No es poco común, aunque tampoco podría considerarse lo más habitual, el hallazgo de “narcofosas” en las grandes extensiones desérticas del vecino municipio de Ascensión, como las encontradas en los días previos a la Nochebuena, después de un operativo coordinado entre instancias de la Fiscalía General del Estado.

Lo que sabemos hasta ahora es que la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas dirigió con discreción y sumo cuidado las labores que dieron con el hallazgo del “narcopanteón” en los alrededores de las brechas de La Salada y Buenavista, con el apoyo de la Comisión de Búsqueda del Estado y la Dirección de Servicios Periciales.

Fueron cuatro días de rastreos iniciales, pero no andaban a ciegas cargando el GPS, sino con información precisa que entre el 18 y el 21 de diciembre llevó a la localización de las primeras 12 osamentas, cantidad que luego fue incrementándose conforme más hoyos hacían en la tierra y más información tenían.

Antes de todo el protocolo de identificación que deben seguir los antropólogos forenses, los agentes especiales a cargo ya tenían santo y seña de lo que habrían de encontrar, al menos de unas cuantas personas bien conocidas en el bajo mundo criminal, donde se libran batallas a muerte por el control de esa peligrosa zona de la entidad.

Sabían, por ejemplo, que entre las víctimas estaba una mujer de origen estadounidense que vivía en Ascensión y le decían “La Viuda”, quien cruzaba información entre un grupo con asiento en ese lugar y ramificaciones hasta Juárez, y otro grupo con operación en Casas Grandes.

También buscaban a dos trabajadores de los LeBarón que tenían algunos meses desaparecidos después de ser contratados para cuidar un rancho de no pequeñas dimensiones en la región, pero supuestamente habían sido descubiertos pasándoles información a cierto grupo delincuencial, lo que habría sido el motivo para que les quitaran la vida y los enterraran ahí mismo.

Sabían qué buscar y dónde hacerlo; hasta descripción precisa del sitio de unos 150 metros, donde estaban dispuestas fosas de tres en tres, con cadáveres inhumados hace seis, ocho meses como mínimo y dos años como máximo, según las primeras impresiones de los antropólogos forenses de Servicios Periciales que participaron en la preservación de las escenas y el levantamiento de los restos humanos.

El cementerio clandestino, desde luego, no estaba dispuesto para darles cristiana sepultura a las víctimas, como dirían las abuelitas, sino para esconder las consecuencias de una violenta disputa que tiene a “La Línea”, el grupo del Cártel de Juárez más posicionado en la región, como protagonista.

Por las primeras investigaciones y las versiones que llevaron al hallazgo de osamentas, es ese grupo delictivo el que puso a víctimas y victimarios.

Es decir, estos asesinatos son producto de posibles fricciones internas, así como de pugnas con rivales de otras células que, sin éxito, han tratado de apoderarse de una porción del desértico, pero valioso territorio por su cercanía con Juárez y con Estados Unidos.

Drogas, armas, secuestros, tráfico de personas y otros delitos, que dejan dinero en costales para luego inyectarlo a negocios lícitos, es finalmente el interés que tienen las facciones de esa organización criminal con sede en esta frontera, desde donde ejerce un fuerte y sangriento control regional, a tal grado que puede erigir un cementerio donde le pegue la gana para desaparecer a quien se le ponga enfrente o le quiera restar ganancias.

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Los agentes de la Fiscalía estatal no andaban a ciegas, es importante remarcarlo, porque este es el detalle más interesante del nuevo hallazgo que, si bien viene a sumarse a una larga cuenta de inhumaciones clandestinas que realiza el crimen organizado en regiones aisladas y apartadas de la entidad, en este caso su localización es ejemplo de colaboración institucional entre Chihuahua y las autoridades de seguridad norteamericanas.

Sabemos que fue parte esencial del operativo un informante del grupo delictivo que colabora con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, el que aportó los detalles para el hallazgo, como parte de un seguimiento de crímenes cometidos en la frontera.

