La esposa de un sargento del Ejército de Estados Unidos destacado en Fort Bliss fue liberada por autoridades migratorias federales luego de permanecer un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso que generó presión pública y la intervención de líderes del Congreso.

Deisy Rivera Ortega regresó a su hogar la noche del jueves, después de haber sido detenida el pasado 14 de abril durante una cita con servicios migratorios relacionada con su solicitud de residencia permanente.

Su esposo, el sargento José Serrano, militar activo que ha realizado tres despliegues en Afganistán, había denunciado previamente que agentes migratorios arrestaron a Rivera Ortega mientras avanzaba su proceso migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Rivera Ortega fue liberada bajo supervisión, incluyendo un dispositivo GPS, visitas domiciliarias obligatorias y revisiones periódicas en oficinas de ICE.

“Rivera-Ortega ha sido liberada de la custodia de ICE y recibirá el debido proceso completo”, señaló la agencia federal en un comunicado.

La senadora demócrata Tammy Duckworth, veterana de combate, reveló que contactó personalmente al secretario del DHS, Markwayne Mullin, para solicitar la liberación de Rivera Ortega después de conocer el caso por medio de grupos de apoyo a familias militares.

Rivera Ortega, originaria de El Salvador, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y recibió una orden final de deportación en diciembre de 2019, según DHS. Sin embargo, de acuerdo con documentos legales, contaba con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y previamente había recibido protección contra la deportación hacia su país de origen.

Además, trabajaba en un hotel dentro de la base militar y poseía una identificación oficial como esposa de militar.

La mujer también estaba solicitando el programa conocido como parole in place, diseñado para proteger de acciones migratorias a familiares inmediatos de miembros de las Fuerzas Armadas mientras regularizan su estatus legal.

Aunque DHS sostiene que Rivera Ortega permanece sujeta a una orden final de deportación debido a su ingreso irregular al país, el abogado de la familia, Matthew Kozik, rechaza esa interpretación y asegura que su clienta no enfrenta una deportación inmediata.

Según explicó, la protección migratoria otorgada en 2019 le permite impugnar cualquier intento de remoción, especialmente si las autoridades buscan enviarla a un “tercer país”, en este caso México, nación con la que —afirmó— no tiene vínculos.

“Ella tiene derecho a impugnar estas decisiones… estamos completamente a oscuras, por eso tuvimos que acudir a una corte federal”, declaró Kozik.

El caso ha reavivado críticas de organizaciones defensoras de familias militares, que advierten que la detención de esposas y familiares de soldados en servicio activo afecta la seguridad nacional al distraer a los militares de sus funciones.

“Nuestros soldados no deberían preocuparse de que sus esposas sean detenidas mientras sirven al país”, declaró Duckworth a The Associated Press.

El DHS informó que más de 100 familiares inmediatos de veteranos militares han sido colocados en procesos de deportación bajo las nuevas políticas migratorias federales. Según la agencia, también 34 veteranos enfrentaban procedimientos de remoción hasta el 26 de enero.

Tras la presión pública y la intervención bipartidista en el Congreso, algunas esposas de militares y veteranos detenidas por ICE han sido liberadas en distintos casos recientes. (Staff/El Diario de El Paso)