Washington— Cuando los demócratas tomaron el control de Washington tras las elecciones de 2020, la representante Verónica Escobar pensó que una reforma migratoria integral estaba al alcance.

No resultó así.

La demócrata por El Paso ayudó a elaborar un proyecto de ley que los líderes del partido introdujeron al inicio del mandato de Joe Biden para crear una vía de ocho años hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Pero la legislación demócrata nunca obtuvo suficiente respaldo dentro del partido y fue considerada inviable por los republicanos.

El episodio fue aleccionador para Escobar, quien sucedió a Beto O’Rourke en el Congreso a mitad del primer mandato de Donald Trump y, en poco tiempo, se consolidó como una autoridad en materia de inmigración entre los demócratas de la Cámara.

“Fue un verdadero llamado de atención para mí sobre la política dentro de mi propio partido”, dijo Escobar.

“Fue realmente durante esos primeros dos años de la Administración Biden que me di cuenta de, primero, que no vamos a lograr esto como un proyecto de ley exclusivamente demócrata; segundo, que realmente tendrá que ser bipartidista si va a mantenerse; y tercero, que creo que vamos a perder elecciones por culpa de la inmigración”, agregó la legisladora.

Después de que los republicanos aprovecharon el tema para ganar la mayoría en la Cámara en 2022, Escobar cambió de táctica. Se alió con la representante republicana María Elvira Salazar, una cubano-americana que representa un distrito de mayoría hispana en Miami, para redactar un proyecto de reforma migratoria llamado Ley Dignidad.

Elaborado “en cierta medida en secreto” para evitar reacciones que pudieran restarle impulso, dijo Escobar, el acuerdo resultante incluía una vía hacia la autorización de trabajo y viaje para los residentes indocumentados de larga data, así como la obligación de los empleadores de verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.

Reintrodujeron el proyecto el año pasado con un cambio clave para hacerlo más aceptable para los republicanos, en momentos en que el terreno político en materia de inmigración se desplazaba de la ahora tranquila frontera hacia la campaña de deportación masiva de Trump.

A su vez, la nueva Ley Dignidad ha desencadenado un debate emergente que refleja las cambiantes realidades políticas de ambos partidos en torno a la inmigración.

Los demócratas, reconociendo que algunas políticas migratorias de la era Biden estaban desalineadas con el electorado, atenuaron un punto de fricción clave de la versión anterior del proyecto al eliminar la vía hacia la ciudadanía para quienes no sean beneficiarios del programa DACA. No obstante, seguiría habiendo una manera de que los inmigrantes indocumentados obtengan estatus legal temporal, punto que es el núcleo de la desarticulada respuesta republicana al proyecto.

Lo que emerge es el retrato de una coalición republicana inestable en la que los líderes empresariales, los conservadores de base y los votantes hispanos que contribuyeron a la victoria de Trump en 2024 carecen de alineación sobre cómo proceder.

A través de la cuidadosa construcción de una coalición –Escobar y Salazar sólo permiten que los copatrocinadores se sumen en parejas bipartidistas–, la Ley Dignidad cuenta ahora con 40 copatrocinadores, la mitad de cada partido. En Texas, eso incluye al representante Henry Cuéllar, demócrata por Laredo, y a la representante Mónica De La Cruz, republicana por Edinburg, ambos en las alas moderadas de sus respectivos partidos.

Pero al mismo tiempo, la Ley Dignidad ha desatado una ola de oposición conservadora encabezada por un compatriota texano, el novato representante Brandon Gill de Flower Mound. Gill ha sido la punta de lanza de la campaña de presión contra el proyecto, calificándolo de traición a los valores conservadores y equivalente a ofrecer una amnistía, un término prácticamente muerto en el Partido Republicano.

“El pegamento que mantuvo unida esa coalición republicana de 2024 fue el mensaje de deportación masiva con el que hicimos campaña, porque eso es algo que, particularmente para los votantes de la clase trabajadora, resuena”, dijo Gill. “Porque son ellos quienes ven cómo se transforman sus comunidades. Son ellos cuyos salarios están siendo suprimidos o cuyos empleos están siendo arrebatados por esta avalancha masiva de extranjeros ilegales que, por cierto, los demócratas crearon”.

Con ese objetivo, Gill, una fuerza emergente en el Partido Republicano, ha disputado con Salazar sobre el proyecto en redes sociales y ha hecho un punto de respaldar candidatos en las primarias republicanas que comparten su compromiso con una política migratoria más dura.

