Washington— La Administración Trump solicitó esta semana a tribunales federales que revoquen la ciudadanía de 12 inmigrantes que, según las autoridades, la obtuvieron de manera fraudulenta o cometieron actos que los descalifican como ciudadanos estadounidenses, una señal de que el Gobierno tiene intención de cumplir su promesa de acelerar los procesos de desnaturalización.
El Departamento de Justicia presentó los casos ante tribunales de todo el país el jueves y el viernes. Los individuos involucrados habrían obtenido su ciudadanía mediante fraude, ocultando antecedentes penales, o bien demostraron lealtad a grupos terroristas tras naturalizarse.
Si bien el Gobierno ha revocado ciudadanías en el pasado, lo ha hecho con suma cautela, dado que el proceso es complejo y la ciudadanía goza de una protección jurídica elevada. La Administración Trump, no obstante, ha dejado claro que usará todos los recursos a su alcance para expulsar a quienes considera indignos de permanecer en el país.
A finales del año pasado, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional recibieron instrucciones de remitir más de 200 casos mensuales para su posible desnaturalización, y funcionarios del Departamento de Justicia en todo el país fueron informados recientemente de que deberían estar preparados para asumir cerca de 400 casos como parte de una primera oleada de revocaciones.
“Las personas implicadas en fraude, delitos atroces como el abuso sexual o que expresaron apoyo al terrorismo nunca debieron haber sido naturalizadas como ciudadanos estadounidenses”, declaró Todd Blanche, fiscal general en funciones. “La Administración Trump está actuando para corregir estas flagrantes violaciones a nuestro sistema migratorio”.
Esta oleada de casos –algunos por conductas ocurridas hace años– podría generar alarma en comunidades de ciudadanos naturalizados que ya vivían con tensión ante el endurecimiento de la política migratoria de Trump, la cual también ha afectado a personas con estatus legal en el país. El mensaje implícito es que los ciudadanos naturalizados tienen menos seguridad jurídica que los nacidos en suelo estadounidense.
Cassandra Burke Robertson, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve e investigadora del tema, señaló que los casos representan una escalada significativa en los esfuerzos de desnaturalización del Gobierno. “El volumen en un período tan comprimido es históricamente inusual y sugiere una estrategia coordinada y deliberada, no una aplicación rutinaria de la ley”, indicó en un correo electrónico.
La ciudadanía naturalizada puede revocarse por diversas razones, entre ellas haber ocultado información relevante o no haber cumplido los requisitos para obtenerla. Aun así, el recurso ha sido excepcional: el Departamento de Justicia señaló a finales del año pasado que entre 2017 y julio de 2025 se presentaron poco más de 130 casos.
Para iniciar el proceso, el Gobierno debe acudir a un tribunal federal, ya sea mediante un procedimiento civil o en el marco de un proceso penal.
“Durante décadas, el número de casos de desnaturalización presentados por año fue mínimo debido a la gravedad de esta medida”, dijo Amanda Baran, ex funcionaria de alto rango del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante la Administración Biden. “Este enfoque de mano dura demuestra una vez más cómo la administración Trump utiliza la ley como herramienta de intimidación”.
Entre los casos de esta semana figuran un hombre acusado de crímenes de guerra, otro que se declaró culpable de abuso sexual infantil, uno más que admitió haber apoyado materialmente a al-Qaeda, otro que supuestamente contrajo un matrimonio ficticio para obtener su residencia permanente, y otros individuos que habrían usado identidades falsas.
El Departamento de Justicia acusa a Baboucarr Mboob de haber ocultado su participación en crímenes de guerra y actos de persecución en Gambia en 1994 al solicitar posteriormente su estatus migratorio en Estados Unidos. Obtuvo su residencia permanente en 2007 y su ciudadanía en 2011. No fue posible contactarlo para obtener su comentario.
El departamento también alega que Óscar Alberto Peláez, sacerdote católico colombiano naturalizado en mayo de 2001, omitió revelar su historial delictivo al solicitar la ciudadanía. Entre 1998 y 2000 abusó sexualmente de un menor en múltiples ocasiones, según las autoridades, y posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados. Tampoco fue posible contactarlo.
Otro caso es el de Kevin Suárez, a quien el departamento acusa de haber ocultado conductas delictivas al naturalizarse a finales de 2016. Por esas fechas, según la denuncia, Suárez comenzó a reclutar personas para comprar armas de fuego a distribuidores federales autorizados como parte de una red de tráfico de armas entre el Sur de Florida y Bolivia. En 2020 se declaró culpable de conspiración para hacer declaraciones falsas ante distribuidores de armas con licencia federal.
Suárez dijo que no sabía que el Departamento de Justicia había presentado la denuncia en su contra hasta que un reportero del Times lo contactó el viernes por la tarde. Sin embargo, aseguró que combatirá el proceso para poder quedarse junto a sus tres hijos, quienes viven en Estados Unidos.
El Gobierno enfrenta un estándar probatorio elevado para convencer a un juez federal de revocar la ciudadanía de alguien. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, en casos civiles se requiere una evidencia “clara, convincente e inequívoca que no deje el asunto en duda”.
Amanda Frost, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia e investigadora del tema, advirtió que para la Administración Trump la desnaturalización es simplemente una herramienta más de control migratorio, lo que significa que los ciudadanos naturalizados no pueden “descansar tranquilos”.
“Creo que van a presionar los límites de la desnaturalización como lo han hecho con muchos otros aspectos de la política migratoria”, señaló.
