El Condado de El Paso abrirá el nuevo año fiscal con más dinero para operar, un salario mínimo de 16 dólares para sus empleados y nuevas inversiones en desarrollo económico, pero también con una cuenta pendiente que amenaza con convertirse en uno de los principales problemas financieros de la administración: el creciente costo de mantener funcionando la Oficina del Sheriff y, particularmente, las operaciones de las cárceles.
La Corte de Comisionados aprobó el lunes 14 de septiembre un presupuesto de 690.7 millones de dólares para el año fiscal 2027, que comenzará el 1 de octubre. El plan representa un incremento de más de 40 millones de dólares respecto al año anterior.
Sin embargo, antes siquiera de comenzar el nuevo ejercicio fiscal, el Condado enfrenta un déficit proyectado de 4.6 millones de dólares para cerrar septiembre, último mes del año fiscal 2026.
La cifra aumentó en 500 mil dólares desde la reunión anterior de la Corte de Comisionados, celebrada a principios de septiembre.
El problema tiene como uno de sus principales focos a la Oficina del Sheriff, cuyo presupuesto para el nuevo ejercicio fiscal fue fijado en 142.58 millones de dólares. La cantidad representa un incremento respecto al presupuesto originalmente aprobado el año pasado, pero las autoridades del Condado sostienen que el gasto de la dependencia ha superado las previsiones, particularmente por el uso de horas extra.
Al lunes, funcionarios del Condado estimaban que quedaban 8.78 millones de dólares para financiar las operaciones de la Oficina del Sheriff hasta el final de septiembre.
La situación ha generado un choque entre dos necesidades difíciles de conciliar: contener el gasto público y, al mismo tiempo, garantizar que policías y personal penitenciario tengan suficiente personal para mantener servicios que funcionan las 24 horas.
La propia Oficina del Sheriff ha advertido que su presupuesto y sus niveles de personal son insuficientes para atender las necesidades operativas.
“El presupuesto de la Oficina del Sheriff y los niveles de personal son insuficientes para satisfacer las necesidades operativas”, señaló la dependencia en un comunicado, en el que añadió que desde que asumió el sheriff Ugarte la administración ha planteado esas preocupaciones ante la Corte de Comisionados y la Administración del Condado.
El Sheriff ha defendido además el uso de los recursos disponibles para mantener las operaciones cotidianas y evitar una reducción de servicios.
El debate adquiere especial importancia porque una reducción drástica de las horas extra no necesariamente se traduciría de inmediato en un ahorro sin consecuencias para la seguridad pública.
Durante la reunión, Chief Deputy Patrick Gailey explicó qué ocurriría si la Oficina del Sheriff suspendiera por completo las horas extra durante el resto del mes.
En el área de patrullaje, dijo, una medida de ese tipo afectaría programas de seguridad y operaciones de aplicación de la ley, incluida la lucha contra conductores bajo los efectos del alcohol.
La razón es sencilla: ante la falta de personal, los deputies tendrían que ser retirados de sus estaciones habituales para cubrir otras funciones.
Eso reduciría la capacidad de respuesta de las estaciones y afectaría las operaciones destinadas a combatir delitos, explicó Gailey.
Una cuenta que se ha encarecido
El Condado comenzó a advertir sobre el posible problema desde abril, cuando sus funcionarios empezaron a reunirse con representantes de la Oficina del Sheriff ante las proyecciones sobre el nivel de horas extra que la dependencia necesitaría utilizar antes de terminar el ejercicio fiscal.
Pero el problema no se limita al número de agentes disponibles.
Los costos de operación también han aumentado.
Danielle Chavez, gerente de operaciones presupuestarias de la Oficina del Sheriff, informó que el gasto mensual en combustible prácticamente se duplicó entre febrero y agosto.
La dependencia gastaba alrededor de 48 mil dólares mensuales en gasolina a principios de año. Posteriormente, la cifra llegó a unos 101 mil dólares al mes.
El incremento del costo de combustible es sólo uno de los factores que presionan las cuentas de una dependencia que debe mantener patrullas, cárceles y otros servicios en funcionamiento permanente.
La directora de Presupuesto del Condado, Carmen Arrieta-Candelaria, señaló que existe la posibilidad de que algunas subvenciones ayuden a cubrir parte de los gastos, aunque el Condado continuará revisando con la Oficina del Sheriff la manera en que se está ejerciendo el presupuesto.
Otro factor que podría modificar las cuentas es la disminución en el número de detenidos federales alojados en las instalaciones del Condado.
Arrieta-Candelaria explicó que esa reducción tiene un efecto directo sobre los ingresos que recibe el Condado y también podría terminar disminuyendo el gasto en horas extra. Sin embargo, dijo que ese impacto todavía no se había reflejado plenamente en las cifras.
El nuevo presupuesto
Mientras las autoridades buscan cerrar el agujero fiscal de 2026, la Corte de Comisionados aprobó el presupuesto que regirá durante 2027.
El plan contempla 690.7 millones de dólares en gastos, financiados en buena medida mediante una tasa de impuesto predial denominada “no-new-revenue”, de 45 centavos por cada 100 dólares de valor fiscal de las propiedades.
Para los propietarios, el efecto promedio será un aumento aproximado de 41 dólares en sus recibos de impuestos para financiar el presupuesto del Condado durante el próximo año.
El presupuesto operativo asciende a 540.7 millones de dólares, más de 40 millones por encima del año anterior.
Los recursos financiarán servicios que van desde el sistema judicial y las operaciones de las cárceles hasta los servicios de control animal, parques y otras funciones del Gobierno del Condado.
También permitirán establecer un salario mínimo de 16 dólares por hora para los empleados del Condado.
El presupuesto contempla además inversiones en desarrollo económico y apoyo al Crisis Intervention Team de la Oficina del Sheriff.
Pero el aumento presupuestario no elimina la tensión financiera que ha quedado expuesta durante el cierre del ejercicio actual.
La discusión sobre el Sheriff revela un problema más amplio: el costo de mantener una fuerza de seguridad con suficiente personal para responder a las necesidades de una comunidad que exige servicios permanentes, mientras el gobierno local intenta controlar el crecimiento del gasto.
La Oficina del Sheriff informó que recientemente asignó a un commander para realizar una evaluación externa de las operaciones de las cárceles.
El objetivo será identificar eficiencias, simplificar procesos y encontrar formas responsables de reducir las horas extra sin comprometer la seguridad de los empleados, los internos ni el público.
La Corte de Comisionados, por su parte, ha pedido información más detallada sobre el gasto en horas extra de la Oficina del Sheriff.
La comisionada del Precinto 1, Jackie Butler, advirtió que las cifras todavía pueden cambiar antes del cierre del ejercicio.
“Hay que ser transparentes sobre el hecho de que la Oficina del Sheriff tiene gastos operativos todos los días”, señaló.
Esa es precisamente la dificultad que enfrenta el Condado: el déficit proyectado no representa una factura que pueda simplemente dejar de pagarse. Las patrullas deben salir, las cárceles deben operar y los servicios de emergencia deben mantenerse.
La pregunta para el nuevo año fiscal será cuánto costará sostener ese funcionamiento y quién terminará pagando la diferencia.
