-Acusan reparto incompleto en la UACJ

-El “le salió muy barato” de Cruz a Genaro

-Entre la Operación Mochila y los derechos humanos

-Viene recargado Presupuesto Participativo

Para nadie es desconocido que el exdirector del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Juan Francisco Hernández Paz, dejó la carrera por la Rectoría para privilegiar el acuerdo político interno que mantuviera la estabilidad de la institución. No tenía gran fuerza, pero decidió “arreglar” y no hacer olas

Fue uno de los factores con los que Daniel Constandse y Juan Ignacio Camargo amarraron el proceso sucesorio; con eso terminaron por blindar el IIT y a la UACJ de injerencias externas posiblemente nocivas, con el resultado de la ecuación ya conocido.

Pero no debió ser gratis la adhesión de los votitos que había amarrado Hernández Paz y que sirvieron para sacar adelante la sucesión a favor de Constandse como rector y de Erwin Adán Martínez Gómez como director del instituto; el exdirector pactó dejar protegidos a los suyos, de acuerdo con los datos que nos llegan de la comunidad universitaria.

Por ello, han empezado a llegar reclamos de que los acuerdos han sido cumplidos a medias por el grupo político que mantuvo el poder y control de la UACJ.

En el IIT, reclaman, no están del todo satisfechos porque supuestamente esa protección alcanzaría a toda la gente de Hernández Paz, con designaciones en los puestos clave en esta administración, incluso con el nombre del exdirector incluido.

Quizá son exageraciones.

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En fin, los que sí parecen amarrados en esta gestión del IIT, ratificados o enrocados, son Jesús Manuel Sáenz, esposo de una de las consejeras universitarias del equipo dominante, a cargo del Departamento de Física y Matemáticas; además de Nelly Gordillo en Ingeniería Eléctrica y Computación y Abraham López León, en Ingeniería Civil y Ambiental.

El Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura quedó a cargo de Roberto Romero, consejero propietario; el programa de Pregrado en Matemáticas en manos de Juan de Dios Viramontes, que repitió en el puesto, igual que Adriana Martel Estrada, en el programa de Ingeniería en Materiales.

En el programa de Ingeniería Física fue designado Luis Leobardo Alfaro Avena; en la Maestría en Ciencia de Materiales, José Luis Enríquez Carrejo; en la Maestría en Matemática Educativa, Heidi Cecilia Chavira, consejera; y en el Doctorado en Ciencia de Materiales, Héctor Camacho Montes, consejero suplente.

Por otra parte, Abel Eduardo Quezada quedó a cargo del programa de Ingeniería Eléctrica; José Domingo Herrero en el de Sistemas Computacionales; Héctor Manuel Loya, consejero suplente, en Sistemas Digitales y Comunicaciones; Vicente García Jiménez en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; y Luis Fernando Jiménez Tinoco en el de Ingeniería en Diseño y Automatización Agrícola.

En el programa de Ingeniería de Software fue designado Abraham López Nájera, consejero propietario; en el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada el doctor José David Díaz; en la Maestría en Ciberseguridad, Carla Miroslava Olmos; en la Maestría en Sistemas Electrónicos Inteligentes, Lidia Rascón Madrigal y en la Maestría en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos, Gilberto Rivera Zarate

Además, en lo que corresponde al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, el programa de Civil quedó en manos de Sergio Alvarado, consejero adscrito al Programa de Geociencias; el de Ambiental fue para Eli Rafael Pérez, consejero suplente; en Ingeniería en Geociencias: Marianggy del Carmen Gómez Avila, consejera técnica; en la Maestría en Civil, César Emilio Dávalos y en la maestría en Ambiental, Luis Bernadac continúa a cargo.

En otros programas están Raúl Ñeco Caberta, Manuela Alejandra Zalapa, Lázaro Rico Pérez, Carlos Alberto Gómez, Miguel Ángel García, Rey David Molina, Jesús Martín Ontiveros, Javier Molina Salazar, Iván Pérez Holguín, Luis Alberto Rodríguez, Luis Asunción Pérez, Luis Ricardo Vidal Portilla y Jesús Andrés Hernández.

Son casi 40 cargos los que transitaron. Todos, como dijimos, mediante enroques y otros cambios que no alteran el ejercicio del poder dentro del IIT y la UACJ.