Alguien sabía, pues, dónde estaba el “narcopanteón”, pero también nombres de algunas víctimas -no de todas- y quiénes más tenían conocimiento del mismo, para ejecutar los encargos que les hacían de desaparecer personas.

El nivel de detalle de la información aportada indica que la fuente de las autoridades norteamericanas no es menor. Además, la protección que le brindan a su informante es también señal de que posee datos valiosos; seguramente le habrán de servir a las instancias estadounidenses en sus estrategias contra los cárteles con operación transfronteriza.

Hay un claro interés del gobierno estadounidense por combatir grupos de la delincuencia que igual meten drogas que migrantes, así como lavan dinero y traen las armas con las que México pone su cuota de sangre; aunque ni el dinero inyectado a la economía ni las armas impulsoras de su industria parecen importarle mucho, pero eso es un tema aparte.

En los últimos dos años, de hecho, instancias de Seguridad Nacional de Estados Unidos han planeado y ejecutado diversas intervenciones en ciudades fronterizas propias, tras identificar desde pandillas de unos cuantos integrantes que han llegado de Centroamérica, hasta más sofisticados sistemas de negocios ilícitos.

Por otros estados mexicanos son las facciones del Cártel de Sinaloa o del oportunista Cártel Jalisco Nueva Generación (el cártel de las cuatro letras, le dicen), entre otras células diversas, las que están identificadas entre las responsables de negocios tan redituables como crueles: trata de personas y el desarrollo de drogas cada vez más agresivas, como el fentanilo, tan de moda en el discurso político estadounidense.

Por Chihuahua hemos visto que es el cártel puntero en el norte, el que representa algo más que un dolor de cabeza para el gobierno norteamericano, no por nada lo ha podido penetrar y, suponemos, obstaculizarle algunas operaciones, como queda en evidencia al aportarle datos a la autoridad estatal gracias a un informante que debe estar en calidad de testigo protegido en algún punto del país vecino.

Pero además del interés de Estados Unidos, a Chihuahua le sirve la colaboración institucional que ha logrado la administración estatal de Maru Campos. Le da herramientas de combate al crimen a la vez que, en casos como el “narcopanteón”, le abonan certidumbre a la búsqueda de cientos de desaparecidos que se han acumulado por años.

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En este punto de la sana colaboración entre autoridades de ambos países, entra la interrogante de lo que sucederá a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump asuma como presidente y declare a los cárteles mexicanos como terroristas, lo que tiene implicaciones más allá de sus fronteras.

La norma y la cultura jurídica estadounidense son intervencionistas, expansionistas, injerencistas y trasnacionales, de ahí que tal declaratoria de Trump iría a reforzar el combate a los cárteles no solo dentro de Estados Unidos, sino afuera.

Ello ha provocado reacciones en México por la posible violación a la soberanía, un valor muy arraigado, tanto que a veces pudiera interpretarse como complicidad gubernamental con los grupos criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que habría coordinación y colaboración sin subordinación, y así se han mantenido las fricciones retóricas al tiempo en que, como el presidente norteamericano, también suaviza el discurso a momentos, para asegurar que habrá entendimiento.

Pero más que una intervención abierta, hace falta de forma constante más y más colaboración para la resolución de crímenes en ambos países, como parece ser el caso que derivó en el hallazgo de las fosas clandestinas en Ascensión.

No es un ejemplo menor este caso, aunque sea en una región desértica y casi olvidada de la frontera México-Estados Unidos.

Le abona certidumbre a la labor de búsqueda de cientos de desaparecidos que, independientemente de que las víctimas hayan sido presuntos delincuentes o inocentes, es tarea inacabable en grandes territorios del país y brinda aproximaciones valiosas a la operación de los cárteles y a los intentos por desmantelarlos.

Así, es importante mantener y elevar ese nivel de colaboración, más allá de los estilos y los discursos políticos; más enfocado en la eficiencia y los resultados que en las distracciones fáciles a las que son tan afectos tanto el estadounidense como la heredera de la obra inaugurada por Andrés Manuel López Obrador en México.