunta al negocio que rodea al turismo de nacimiento, usando la facultad regulatoria del estado sobre hospitales, médicos y enfermeras con licencia. Al centrar la acción en la industria de salud regulada —y no directamente en las familias que viajan a dar a luz—, el estado evita chocar de frente con el fallo de la Corte y, en cambio, ataca la infraestructura comercial que, según Austin, promueve y monetiza la práctica.
La orden pide a los residentes de Texas que tengan información sobre esquemas de turismo de nacimiento reportarla directamente ante la Oficina del Inspector General de la HHSC, o ante el Departamento de Justicia o la fiscalía federal correspondiente en Texas.
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