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Fue la sentencia de 38 años de prisión contra Genaro García Luna uno de los temas dominantes de la semana pasada en la opinión pública. Así había sido de forma recurrente desde que en 2023 fue encontrado culpable de narcotráfico en Nueva York.

En eso se enmarcó un comentario en redes sociales del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar. “Le salió muy barato”, dijo sobre la condena al que fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón durante todo el sexenio.

Al hablar de forma somera sobre el daño que hizo García Luna al país, en especial en plazas como Juárez que se convirtieron en primeros lugares mundiales de violencia y muerte, el presidente municipal no solo se montó en el tema del momento que dominó la conversación política.

Detrás del comentario, más que nada, estuvo el reclamo como juarense, precisamente, por todo lo que ocasionó la conducción del hoy sentenciado en Estados Unidos en el renglón que más ha padecido la frontera.

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La presencia de drogas y armas en las escuelas de educación básica y media superior, que se está acentuando más en los últimos años, no puede entenderse sin un elemento que para las autoridades educativas, ya se convirtió, más que en un aliado, en un dique: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Si bien la institución derechohumanista ha evolucionado de forma increíble, protegiendo los derechos más elementales de los estudiantes, en este caso, pues ahora habría que valorar si esa defensa es pareja, o se inclina para cuidar a los posibles victimarios.

De acuerdo a diversas fuentes, lo que antes se conocía como “operación mochila” y que al menos inhibía que los estudiantes ingresaran a sus escuelas con armas o drogas, ahora, prohibido ese ejercicio, es como abrir las puertas de los planteles a la delincuencia, porque nadie tiene derecho de revisar las mochilas de los alumnos.

Porque eso es: la CEDH prohíbe que los estudiantes puedan ser sujetos a revisión, incluso, habiendo sospechas fundadas de que porten armas o drogas; los directivos de las escuelas, maestros o personal de apoyo, ya no se atreven a revisar las mochilas de los alumnos, porque pueden ser despedidos, en el mejor de los casos, y hasta consignados, si la recomendación de Derechos Humanos así lo indica.

Así que valdría la pena reconsiderar, si la actuación de la CEDH está sirviendo realmente para proteger los derechos de todos, o solo está abriendo la posibilidad de que tengan más derechos los delincuentes que la mayoría de la población estudiantil de una escuela. Es un reto, tanto para la autoridad educativa, como para la misma Comisión de los Derechos Humanos.

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Como es una de las banderas que enarbola el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ahora viene recargado en todos los sentidos el próximo ejercicio del Presupuesto Participativo 2025.

Nos reportan de las áreas municipales que la estrategia de promocionar la participación de los juarenses de forma masiva. Por ello, fueron incluidos cursos de capacitación dirigidos a sectores como el ciudadano, estudiantes con el objeto de continuar los trabajos de mejoramiento al interior de las escuelas y las asociaciones civiles.

La cobija del presupuesto no alcanza para todos, pero son recursos por el orden de los 350-400 millones de pesos, que bien sirven, por ejemplo, para avanzar y concluir proyectos comunitarios, clubes de servicio, asociaciones que atienden a niñas y niñas con cáncer, entre otros.

Por lo pronto, dentro de este plan de mayor alcance al de años pasados, fueron agendados cursos de capacitación de proyectos del Presupuesto Participativo tres días de la semana pasada y los días 22, 23 y 24 de octubre, en las instalaciones de Protección Civil entre cuatro y cinco de la tarde.

De ahí que la instrucción girada al director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, haya sido la máxima promoción de ese instrumento al que le ha invertido el alcalde al punto de convertirlo en el mayor que se haya aplicado a un municipio a nivel nacional. Está en niveles que compite con otros municipios más poblados, como Tijuana, Monterrey o Guadalajara.

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No hubo apoteosis de presencia militar ni de altos jefazos policiacos en el cumple 60 del expresidente de Canaco y empresario hotelero, Rogelio González. El festejo fue la noche del sábado en el Del Paseo.

En otros tiempos era casi de alfombra roja para ese tipo de festejos del empresario más político que muchos políticos, pero hoy se dio por bien servido con decenas de sus más íntimos amigos y del número dos de Palacio de Gobierno, el secretario General, Santiago de la Peña. No hubo necesidad de más, ni siquiera de la discriminadora fanaticada en los torneos de golf.