La Ley Dignidad no cuenta con el apoyo del liderazgo republicano en la Cámara y por el momento no tiene una vía evidente hacia su aprobación. Pero a pesar de las reacciones en contra, Escobar todavía ve una ventana –aunque estrecha– para actuar, especialmente a medida que las encuestas de Trump sobre inmigración caen.

“Hay un reconocimiento del lado republicano de que el statu quo no puede mantenerse”, dijo Escobar. “Creo que este es el momento. Si no lo logramos antes del receso de agosto, va a ser muy difícil lograrlo en el futuro”.

Qué contiene el proyecto

Durante décadas, la base de cualquier acuerdo migratorio ha sido una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados –una prioridad para muchos demócratas– a cambio de mayor seguridad fronteriza, una prioridad republicana, y una verificación de empleo más estricta. Los intentos de romper el punto muerto han fracasado repetidamente, convirtiendo la reforma migratoria bipartidista en una de las ballenas blancas legislativas del Congreso.

La Ley Dignidad tiene un marco diferente. Incluye una versión modificada de la Ley DREAM, que ofrecería estatus de residencia permanente condicional y eventual ciudadanía a los beneficiarios del programa DACA, es decir, personas traídas a Estados Unidos de niños que han vivido la mayor parte de sus vidas aquí.

Pero aparte de los Dreamers, no hay vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados en el proyecto, que es el cambio clave respecto a la versión de 2023. En cambio, pueden obtener estatus legal a través del Programa Dignidad, una vía de siete años condicionada a pasar una verificación de antecedentes penales, pagar 7 mil dólares en restitución más los impuestos adeudados, y proporcionar prueba de que el solicitante trabajó o asistió a la escuela durante al menos cuatro de los siete años.

El estatus Dignidad, que autoriza a sus titulares a trabajar y viajar libremente, duraría siete años y podría renovarse indefinidamente para los beneficiarios en buena situación.

“Dignidad no es amnistía”, dijo Salazar en una conferencia de prensa el año pasado. “Dignidad no otorga una vía hacia la ciudadanía a nadie. Dignidad es la manera salomónica de resolver un problema de 40 años”.

Es crucial señalar que el Programa Dignidad sólo es elegible para inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de finales de 2020, lo que significa que los migrantes de la era Biden son inelegibles. Y quienes hayan obtenido el estatus Dignidad tienen prohibido acceder a beneficios federales basados en necesidad económica o programas de asistencia social.

Escobar dijo que una crítica común que escuchó “y entendió perfectamente” durante la Administración Biden era la frustración por los recién llegados que obtenían autorización de trabajo mientras los inmigrantes más antiguos que llevaban décadas en Estados Unidos nunca la habían recibido.

“Incluso dentro de la comunidad inmigrante, en las familias de estatus mixto, había una sensación de que era profundamente injusto”, dijo Escobar. “Y este proyecto aborda eso de frente”.

Los fondos generados por el Programa Dignidad irían a programas de aprendizaje y capacitación laboral para ciudadanos estadounidenses.

El proyecto también reforma las prácticas de asilo y empleo y refuerza la seguridad fronteriza. Incorpora gradualmente la obligación de que los empleadores utilicen el sistema E-Verify para confirmar el estatus de autorización de trabajo de sus empleados. Financia infraestructura de seguridad fronteriza, incluidas “barreras físicas”, y tecnología, y aumenta el salario de algunos agentes de la Patrulla Fronteriza. Y reforma el funcionamiento del asilo, incluyendo la eliminación de la controvertida práctica de captura y liberación.

Los casos de asilo deberían resolverse en 60 días, y los solicitantes serían evaluados y retenidos en nuevas instalaciones humanitarias. Aquellos cuyos casos de asilo sean denegados o que no superen su entrevista de miedo creíble, que establece la elegibilidad para el asilo con base en el potencial de persecución o tortura en su país de origen, quedarían sujetos a deportación expedita.

Además, el proyecto ampliaría las oportunidades de inmigración legal, duplicando el límite anual por país para las tarjetas de residencia permanente, excluyendo a los hijos y cónyuges del conteo hacia los límites de las visas basadas en empleo, y realizando cambios orientados a reducir el atraso en las visas.

La política de la dignidad

Mientras los republicanos intentan mantener unida su coalición de cara a las elecciones de mitad de período, Gill dijo que ve la política migratoria –y la deportación masiva– como una fuerza unificadora, especialmente para mantener a los votantes de la clase trabajadora bajo el techo republicano.

“Ese es el pegamento que mantuvo unida la coalición”, dijo Gill. “Por eso creo que traicionarla, faltar a nuestra palabra sobre la tesis central del último ciclo electoral, desde un punto de vista político, fractuaría y, en muchos sentidos, disolvería esa coalición por completo”.

En toda la bancada republicana, dijo Gill, hay “virtualmente ninguna tolerancia ni apetito por ningún tipo de amnistía”. Afirmó que los miembros republicanos que apoyan el proyecto le han dicho que están principalmente interesados en codificar la seguridad fronteriza. Pero considera que los demócratas no son de confiar en este tema.

Salazar argumenta exactamente lo contrario, diciéndole a Politico que “lo que estoy haciendo es realmente intentar preservar la base republicana que le dio la victoria a Trump”, particularmente los nuevos votantes hispanos que se convirtieron al partido.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración Trump está “siempre dispuesta” a revisar propuestas del Congreso, pero declinó opinar más sobre el proyecto, señalando que estaban “enfocados en hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes y deportar a los millones y millones de extranjeros ilegales criminales que Joe Biden dejó entrar al país”.

Entre los partidarios de la Ley Dignidad, la lista de copatrocinadores incluye a numerosos miembros en distritos competidos, pero también a algunos de los políticos más ideológicamente motivados de ambos partidos. Escobar dijo que hay una lista de espera demócrata de miembros que quieren sumarse al proyecto una vez que puedan ser emparejados con un nuevo copatrocinador republicano.

La propuesta se ha ganado el apoyo tanto de grupos empresariales como de defensores de los inmigrantes, desde el grupo libertario Americans for Prosperity hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el grupo progresista a favor de la inmigración FWD.us.

En el estado de Texas, el Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas y la Asociación de Restaurantes de Texas se han sumado como respaldos.

Justin Yancy, presidente del Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas, dijo que frecuentemente escucha a líderes de las industrias de la construcción y la agricultura, en particular, sobre la necesidad de una reforma migratoria. Si bien su organización apoya firmemente el objetivo de una frontera segura, dijo Yancy, también quiere ver nuevas vías hacia la inmigración legal, como las contempladas en la Ley Dignidad, para satisfacer las necesidades laborales.

Una estrategia de deportación masiva, en cambio, no es económicamente viable, dijo.

“Deportar a todos sería catastrófico para la economía, no sólo en Texas, sino en todo el país”, dijo Yancy. “Eso simplemente no es una opción”.

Texas, dijo Yancy, necesita “más empleados, no menos”. Y las personas elegibles para el estatus Dignidad bajo el proyecto no estarían arrebatando empleos, afirmó, dada la escasez de mano de obra que está causando un trastorno económico en industrias clave.

La vehemente oposición de Gill y otros refleja la relación cada vez más tensa entre los grandes grupos empresariales y el Partido Republicano. Gill dijo que si el Partido Republicano quiere ser el partido de la clase trabajadora, debe rechazar los argumentos empresariales sobre la inmigración.

“La migración masiva, en muchos sentidos, al menos en el corto plazo, beneficia a las grandes empresas que básicamente ven a estas personas como insumo laboral”, dijo Gill. “Pero las personas perjudicadas son aquellas cuyos empleos son arrebatados. Y esas son personas que no tienen elegantes cabilderos en Washington, que no pueden gastar millones de dólares en campañas políticas, pero son quienes se presentan a votar”.

Pero mientras Gill todavía ve la inmigración como el tema más fuerte de los republicanos, Escobar cree que hay una apertura para el bipartidismo.

Vio los recientes cambios en el Departamento de Seguridad Nacional, incluida la salida de Kristi Noem como secretaria y de Greg Bovino como jefe del sector de la Patrulla Fronteriza, como evidencia de que la Casa Blanca reconoció que necesitaba cambiar de táctica en materia de inmigración.

“¿Eso significa que abrazarán la Ley Dignidad?” dijo Escobar. “Creo que depende de si muchos de estos grupos hacen cabildeo directamente ante la Casa Blanca. Porque en última instancia, si Donald Trump le da su bendición, está hecho”.